El Gobierno de Castilla-La Mancha ha creado esta legislatura 750 empleos en el Sistema de Dependencia, puestos de trabajo que han sido ocupados fundamentalmente por mujeres y que se caracterizan por ser estables y contribuir a fijar población en las zonas rurales de la región.
Este dato lo ha avanzado hoy la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su intervención en el debate general de las Cortes regionales sobre la evolución del Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha y su financiación.
La consejera ha explicado que los empleos se han creado en los servicios de Ayuda a Domicilio, SEPAP-MejoraT, Centros de Día y Centros Residenciales, entre otros, y se ha mostrado convencida de que la cifra va a incrementarse en los próximos meses.
Sánchez ha expuesto que España posee la cuarta población más envejecida de la Unión Europea y, en concreto, en Castilla-La Mancha hay más de 375.000 personas mayores y más de 140.000 personas con discapacidad.
Con ello, ha destacado la mejora del Sistema de Dependencia de Castilla-La Mancha durante esta legislatura y “el mayor impulso presupuestario a la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Emiliano García-Page, pasando de 372 millones de euros en 2015 a 420 millones”, así como el “permanente diálogo con las entidades sociales”.
La consejera de Bienestar Social ha recalcado que, según el XVIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia publicado el pasado 22 de marzo, Castilla-La Mancha es “la segunda comunidad autónoma que mejor puntuación obtiene, tras Castilla y León, en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia”.
“Castilla-La Mancha, en 32 meses de legislatura, ha avanzado del suspenso en 2015 al notable alto en 2017, con una nota de 8,2 puntos”, ha destacado Sánchez, quien ha añadido, no obstante, que “aún queda mucho por reconstruir porque fue mucho lo demolido” durante la pasada legislatura.
Valoración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
Por otra parte, la consejera de Bienestar Social ha denunciado que “la supresión del nivel acordado y el recorte sufrido por la Comunidad Autónoma en el nivel mínimo de financiación tras la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012, han supuesto un agujero acumulado al arca presupuestaria de Castilla-La Mancha de más de 400 millones de euros entre los años 2012 y 2017”.
Respecto a los PGE para 2018, Sánchez ha criticado la inversión en materia de Dependencia y, para ilustrarlo, ha apuntado que “hace ocho años se gastaron 1.582 millones de euros para atender a 737.958 personas con derecho a servicios o prestaciones de dependencia y, según los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Partido Popular, el Gobierno destinará una cifra inferior, 1.401 millones para un número mayor de dependientes, 1.264.951”.
Así, ha opinado que el incremento de 46 millones de euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado, es “un parche que no soluciona el problema a las personas dependientes y tampoco soluciona la deuda del Gobierno con los castellano-manchegos y castellano-manchegas”.
“Continuará recayendo el peso de la financiación a las comunidades autónomas”, ha lamentado la consejera de Bienestar Social, quien ha destacado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado al Sistema de Dependencia, desde el inicio de la legislatura hasta el mes de febrero de 2018, a 17.693 usuarios, hasta llegar a los 52.381, lo que supone un aumento del 51 por ciento, según los datos publicados por el IMSERSO.
