Puertollano: La comisión de multas se disuelve como un azucarillo en la indignación del edil Caballero

La corporación municipal de Puertollano ha puesto este jueves punto y final al caso de la retirada de expedientes sancionadores a establecimientos hosteleros entre los años 2013 y 2014 que ha enrarecido las relaciones entre oposición y equipo de Gobierno durante todo un año y hasta el último minuto del debate plenario de hoy.

Así, los grupos de oposición, enzarzados en una comisión especial informativa que se ha prolongado durante doce meses y ocho sesiones, han expuesto sus conclusiones, impregnadas con carácter general por el reproche a la actuación del concejal Jesús Fabián Caballero, antes de disolver como un azucarillo un organismo que no ha deparado ningún efecto de acción-reacción salvo la amarga respuesta del edil Caballero, visiblemente indignado con IU por las sombras de corrupción vertidas sobre su actuación.

Caballero, visiblemente emocionado, ha cerrado los turnos de intervención defendiendo apasionadamente su actuación y enfatizando que después de ocho sesiones y horas de comparecencias no se le haya llamado a declarar para exponer su postura. «IU pidió mi dimisión por corrupción sin siquiera haberme escuchado, cuando hasta declaró quien iba a limpiar; nadie me ha llamado porque sabíais que os pasasteis de frenada», ha subrayado.

«¿Es justo que en Internet salga la palabra corrupción al lado de Jesús Caballero? Esperaba una disculpa velada tras las continuas resoluciones judiciales que descartan la existencia de indicios delictivos», ha insistido Caballero, quien ha reprochado a la coalición de izquierdas que abandere la dignidad «jugando con la de los demás». Además, ha confesado que lo ha «pasado muy mal» y ha lamentado el tiempo que «ha perdido» pensando «en esta mierda». «Entré en esto para luchar con gente como vosotros, pero habéis demostrado que os da igual la ciudad, y que solo os importa vuestro orgullo y vuestro partido; por ello, no pienso dimitir», ha enfatizado.

En todo caso ha dado las gracias a sus compañeros por su apoyo y a todos los ciudadanos de Puertollano que le han mostrado su cariño y animado en la calle y redes sociales.

«Honorabilidad, sencillez y humildad»

En los mismos términos se ha expresado la alcaldesa Mayte Fernández, que se ha solidarizado «al cien por cien» con el concejal. «Caballero ha recibido el peor tratamiento que puede recibir un edil a pesar de su hoja política intachable; no solo no lo voy a cesar sino que confío en su honorabilidad, sencillez y humildad».

Según Fernández, «se ha utilizado un lenguaje judicial cuando aquí no ha habido ningún juicio». «Se ha hecho un juicio público desmedido y contrario el Estado de Derecho porque el concejal ni siquiera tenia opción a contar con una defensa», ha lamentado. Para la regidora ha quedado de manifiesto que «no hubo ninguna decisión política que no fuera la que se acordó en pleno, en la comisión de terrazas y en la comisión informativa». «Pudo haber errores de procedimiento pero en ningún caso Caballero merecía este circo y actos miserables para lincharle públicamente».

Antes, el resto de grupos de oposición presentaban sus propias conclusiones bajo el común denominador de la reprimenda a la actuación del concejal.

Así, la portavoz de Ciudadanos, Irina Alonso, recordaba que la administración tenía obligación de dictar una resolución en todos los procedimientos, según establece la legislación vigente, sin eximentes a expedientes sancionadores ya iniciados.

«Los expedientes se retiraban porque se pagaba con posterioridad la tasa, pero también se quedaron en el limbo expedientes por incumplimientos de horario de cierre», ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que el Ayuntamiento dejó de ingresar más de 8.000 euros, «contando por lo bajo», por la presunta retirada de multas. Alonso ha ido más allá y ha extendido su crítica al resto de grupos de oposición. «Tanto PP como IU, que formaban parte de la comisión de seguimiento de la ordenanza de terrazas, eran conocedores de que se actuaba de una manera irregular, y se convirtieron en consentidores», ha afirmado.

«Mal fiscalizado por la oposición»

Considera que el concejal Jesús Fabián Caballero actuó erroneamente y fue aún «peor fiscalizado» por los grupos de la oposición. «La Administración funcionaba mal, y en aquel momento primaron otros intereses por encima de la gestión correcta y eficaz». Según la edil naranja, en este caso “no se actuó conforme a derecho,” ya que “la resolución de los expedientes fue arbitraria y se desarrolló de manera anormal”, y ha aludido asimismo a la “actitud negligente” del concejal y del propio jefe de Movilidad de la época.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Alejandro Becerra, ha aclarado que IU no ha juzgado si la actuación del edil se ajustó a derecho porque no era el cometido de la comisión, sino que se ha limitado a abordar las «responsabilidades políticas».

