Más de cien delegados y afiliados de CSIF se han concentrado esta mañana ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, al igual que en las demás capitales de la región, para reclamar la recuperación del poder adquisitivo del conjunto los empleados públicos y la necesaria equiparación salarial en la Administración General del Estado (AGE), un colectivo de 1.250 empleados en la provincia, que ve insuficiente la propuesta del ministerio de Hacienda que condiciona al crecimiento del PIB y a la reducción del déficit una subida salarial de un 8% para los próximos tres años.
El presidente regional de CSIF, el ciudadrealeño Julio Retamosa, se ha sumado a esta concentración, y a su término ha acompañado al presidente provincial, Lorenzo Domínguez y al coordinador del Sector de Central, Angel Muñoz, al encuentro mantenido con el subdelegado del Gobierno, Juan José Jiménez Prieto, al que han hecho entrega de las reivindicaciones y posiciones negociadoras de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración del Estado.
La concentración de hoy, de unos veinte minutos de duración, ha permitido leer un manifiesto denunciando la discriminación salarial existente, que en Castilla-La Mancha ha producido una pérdida retributiva acumulada del 16,5% desde 2012 por la conocida como ‘Tasa Cospedal’, y que el Gobierno regional, más allá de poner fin a esta merma en el presente año, sólo ha planteado una subida del 0,5% para 2019.
CSIF ha visualizado hoy la campaña ‘A igual trabajo, mismo salario’ para los empleados de AGE, que cuenta actualmente con unas retribuciones un 25 por ciento inferiores respecto a la media de las diferentes comunidades autónomas y corporaciones locales. En Castilla-La Mancha, los empleados públicos de la comunidad autónoma pueden llegar a percibir 8.225-5.000 euros más de salario respecto a los de AGE dependiendo del nivel de funcionariado, y las diferencias del personal laboral oscilan entre los 2.788 y los 512 euros. Las diferencias rondan el 20 por ciento para los funcionarios y un 16 por ciento para el personal laboral.
Justicia e Instituciones Penitenciarias
En el sector de la Administración de Justicia, donde Castilla-La Mancha no tiene competencia de gestión de medios materiales y personales a diferencia de otras comunidades, la pérdida salarial es de 570-383 euros respecto a País Vasco, comunidad donde el complemento específico es mayor. Las diferencias en el personal de instituciones penitenciarias se elevan hasta el 30 por ciento, con una horquilla de 21.784-6.303 euros respecto a Cataluña, única región que tiene las competencias transferidas.
Castilla-La Mancha cuenta con 9.031 trabajadores de AGE, incluida la Administración de Justicia, a los que afecta esta discriminación salarial: Albacete (2.008), Ciudad Real (2.169), Cuenca (830), Guadalajara (1.211) y Toledo (2.813). Asimismo, se da la circunstancia de que en AGE no está desarrollada la carrera profesional.
De esta forma, CSIF hace hincapié en la necesidad de incluir a todos los empleados públicos de la Administración General del Estado en el plan de equiparación salarial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
