El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto este mismo viernes el plazo para que las entidades locales de la región puedan presentar proyectos a la convocatoria de expresiones de interés que, con un presupuesto cercano a los 100 millones de euros, tiene entre sus principales objetivos la lucha contra la despoblación.
Así lo ha señalado hoy en Cuenca, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha insistido en que precisamente los proyectos de las zonas incluidas en la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha tendrán prioridad a la hora de acceder a las ayudas.
Son un total de ocho convocatorias destinadas al ahorro y eficiencia energética en el alumbrado y edificios públicos; la rehabilitación y mejora del patrimonio histórico artístico y a la promoción, mejora e incremento de los recursos turísticos que hay en los distintos municipios; la mejora de la gestión de residuos domésticos y de la construcción; o la adecuación medioambiental de carreteras que tengan un importante impacto sobre especies en peligro de extinción o en espacios naturales protegidos.
El resto de las convocatorias están dirigidas a la puesta en marcha de una red de puntos de inclusión digital en cada una de las cinco provincias de la región; la realización de infraestructuras educativas, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria; y la creación, consolidación y mejora de infraestructuras en materia de investigación y desarrollo.
La Comunidad Autónoma financia hasta el 80 por ciento de las actuaciones mediante la cesión de los fondos FEDER en favor de las entidades locales. Además, el plazo de ejecución de los proyectos va desde los nueve a los 24 meses, teniendo en cuenta que se pueden pedir ampliaciones de plazo siempre que nunca excedan el 31 de diciembre de 2023, fecha límite en la que las infraestructuras tienen que estar plenamente operativas.
La financiación autonómica, clave
El vicepresidente primero, que ha situado la lucha contra la despoblación como uno de los ejes estratégicos del Ejecutivo del presidente García-Page, ha pedido igualmente al Gobierno de España que incluya los retos demográficos a la hora de negociar una nueva financiación autonómica. Y es que, ha dicho, “la prestación de servicios públicos en las zonas despobladas es hasta tres y cuatro veces más cara que en los núcleos urbanos, por lo que es imprescindible que exista una discriminación positiva”.
Un régimen fiscal especial para las zonas despobladas
Del mismo modo, el vicepresidente primero ha instado al Gobierno de España a abordar un régimen fiscal especial para las zonas con problemas de despoblación, así como incentivos para las empresas que se instalen en ellas.
Por último, ha recordado que Castilla-La Mancha ya llevó el problema de la despoblación a la última reunión de la Conferencia de Presidentes, sin que de momento se hayan visto demasiados avances en esta materia por parte del Gobierno de Rajoy.
