La Junta de Personal de funcionarios de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, integrada por los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAS y USO, denuncia en un comunicado el “continuo ninguneo, que vulnera la legislación y los derechos de los funcionarios de la Junta, al tiempo que perjudica de manera notable la atención a los ciudadanos, ya que a pesar de la “buena marcha” de la economía, los trabajadores públicos de Castilla-La Mancha siguen sufriendo las consecuencias de los recortes de la crisis, que redundan en perjuicios para los administrados ya que mientras se siguen creando “plazas a medida”, con niveles y complementos suculentos, los trabajadores que han entrado en la Función Pública de esta comunidad tras superar duras pruebas de acceso, tienen una cortísima carrera profesional, ya que todas las plazas de niveles superiores están catalogadas como de “libre designación” y ocupadas por quienes tienen el mérito de lograr la confianza de los políticos del momento.
La Junta de Personal concreta que “la situación llega a ser caótica en algunos servicios, como en el de protección de menores y adopción de la Dirección Provincial de Bienestar Social, que está poniendo en grave riesgo la salud de sus trabajadores por la complejidad de sus funciones y la implicación personal que supone este delicadísimo trabajo, con la escasez de personal actual, a pesar de existir 8 plazas vacantes, que no se pueden cubrir porque es preferible gastar esa dotación en asesores”
Contrataciones externas
Por otra parte, y de forma paradójica, esta Junta de Personal dice que en otros servicios como en el de vivienda, de la Dirección Provincial de Fomento, se ha contratado a dos técnicos de la empresa TRAGSATEC, más otros cinco (para los picos de trabajo) en cada provincia, que tendrán acceso a datos confidenciales de los administrados, en vez de utilizar los mecanismos legales y la consiguiente dotación presupuestaria para cubrir esas deficiencias con personal funcionario o interino.
Por último, la Junta de Personal Funcionario de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, denuncia el incumplimiento de la Ley 3/2016 de 5 de mayo de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla La Mancha, que modifica lo dispuesto en la Ley 4/2011 y que establece que los puestos de libre designación ocupados mediante comisión de servicio, deben ser objeto de convocatoria pública en el plazo máximo de un año, “obligación que está siendo incumplida al existir puestos de esas características que no han pasado este requisito”.
