El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lamentado hoy que la política del anterior Ejecutivo regional estuviera basada en los recortes y en una gestión desastrosa de los recursos públicos, ya que fueron constantes las modificaciones presupuestarias sin la financiación necesaria, el bajo grado de ejecución en determinadas partidas y la tensión en la tesorería de la Junta de Comunidades, tal y como recogen los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Así lo ha subrayado en las Cortes regionales el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha intervenido en el debate del dictamen emitido por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de los años 2013, 2014 y 2015.
En relación con estos ejercicios, Ruiz Molina ha lamentado que, además de los recortes en el gasto social, se gestionó de forma pésima el dinero público, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, en que se incumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria los tres años y se tardó en pagar a los proveedores.
En concreto, sobre el periodo medio de pago a proveedores, si se analizan los datos desde que se puso en marcha el actual registro, en septiembre de 2014, hasta que acabó la legislatura, en mayo de 2015, se observa que el anterior Gobierno regional abonó las facturas de media en más de 30 días, que es el plazo legal establecido para las administraciones públicas.
Por el contrario, el Gobierno de Emiliano García-Page redujo el periodo medio de pago a proveedores a 22 días en 2016 y a 12 días en 2017, lo que supuso abonar las facturas en la mitad de días que la media nacional en ambos ejercicios.
A continuación, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido a la deuda pública, recordando que en la anterior legislatura se duplicó, a pesar de que se redujo de manera brutal el gasto público y no se cumplieron los objetivos de déficit.
Sobre esta magnitud, Ruiz Molina ha señalado que en junio de 2011 la deuda viva de Castilla-La Mancha era de 6.566 millones de euros, según los datos del Banco de España, lo que representaba exactamente el 16,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Sin embargo, el volumen de deuda en el segundo trimestre de 2015, cuando se produjo el cambio de Gobierno, ascendía a 13.138 millones de euros, “que viene a ser prácticamente el doble” que cuatro años antes y que supone, en términos de PIB, el 35,8 por ciento.
“Frente a este endeudamiento voraz del anterior Ejecutivo, este Gobierno mantiene en esta legislatura un control eficiente de la deuda pública”, ha resaltado Ruiz Molina.
Y para resumirlo, Ruiz Molina ha añadido que “con los mismos mimbres” mientras el anterior Ejecutivo pagaba a 127 días, el actual ha llegado a pagar en seis días; mientras en la anterior legislatura había una necesidad de financiación de 605 millones, ahora se ha reducido a menos de 300 y mientras en cuatro años se duplicó la deuda pública, con el Gobierno de García-Page Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda en relación al PIB en estos años.
El Gobierno regional ha demostrado que otra forma de administrar los recursos públicos es posible
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado durante su intervención en el pleno de las Cortes que los recortes en el gasto social en la anterior legislatura afectaron al bienestar de la ciudadanía de la región.
Algunos de los ejemplos de esos recortes que Ruiz Molina ha mencionado son la reducción de la plantilla de los empleados públicos en los servicios públicos fundamentales y la paralización de la construcción de decenas de centros sanitarios, educativos o sociales que estaban en marcha; lo que además se hizo saltándose los procedimientos administrativos y que, por lo tanto, ha supuesto que con los impuestos de los ciudadanos se hayan tenido que pagar millones de euros en indemnizaciones.
“Lo que está demostrando este Gobierno es que hay otra forma de administrar los recursos de los ciudadanos porque frente a despidos, este Gobierno está contratando; frente a los recortes de los salarios de los empleados públicos, este Gobierno los está incrementando; frente a la paralización de las obras, este Gobierno las está reiniciando; frente a los barracones en el ámbito de la educación, este Gobierno construye colegios y frente al deterioro de los servicios públicos, este Gobierno los recupera”, ha valorado Ruiz Molina.
Por lo tanto, “estamos demostrando que es perfectamente posible compatibilizar el saneamiento y el rigor en las finanzas públicas con la recuperación económica y social en la que estamos inmersos en la región. Por suerte, Castilla-La Mancha ha dejado atrás esta etapa negra de su historia y estamos demostrando que otra política económica y presupuestaria es posible, una política presupuestaria basada en los ciudadanos, que tiene como objetivo administrar sus recursos al tiempo que les intenta hacer la vida más fácil», ha enfatizado Ruiz Molina.
Respecto a la pésima gestión de los recursos públicos que se pone de manifiesto en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas de los años 2013, 2014 y 2015, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha criticado las modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo sin la necesaria fuente de financiación y con el incumplimiento de las leyes de presupuestos, que impedían las modificaciones que supusiesen un aumento de las necesidades totales de financiación.
En la ejecución del presupuesto, la ineficaz gestión del anterior Ejecutivo se pone de manifiesto en la baja ejecución de aquellas partidas que más necesitaban los ciudadanos esos años, como son, por ejemplo, la sección de Empleo y Economía, el capítulo de inversiones o las subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de lucro.
Ruiz Molina ha recordado que el Tribunal de Cuentas también constata una tensión permanente de la tesorería, a pesar de lo cual no se gestionaron bien las deudas pendientes de cobro, con el riesgo de que estas prescribieran.
En relación con la contratación pública, el Tribunal de Cuentas acusa al anterior Gobierno de una mala praxis porque la justificación de las necesidades de contratación era genérica e imprecisa y porque los pliegos de cláusulas administrativas particulares eran genéricos y aplicables a todos los procedimientos de contratación, lo que podía generar indefensión jurídica en los posibles conflictos en la ejecución de los contratos.