Tras defender la actuación de IU en el periodo de los hechos ya que estos «no tuvieron el apoyo político del resto de grupos municipales», Becerra ha reconocido que existen disposiciones judiciales que certifican que no hay comisión de delito por parte del concejal. En todo caso considera “acreditado de forma suficiente” que el concejal Jesús Fabián Caballero manifestó una “actuación injusta, sujeta a capricho, antes que a la ley”, y que “no tuvo la iniciativa e impulso necesario” para instar la tramitación de los expedientes sancionadores sobre 82 denuncias.

Para IU Caballero “promueve la arbitrariedad manifestando una actuación sujeta al capricho, antes que a la ley”, sostiene IU en sus conclusiones, en virtud de “una actuación manifiestamente injusta pues prima al infractor, en contra y agraviando al ciudadano cumplidor de sus obligaciones y, sobre todo, menosprecia las instituciones municipales trasladando a la ciudadanía un sentimiento de inseguridad y amiguismo impropio de una administración pública de este siglo”.

Añade el grupo municipal de Izquierda Unida que “un tanto de culpa importante tiene la alcaldesa que ostenta la potestad de nombrar y cesar al concejal”. “Aun siendo cierto que el concejal actuó por su libre criterio y voluntad –no se ha acreditado otra cosa- en modo alguno fue advertido ni corregido por ninguno de los órganos municipales de gobierno, lo que los hace partícipes de dicha forma negligente de actuación”, asevera.

IU pide la dimisión

Así, IU ha pedido de nuevo a la alcaldesa que Caballero sea “cesado” de toda responsabilidad política, “sin ostentar cargo alguno hasta el final de la legislatura”, al tiempo que pide al propio edil que, “en un acto de reconocimiento de los errores y dignidad política”, dimita de su cargo de concejal, renunciando a su acta de nombramiento.

La portavoz del PP, Toni Berlanga, también ha defendido la actuación del PP, agrupación para la que «no existió un sistema organizado ni planificado, ni campaña informativa en el periodo de transición de la ordenanza». Así, sostiene que el asunto «no se puede dar por concluido sin la obtención de datos satisfactorios», ya que considera que el procedimiento «está lejos de hacerse conforme a Derecho». En este sentido ha lamentado que el PSOE haya intentado cerrar la comisión informativa con «tretas» y «a toda costa», ya que el PP sigue pensando que «no se ha resuelto ninguna de las preguntas que se plantearon en el primer día de la comisión».

Prosiguió el turno de intervenciones el portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Peña, quien ha atacado la «forma carroñera» de hacer política, en alusión a la «foto de la vergüenza» de la rueda de prensa conjunta de los grupos de oposición. Según el PSOE, el origen del caso estuvo en una denuncia anónima pese a lo cual el equipo de Gobierno impulsó la creación de una comisión para «aclarar el asunto», requiriendo la documentación original e interponiendo una denuncia ante la Policía Nacional cuando se tuvo constancia de su desaparición.

El contexto de la campaña informativa

Para Peña, la comisión ha apostado testimonios y documentación suficientes para analizar los hechos, incluida la comparecencia de policías y técnicos. Además, ha subrayado que el concejal Caballero, en ningún momento, formó parte de la cadena de custodia de los boletines sancionadores en un contexto en que se comenzó una campaña informativa entre los establecimientos hosteleros para que se adaptaran a la nueva ordenanza de terrazas.

Ha subrayado que en la comisión de seguimiento de terrazas se acordó no incoar los expedientes para «no castigar» a la hostelería en 2013, durante el periodo de regularización, y que en 2014 muchos hosteleros solicitaron la licencia anual, otros pagaron las tasas al día siguiente de recibir los boletines, y en otros casos se expedientó incluso a establecimientos que tenían en su poder la carta de pago. En todo caso ha subrayado que todos los grupos estaban informados y que en todas las comisiones «se hablaba abiertamente de este asunto».

En suma, para el PSOE los boletines se enmarcan en la la regulación de la nueva ordenanza de terrazas, todos los establecimientos abonaron sus tasas y los policías no recibieron «jamás» ninguna indicación política en el control administrativo de las ordenanzas. Para Peña «no existe responsabilidad política pese a que algunos grupos se han tomado el trabajo de la comisión como un juicio sumarísimo». De hecho, en alusión a IU, ha reiterado  que representa «la izquierda más extrema e incongruente que renuncia a trabajar por Puertollano haciendo el caldo gordo a la derecha».

Por su parte, el concejal no adscrito Joaquín García-Cuevas, ha aseverado que «no le cabe duda» de que el procedimiento administrativo «no se ajustó a derecho», y que la cadena de custodia ha sufrido «una alteración». Aún así, se ha remitido a la investigación policial en curso tras la desaparición de los boletines originales, que será, a su juicio, la que dé la clave para aclarar si la actuación política fue correcta.