El Gobierno de Castilla-La Mancha incrementará en 2018 un 6% el presupuesto dirigido a las fundaciones tutelares, que tendrán un papel importante en el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, un texto normativo que se remitirá próximamente a las Cortes regionales para su aprobación definitiva.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado este dato en declaraciones a los periodistas junto a la presidenta regional del CERMI, Cristina Gómez, antes del inicio de la reunión con entidades sociales y representantes del poder judicial de Castilla-La Mancha para abordar los avances en la tramitación de la ley.
“Esta reunión es similar a la que se produjo hace ocho meses en el Palacio de Fuensalida, presidida por Emiliano García-Page, donde se coordinan todas las acciones para la futura ley, que es la ley más social que va a poner en marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha”, ha aseverado Sánchez.
En este sentido, ha añadido que la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad será “una ley innovadora, sencilla, pero que va a dar tranquilidad a las familias” y permitirá responder a la pregunta sobre “qué va a ser de mi hijo, de mi familiar, cuando nosotros no estemos”.
La consejera de Bienestar Social ha expuesto que, para la puesta en marcha de la ley, se trabaja desde el departamento que dirige junto a la Consejería de Sanidad y “realmente quien la va a gestionar son las fundaciones tutelares”.
Fundaciones tutelares
En Castilla-La Mancha, hay seis fundaciones tutelares que cuentan para 2018 con un presupuesto de alrededor de tres millones de euros, hay unos 100 trabajadores y ejercen la tutela de alrededor de 1.200 personas.
“En estos días, acaban de recibir las resoluciones definitivas de las subvenciones”, ha adelantado la consejera, quien ha apuntado que, “de lo que se trata en un futuro, no es solo de que las fundaciones se encarguen de la tutela judicial” que les cede la Administración, sino que “tengan también unidades de orientación y apoyo para poder proteger a las personas con discapacidad y sus familias”.
En el encuentro, han participado responsables de las fundaciones tutelares de la región, del CERMI, de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) y la delegada de la Sección Civil de la Fiscalía de Castilla-La Mancha, Carmen Mendiola.
“A partir de aquí, ya comienza la tramitación para que, en un futuro próximo, esta ley pueda llegar a las Cortes y cuente con la unanimidad de todos los grupos políticos de Castilla-La Mancha”, ha aseverado la consejera de Bienestar Social.
Las seis fundaciones tutelares de Castilla-La Mancha son la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM), Fundación Madre, Fundación Familia, Fundación Mayores, Fundación FUNDACE y Fundación Sociosanitaria.
