No resulta fácil hablar de lo que no se conoce bien. En mi caso, lamento reconocer mis carencias especialmente en temas de economía y de derecho. Pero, por ejemplo, si hay expertos y juristas – nada sospechosos de defender la independencia de Cataluña – que dudan sobre la acusación de rebelión y sedición de los miembros del Parlamento y el Gobierno catalanes en la legislatura anterior, no seré yo – y no creo ser tampoco sospechoso de estar a favor de la independencia – quien venga a dar o quitar razones (máxime, si hay actuaciones bajo secreto de sumario, que supongo que muchos de los que opinan en uno u otro sentido desconocen). No obstante, si por un lado el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, me parece que también es de ley que las sentencias, más que de obligado cumplimiento, sean aceptadas por los que somos administrados; no tanto por la fundamentación, y observancia jurídica de las mismas, como porque sus interpretaciones respondan al sentido común. Nos puede parecer que no hay derecho a que determinados delitos puedan prescribir, o que la comparación entre ciertos tipos de delitos y las penas que acarrean nos puedan resultar escandalosas en ocasiones. No trato de valorar los códigos o las vías procedimentales existentes, que es responsabilidaddel poder legislativo, sino de valorar la incidencia del factor humano en el resultado final de los procesos judiciales. O sea, de quiénes y cómo interpretan las normas.
Recientemente han emitido en televisión una serie, “Fariña”, sobre el origen del narcotráfico en Galicia en los años ochenta. Al rememorar la sentencia del juicio sobre el caso Nécora, uno no entiende cómo a los delatores arrepentidos les condenaron por tráfico de drogas, mientras que los acusados de la familia Charlin, los jefes, fueron absueltos. Aunque no hace falta ir tan lejos en el tiempo. Uno no entiende como en 2018 una juez secuestra cautelarmente el libro en el que se basa el guion de esta serie, porque se cite (puntalmente) el hecho probado de la connivencia de un alcalde del PP con los narcotraficantes. O la condena a un rapero por enaltecimiento del terrorismo por cantar insultando al Rey de España. O a dos titiriteros, porque en una obrita de teatro de títeres saquen a los “malos” con un cartelito que ponga gora alka eta. O que un juez emita un voto particular contra una sentencia de ese Tribunal, por un caso de violación múltiple en Pamplona. O que el ex – Duque de Palma haya permanecido en libertad condicional fuera del país; o que su esposa, Infanta del Reino de España, vea rebajada su fianza impuesta por el magistrado instructor. O el sobreseimiento (por un jurado popular ¿?) del presidente Francisco Camps en el asunto de los trajes dentro de la trama Gurtel. Y tantos asuntos admitidos a trámite y tantas sentencias calificables como escandalosas, que desgraciadamente se han convertido en un hecho periódicamente recurrente y cotidiano.Y no me estoy refiriendo al sentido común valorando si un presunto delito de falsedad documental o malversación de caudales públicos nos parezca de más o menos gravedad que otro de ultraje a la bandera, de atropello sin asistencia, o de robo de unos cosméticos en unos almacenes, o de un crimen; simplemente a que la Justicia debería ser administrada conforme a la gravedad de los hechos en términos absolutos, no relativos (conforme a la legislación, por supuesto) ¿En base a qué códigos no escritos se basan la mayor o menor carga de las sanciones o penas impuestas, dentro de las franjas que establece la Ley?
