El director general de Salud Pública y Consumo, Manuel Tordera, se ha reunido con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (CERMI-CLM) con objeto de conocer y analizar conjuntamente las alegaciones que esta organización ha presentado al anteproyecto de Ley sobre los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, una vez finalizado el periodo de información pública abierto para la presentación de dichas alegaciones.
Para la Dirección General de Salud Pública y Consumo las aportaciones de este colectivo resultan de especial interés, dado que uno de los ejes sobre los que se desarrolla este texto legal es precisamente el de la protección de los colectivos vulnerables en materia de consumo y, especialmente, el de las personas con discapacidad.
Además, el anteproyecto de Ley aborda de manera novedosa cuestiones relativas a la accesibilidad universal a bienes y servicios, en línea con las propuestas que CERMI ha planteado para garantizar que las personas con discapacidad no encuentren obstáculo alguno en sus decisiones de compra, ni tampoco en el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras y usuarias.
Cabe destacar que entre las aportaciones principales de esta nueva normativa se incluyen como novedad acciones encaminadas a facilitar un consumo accesible e inclusivo, que tome en consideración a todas las personas y que tenga en cuenta las distintas discapacidades y limitaciones; siendo su objetivo que todas ellas puedan ejercer su derecho al consumo de productos y al uso de servicios y entornos del modo más autónomo posible, accesible y seguro, sin que exista discriminación de ningún tipo que imposibilite el disfrute de ese derecho.
Por otra parte, la colaboración entre la Dirección General de Salud Pública y Consumo y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha cuenta con una dilatada trayectoria, fruto del convenio de colaboración que ambas partes tienen suscrito y que se sustancia en iniciativas que favorecen la protección de los derechos de este colectivo como personas consumidoras y usuarias, así como la participación en los grupos de trabajo que dicha Dirección General constituye para la redacción de normas regulatorias de carácter sectorial.
Entre otras medidas que la Consejería de Sanidad pretende implementar próximamente, en colaboración con CERMI, se encuentra la organización de actividades formativas para la adquisición de competencias de los responsables de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) en relación con la atención y el servicio de apoyo en la compra para personas con discapacidad.
