El Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020 movilizará 42 millones de euros

El Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020, diseñado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, está dotado con un presupuesto de 42 millones de euros, lo que “supondrá una importante inversión económica que se traducirá en una importante inversión social”, tal y como ha afirmado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado hoy este plan en el Palacio de Fuensalida de Toledo, junto a la responsable de Bienestar Social. El presidente  ha celebrado hoy la puesta en funcionamiento del Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020 con el que su Gobierno “pondrá orden en la reconstrucción social, y alma y corazón a la gestión pública”. Un plan del que se beneficiarán más de 250.000 castellano-manchegos, y que supone “una aplicación justa de la Constitución” en un año en que además celebra su 40º Aniversario.

Por su parte, Sánchez ha destacado que supone “el primer plan de inversiones sociales de la historia de Castilla-La Mancha” porque, “si bien es cierto que ha habido importantes inversiones en pasadas legislaturas, también es cierto que no ha habido un plan de infraestructuras sociales específico de presente pensando en el futuro, pero sobre todo pensando en el bienestar de las personas y en cómo las infraestructuras pueden mejorar la atención y la calidad de vida de la gente”.

“Este plan es, a día de hoy, imprescindible porque partimos de una paralización de las infraestructuras a lo largo de cuatro años, de una ausencia de inversión en los centros y recursos de Castilla-La Mancha y falta de adaptación de las infraestructuras a las necesidades de los usuarios, personas con discapacidad, mayores y personas en situación de dependencia”, ha aseverado.

El Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020 está dotado con 42 millones de euros para los próximos tres años y está conformado por cuatro ejes.

Cuatro ejes

El primer eje engloba las grandes reformas para la adaptación y accesibilidad, mayoritariamente, de residencias de mayores de Castilla-La Mancha, muchas de ellas, con una antigüedad de 40 años y que precisan adaptarse a las personas dependientes.

Sánchez ha citado como ejemplos la reforma de la Residencia de Mayores ‘Núñez de Balboa’ en Albacete, para mejorar su accesibilidad; la residencia de Puertollano ‘Pocitas del Prior’, donde se requiere la reforma de una planta; o la reforma y adaptación de la residencia ‘Los Olmos’ de Guadalajara; ‘Las Hoces’ en Cuenca; ‘Barber’ en Toledo, o ‘Nuestra Señora Del Prado’ en Talavera.

El segundo eje está dirigido a la apertura de centros construidos y paralizados, fundamentalmente, desde el año 2011, un total de 122.

Este eje tiene dos objetivos específicos: la apertura del 30 por ciento de estas infraestructuras en 2018 y conseguir llegar al 60 por ciento en 2020, si bien la consejera ha destacado que en lo que va de legislatura, ya se han abierto una treintena de estos centros.

Entre otros, se ha referido a la residencia de mayores ‘Los Quiñones’ de Albacete; el centro de mayores de Cuenca; la vivienda de mayores de Atanzón en Guadalajara, o el CADIG ‘Aurelio de León’, en Talavera de la Reina.

Además, antes de que acabe el año, está prevista la apertura de las residencias de mayores de Lezuza y El Ballestero, en Albacete; la vivienda de mayores de Cebolla, en Toledo; o la residencia de Priego en Cuenca.

El tercer eje tiene como objetivo la promoción de 300 actuaciones inversoras que irán destinadas a obras menores y equipamientos en centros y recursos sociales.

Será un centenar de inversiones al año, como por ejemplo, la mejora en el equipamiento de las residencias de Caudete, Socuéllamos, Casasimarro, Humanes y pequeñas reformas en las residencias de Balazote, Herencia, Torrijos, Almorox y Molina de Aragón.

También en centros para personas con discapacidad como el CADIG Albatros de Albacete; residencia ‘Infanta Leonor’ de Cocemfe, residencia para personas con Alzheimer de Tomelloso, las viviendas AUTRADE de Ciudad Real, el Servicio de Capacitación de Amafi en Yepes, el Centro de Día de APACE de Talavera o ‘Las Encinas’, de Guadalajara.

Se incluirán también las reformas y adaptaciones de los centros de protección y reforma de menores ‘Arco Iris’ y ‘Albaidel’ en Albacete, y “una noticia muy importante”, ha apuntado Sánchez, la adquisición de 36 vehículos para los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Por último, ha explicado que el cuarto eje está dedicado al impulso para la puesta en marcha de cinco nuevos centros residenciales para mayores, uno en cada provincia de Castilla-La Mancha.

“En definitiva, una plan con 42 millones de euros para mejorar la calidad de vida de las personas, que supondrá una importante inversión económica que se traduce en una importante inversión social”, ha afirmado la consejera.

Ha añadido que es un Plan de Infraestructuras Sociales “pensando para mejorar el estado del bienestar, objetivo fundamental del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero sobre todo de nuestro presidente, Emiliano García-Page”.