Si la Justicia, el Poder Judicial, emana del pueblo, soberano, es a éste a quien debe representar. La administración de Justicia debería ser ejemplarizante, pues es – o debería ser – árbitro y garante último de la resolución de conflictos con equidad e imparcialidad. Pero uno no puede evitar sentir que, al igual que hay una clase política con una parte importante de la misma llena de vicios, sucede algo similar con lo que se podría llamar clase – ¿casta? – judicial, por cuyas resoluciones cuesta entender a veces que, aunque represente a una entelequia llamada Estado, represente también a la sociedad. La administración de Justicia es impartida a diario por funcionarios, que interpretan el alcance de los presuntos hechos delictivos para imponer sus sentencias. O sea, impartida por personas. De esta forma, las personas de esta condición adquieren un poder casi omnímodo. Son “La Justicia”, a la que solo queda obedecer, quedando mal vista la exposición crítica a sus resoluciones. Paradójicamente, las sentencias son recurribles, dejando a otras personas el privilegio de dar o quitar razones a dichas sentencias. Se proclama la independencia judicial en la toma de decisiones, pero mientras tanto, el ascenso en la carrera judicial se relaciona muy estrechamente con el nombramiento de puestos claves por parte de los partidos políticos, en especial del Gobierno. Por ello ha habido especial interés en asignar a jueces afines al PP para que instruyan y juzguen la trama Gurtel. Y ni siquiera la reprobación del Ministro de Justicia en el Parlamento – por las circunstancias sobre el nombramiento del anterior Fiscal del Estado o del Fiscal Anticorrupción – o la solicitud de dimisión de fondo corporativo por parte de las asociaciones de jueces y fiscales – en relación a la crítica del ministro sobre el estado del juez díscolo en la sentencia del caso de “la Manada” – han servido para que el Gobierno cambie ni un ápice su posición y su influencia en relación al Poder Judicial.
Si el poder legislativo, junto al poder ejecutivo, son susceptible de recibir crítica – a menudo feroz –sabemos que no es posible criticar a la Justiciabajo posible amenaza a desacato: Pedro Pacheco, en otros tiempos Alcalde de Jerez por el Partido Andalucista,sufrió una condena célebre por afirmar literalmente que la Justicia en este país es un cachondeo. Dios me libre de criticar a la Justicia en este país.
Pares y nones
Antonio Fernández Reymonde
Dice que se abstiene de criticar a la Justicia. Nadie lo diría. Pero, de ser juez, no me gustaría ser juzgado por el articulista. Sin acritud.
Los ataques continuados a la libertad de expresión en las últimas sentencias condenatorias por los delitos de opinión, me hace temer que la autocensura va a estar a la orden del día, si no lo está ya. Y esa es una mala noticia y un retroceso de 30 años en el desarrollo de los derechos fundamentales. Eso sin tener en cuenta que esos fallos están siendo tumbados casi siempre cuando se recurre a los Tribunales europeos. Y eso significa sanciones cuantiosas que pagamos todos y un desprestigio para la marca España.
Honesto, valiente y certero. Se echan de menos en este digital artículos de este calado.
Muchos problemas afectan a la Justicia.
Insuficientes medios porque la Administración de justicia ha sido en muchos casos transferida a esas pirañas del interés general llamadas Comunidades Autónomas. Tal es el caos que no comparten bases de datos y difícilmente se intercomunican (v.gr. asunto pederasta de la niña Mari Luz).
Responsabilidad judicial mal exigida. El abuso del poder judicial es raramente perseguido (Estévez y Garzón).
La Justicia popular debe eliminarse. Último caso, el canario condenado por homicidio de uno de los asaltantes de su casa, y torturador de su mujer. Simplemente como condenado por su posición social.
En este país hay mucho resentimiento social, lo que deslegitima crear tribunales populares.
Y luego los casos de significancia política. Es una lotería. Si te sale una Juez como Alaya que planta cara o el instructor del caso Urdangarin…los remueven o hacen la vida imposible.
Me hace gracia que la izquierda en asuntos judiciales nunca cuestione la politización del Consejo General del Poder judicial.
Le echan la culpa a los jueces de derechas, como Llarena que ha plantado cara y ya está amenazado, al golpismo catasuno.
Pues efectivamente, para hablar de la Justicia, hay que más que saber Derecho, primeramente ser honesto.
Libreme Dios de jurados populares.
Y de una Justicia a la medida de la izquierda.
Prefiero a jueces profesionales que lo sean por oposición. Aunque luego salgan ranas, sus actos están sometidos a responsabilidad.
No se crea, amigo Censor, quienes me conocen saben que mis juicios suelen ser benevolentes.
Hoy el Consejo de Informativos de RTVE está en Bruselas denunciando la censura del PP.
