La vicepresidenta primera de la Diputación, Jacinta Monroy, ha inaugurado esta mañana en la residencia universitaria Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real un curso sobre “la nueva Ley de Contratos del sector público”, dirigido a personal que acredita habilitación de carácter nacional y técnicos, con el objetivo de dotar a los funcionarios de conocimientos en esta materia dado que se han producido modificaciones con la nueva normativa que ha entrado en vigor.
Monroy ha dicho que “la legislación de contratos ha sido de las más turbulentas de los últimos tiempos, así, desde que le aprobó la Ley de Contratos del Sector Publico de 2007, la misma sufrió 13 modificaciones de mayor o menor calado que forzaron a la aprobación del TR de 2011, el cual a su vez sufrió otras 20 modificaciones”.
Ha comentado, por otro lado, que “esa ley a pesar de tantas modificaciones no fue capaz de adaptarse a toda la legislación que incidía sobre los contratos públicos: administración electrónica, transparencia, desindexación de la economía, y sobre todo a las tan traídas directivas 23 y 24”.
La ley, en opinión de Monroy, viene a recortar las posibilidades de decisión política y a potenciar las responsabilidades de los técnicos en materia de contratos, mediante por ejemplo la supresión de la inmensa mayoría de los procedimientos negociados, la alteración en la composición de las mesas de contratación, la limitación en las cuantías de los contratos menores y la necesaria motivación de éstos.
“Sin duda esta nueva situación va a requerir de técnicos altamente cualificados, y va a exigirles un mayor trabajo y dedicación y por supuesto deberán ser las guías para introducir al poder político en este nuevo marco, y hacernos conocedores y participes de ese nuevo término de “integridad en la contratación”, ha añadido.
Ha explicado, asimismo, que “hay dos cuestiones que me permito recomendar a todos que incluyamos en nuestra labor contractual, teniendo en cuenta que los contratos de la Administración no son meros procedimientos para satisfacer las necesidades de las administraciones y de los ciudadanos, sino que no podemos olvidar su factor dinamizador de la economía incluso en sectores desfavorecidos, y dichas cuestiones son por un lado la inclusión de clausulas sociales y la participación de las PYMES, posibilidades ambas que se han visto reforzadas por el nuevo texto legal”.
Ha concluido la vicepresidenta primera de la Diputación deseando a los asistentes que adquieran todos los conocimientos y habilidades precisas “para que vuestras administraciones puedan contratar no de la forma más económica, sino como dice ahora la Ley, con la mejor relación-calidad precio, con absoluto respeto a la libre concurrencia, transparencia e integridad”.