Objetivos de la política social

Por otra parte, Sánchez ha expuesto que el Plan está en línea con los cuatro grandes objetivos de la política social del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En primer lugar, se ha referido a “centrar el esfuerzo en mejorar el bienestar social de las personas de Castilla-La Mancha, de los hombres y mujeres de esta tierra, de aquellos que tienen más dificultades como son mayores, personas con discapacidad, personas con dependencia, menores y familias”.

En segundo lugar, “pensar en los profesionales, en el apoyo a los trabajadores y trabajadoras que día a día dedican su esfuerzo a cuidar, proteger, rehabilitar a las personas más necesitadas de nuestra sociedad”.

En tercer lugar, la consejera de Bienestar Social ha destacado el trabajo “con un modelo de atención pensando en las personas, esto quiere decir que nuestro mayor interés es el interés de los demás”.

En este punto, ha recordado que Castilla-La Mancha ocupa el segundo puesto en cantidad o calidad de plazas públicas para personas mayores.

Y, en cuarto lugar, el impulso de las infraestructuras tanto para las personas que viven en su domicilio y asisten, por ejemplo, a centros de mayores, a centros ocupacionales o a centros de Atención Temprana, como para las personas que necesitan trasladarse a un centro residencial. “centros que se convierten en su hogar y deben adaptarse a sus necesidades”, ha afirmado.

García-Page defiende el Plan de Infraestructuras Sociales como una aplicación justa de los derechos vinculados a la Constitución Española

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado hoy la puesta en funcionamiento del Plan de Infraestructuras Sociales Horizonte 2020 con el que su Gobierno “pondrá orden en la reconstrucción social, y alma y corazón a la gestión pública”. Un plan del que se beneficiarán más de 250.000 castellano-manchegos, y que supone “una aplicación justa de la Constitución” en un año en que además celebra su 40º Aniversario.

Durante la presentación del plan, el presidente castellano-manchego ha puesto el acento en el “aspecto social” de la Carta Magna, que Castilla-La Mancha impulsará a través del desarrollo de esta iniciativa dotada con 42 millones de euros.

De esta forma, ha señalado, “hacemos una aportación más al apuntalamiento social de nuestra Constitución”, que se verá complementada con la próxima negociación con todos los partidos políticos de la región para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía, “una modificación que se hará para blindar los derechos económicos, sociales y territoriales de Castilla-La Mancha, pero nunca a favor de un partido en concreto”, ha comprometido.

Según ha explicado el presidente, este Plan de Infraestructuras Sociales que impulsará la generación de más de 4.000 puestos de trabajo, se estructura en cuatro grandes ejes que tienen como objetivo común “resolver” el éxito de una sociedad que ha conseguido que España “sea el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo”.

Así, el plan contempla grandes reformas para la adaptación y accesibilidad de residencias de mayores, la “indispensable” apertura de los 122 centros que se quedaron paralizados en 2011 bajo el mandato del anterior Ejecutivo -recursos totalmente equipados en muchos de los casos y listos para ser abiertos-, más de 300 inversiones para reformas y equipamientos en centros de atención a mayores, menores y personas con discapacidad, y la construcción de un centro asistencial en cada una de las provincias. Unas medidas con las que se contribuirá también a evitar el despoblamiento, ya que “buena parte de nuestros centros son la principal empresa de una comarca y frenan esta situación”.

A juicio de García-Page, este nuevo plan “significa un acto de justicia” y persigue que la política social en infraestructura “vuelva al sitio del que no tenía que haber salido con la crisis”, una crisis que convirtió a las políticas sociales y a sus profesionales en los “culpables” de la misma “cuando sólo eran sus víctimas”, ha lamentado.

Rapidez y celeridad

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha incidido en que lo más importante de este programa “son sus datos”, con un gran número de actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos tres años. “Hemos aplicado mucha rapidez y celeridad en las decisiones de este plan”, ha añadido García-Page, que posibilitará asimismo el impulso otras 2.000 plazas más con financiación pública para personas mayores antes de 2020.

De esta manera, se sigue impulsando la estrategia de incremento de plazas residenciales que comenzó con la legislatura, un tiempo en que se han puesto en marcha 2.000 plazas nuevas para personas mayores. Así, Castilla-La Mancha llegará a 2020 con 17.000 plazas residenciales de carácter público, ha señalado el presidente.

“Podemos presumir de tener una región avanzada en derechos sociales y solidaridad, y de contar con un plan que se nos quedará corto, por lo que iremos definiendo nuevos objetivos”, ha apuntado el presidente antes de recordar que la región contará, en este mismo año, con la Ley del Tercer Sector “que será bandera en España”, y la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad, una medida que confía sea aprobada “por unanimidad” y se acabe convirtiendo en un “artículo concreto” del futuro Estatuto de Autonomía.