Un rapero está a punto de entrar en la cárcel por denunciar verdades como puños sobre la monarquía y los entresijos del reinado de Juan Carlos I, pero un bocazas, infame, odiador y obseso está libre diciendo desde su radio que hay que bombardear Barcelona, que no es ni más, ni menos que una parte de España. Bombardear a nuestros compatriotas????? Y NO PASA NADA!!!
Hay una serie de jueces, absolutamente conservadores que están haciendo un daño irreversible a la Justicia, y cuanto más alto es el tribunal, más grave es el problema.
La galerista Helga de Alvear retiró de su stand en Arco la serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea para que Felipe VI no tuviera que ser fotografiado al lado.
Los de Alsasua (animales que no tienen perdón) llevan encarcelados ya casi año y medio por terrorismo, pero esto pasa igual en el Sur donde apalean a los Guardias Civiles, y no pasa nada. De hecho, los tribunales españoles condenaron a más de 50 personas por delitos de odio o enaltecimiento del terrorismo, cuando España se está olvidando ya POR FIN de ETA.
Tenemos libre a la mayor banda mafiosa organizada de políticos ladrones de Europa, pero tenemos encarcelados en Madrid a políticos que quieren otra opción de Estado en su territorio.
Esto es España ahora mismo. Y hablo de hechos, no de opiniones.
A lo mejor hay que dejar de ser benevolente y empezar a ser más efectivos en la crítica a este Estado casi fallido que es ahora mismo España con Don Tancredo al frente.
El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente. La justicia siempre fue algo aproximado; pero las circunstancias de España han hecho que en España la justicia solo sea una forma de poder. A la ley por eso muchos la llamamos trampa. Están hechas para que los poderosos, cuando tiren los dados, saquen seis y tiren otra vez, y para que cuando los débiles lo hagan saquen uno y gracias o ni siquiera puedan tirar los dados. La ignorancia de la ley ayuda. También dos hechos tozudos y significativos: la cantidad de aforados mayúscula que hay en España y el que la justicia esté controlada por una dudosa asociación pseudorreligiosa llamada Opus Dei. Muy buen artículo, Antonio.
Hay una fábula del siglo XIX del liberal Cristóbal de Beña que expone muy bien la curiosa imagen del debate entre el derecho natural de Solón y el positivo de Anacarsis el Escita:
LA ARAÑA Y EL MOSCÓN
Tendió la Araña, diestra tejedora,
su fuerte red un día,
y el gusano y la mosca voladora
a cientos los prendía;
mas dio un Moscón en ella que, atrevido,
sin cuidar de sus lazos,
atravesó por medio del tejido
y la hizo mil pedazos.
Las leyes suelen ser tela de araña,
que rompe cuando quiere el poderoso,
mientras sufren los débiles su saña.
Según el Diccionario de catedráticos españoles de derecho, entre 1847 y 1947 setenta catedráticos de derecho fueron depurados porque el poder quiso, más que amoldarse, «moldear» a su gusto una ley confortable para sus trapacerías.
Habrá que referirse también a un tocho como Los hombres frente al derecho. Jurisvivencias. (Madrid: Aguilar, 1959) del historiador del derecho español Juan Gómez Jiménez de Cisneros, donde se recopila en seiscientas páginas todo cuanto el pueblo ha dicho sobre la justicia castellana, empezando por el mismísimo refranero oral. Todo, sin excepción, negativo. Lo resumen un par de coplillas populares:
El palacio de justicia
es una casa maldita
donde reina la tristeza:
no se castiga el delito,
se castiga la pobreza.
Y
En la cárcel de mi pueblo,
como en el mundo sucede,
ni debe todo el que paga,
ni paga todo el que debe.
De todos modos, el que quiera saber un poco sobre la mierda de la justicia en España puede leerse sesenta noticias y artículos en su mayoría ajenos que tengo recopilados aquí:
https://diariodelendriago.blogspot.com.es/search/label/Justicia
Hay una forma de compensar que haya miembros del Opus Dei en la judicatura (no son tantos) y en general en la Administración General de Estado, decirles a esos jóvenes que se pasan todo el día en la calle manifestándose, que estudien y opositen.
En mi generación lo entendíamos perfectamente.
Y en la mía creíamos en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo siguen vigentes los de proximidad, endogamia y amistad.
Cuando no hay oposición.
Y la Administración es esa de las cercanas, la llaman.
No amigo (aunque no tenga el gusto de conocerte), y con oposición. Jueces y juezas hijos e hijas de jueces y juezas, más apreciable cuando se trata de movilidades y ascensos. O esos cuartos turnos de amigos y próximos más los cupos de organizaciones y partidos.
Vete a otras oposiciones, como las recientemente suspendidas de médicos, que se reproduce igual en cualquier otra Administración del nivel que sea.
O las convocatorias discrecionales para coberturas de puestos indefinidos no fijos, convocando aquéllas de trabajadores/as que peor me caen pero sin convocar los puestos de quienes me caen bien o me dan igual.
O las amortizaciones de laborales fijos con pago de veinte días por año de servicio.
¿Seguimos?
Favoritismos siempre ha habido.
Pero en mi Administración a nadie se le ha regalado un puesto de funcionario.
Hacienda. Compites con gente de toda España.
Pues en el Tribunal de cuentas ya me dirás. Ni entre los Austrias había tanta consanguinidad.
Verbigracia:
https://politica.elpais.com/politica/2014/06/23/actualidad/1403548994_107851.html
Y con todo, tengo un amigo en el TTCC que también tuvo que preparar una fuerte oposición.
Qué curioso, para enchufar a alguien, el enchufado no necesita oposición.
Y si vamos a Comunidades Autónomas…uuuffff
Y Ayuntamientos….argggg
Y llegó don Ángel con su bibliografía esópica. Si fuéramos honestos y sinceros, habría que remontarse a aquel «Montesquieu ha muerto», o a la sentencia del caso Rumasa, como causas remotas de lo que hoy padecemos. Pero, claro, hay que volver y volver y volver a lo mismo: Franco. Franco es el culpable de la sentencia de La Manada y de las lagunas mentales de la infanta. Un poquito de pudor, por favor. Busco y no encuentro una mención a los EREs del PSOE.
Me pregunto qué dirían los mártires del dogma si el rapero rimara barbaridades sobre mujeres; o si la obrita de teatro dulce y algodonosa, en lugar de ensalzar a ETA, elogiara la homofobia. Seguro que algún juez del Opus absolvia a estos pobres descarriados.
Si el rapero rimara barbaridades sobre mujeres se llamaría Federico Jiménez Losantos. Si la obra enzalzara la homofobia se llamaría Sostres o De Prada. ¿Se confirma, el Opus dirige la Justicia en España? Cuenta, cuenta Censor…
Otro que piensa que Franco es el culpable. Qué obsesión.
Va a ser que no. Franco murió en su cama, no plácidamente por lo que se conoce pero en su cama, hace más de cuarenta años, y de lo que habla el Sr. Romera es muy anterior y sigue y sigue.
No hay más que ver el notición de hoy que está pasando desapercibido: la más que probable nulidad de actuaciones del caso Palma Arena, una de cuyas piezas separadas es el Caso Noos, porque el Magistrado instructor actuó sin haber sido turnado para ello, y el perito no tenía designación como perito. A distancia hiede.
Y esas designaciones se hacen de forma centralizada o no?
Vamos a ver el resultado. A Garzón se le escapaban los narcotraficantes.
Y en la mía creíamos en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo siguen vigentes los de proximidad, endogamia y amistad.
Y si alguien tenía alguna duda sobre el cabal funcionamiento de los resortes del Estado, hoy la justicia belga rechaza la orden de detención europea porque al Magistrado, Letrado de la Administración de Justicia (anterior Secretario), o seguro que un funcionario (el que al final se llevará la culpa y responsabilidad) no mantuvo vigente la orden de detención dentro de las fronteras españolas. Si no es a causa de maldad seguro que es a causa de estupidez.