CCOO exige al Gobierno de CLM que retire de su agenda el proyecto de Decreto sobre Personal Directivo de la JCCM y advierte que, en caso contrario, el sindicato “utilizará todas las vías legales y sindicales para abortarlo».
“El borrador de Decreto, del que sólo hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, pone en evidencia las prioridades del Gobierno de CLM, que mantiene paralizado el desarrollo de la Ley de Empleo Público en temas tan esenciales como la clasificación profesional y la carrera profesional de miles de empleados públicos; pero sí se ha dado prisa en preparar un decreto para el personal directivo”, señala en un comunicado.
“El borrador de Decreto no sólo vulnera, a nuestro entender, el Estatuto Básico del Empleado Público; sino que supone un agravio y un desprecio para todo el personal funcionario de la JCCM”, denuncia Ramón González, responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO CLM.
«¿De dónde viene esto?»
CCOO asevera que el personal directivo profesional aparece regulado en los artículos 13 a 15 de la Ley 4/2011, de Empleo Público de Castilla La Mancha, que, como otros muchos apartados de la Ley, requiere para su efectiva implantación el correspondiente desarrollo normativo.
«La Ley en cuestión lleva vigente desde 2011. En siete años, el Gobierno de CLM no ha mostrado interés ninguno en desarrollar los otros apartados de la Ley para poder aplicarla; ahora demuestra que sólo lo tiene en lo que respecta al personal directivo», prosigue.
«El Gobierno de CLM tiene claro su objetivo desde hace tiempo y para conseguirlo ya dio un primer el año pasado, un paso fundamental pero enmascarado en la Ley 3/2017, de Gestión y Organización de la Administración y otras medidas administrativas, aprobada en las Cortes de CLM con los votos de PSOE y Podemos», indica el sindicato, para el que «se trata de una Ley diseñada para desarrollar diversas medidas sobre procedimiento administrativo y particularmente en relación con la practica de las notificaciones por medios electrónicos. Pero a través de esta norma se modificaron otros aspectos de otras leyes, algunas de las cuales no tienen nada que ver con la gestión y organización de la Administración».
Y, en concreto, se modificó la Ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, concretamente sus artículos 14 y 15, referidos al personal directivo profesional.
«Aunque finalmente y gracias a la presión ejercida por los sindicatos, no se introdujeron las modificaciones de la carrera profesional que iban a permitir que los puestos políticos consolidaran niveles superiores, sí que se modificó el régimen del personal directivo profesional, abriendo paso así al borrador de Decreto ahora conocido. El borrador de Decreto conocido ahora obliga a pensar que ese era el objetivo fundamental del Gobierno CLM», sice CCOO.
«Así», prosigue, «de aprobarse el borrador, podrá nombrarse personal directivo profesional de la JCCM a cualquier persona ajena a la función pública, aunque la Administración disponga de personal funcionario con competencia necesaria para el desempeño de las funciones directivas. Y en el caso de que el/la elegido/a sí sea funcionario/a, no será nombrado por libre designación, de forma que tendrá garantizada la reserva de puesto de trabajo». «s decir, con la Ley 3/2017, aprobada por las Cortes de CLM con los votos de PSOE y Podemos, se abrió una puerta de par en par para que una figura que estaba muy limitada, el personal directivo, pueda ser utilizada por los dirigentes políticos de la JCCM prácticamente ninguna salvaguarda», subraya.
«En definitiva, el borrador de Decreto es conclusión de un golpe planificado que se asesta en dos fases, la primera el pasado verano con la modificación de la ley Ley de Función Pública de 2011 vía Ley 3/2017, y la segunda ahora, con el mencionado Decreto. Todo ello, sin información y sin ningún tipo de negociación», indica.
«La Ley de Empleo Público de 2011 recogía, entre otras muchas medidas, cambios en la clasificación profesional y en la carrera profesional del personal funcionario cuya aplicación efectiva requiere el correspondiente desarrollo normativo. Comunidades históricamente gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana, ya lo tienen desarrollado», explica el sindicato.
«Sin embargo», continúa, «para el Gobierno de CLM estos asuntos no son prioritarios, ni es prioritario que los funcionarios que hacen unas determinadas funciones y tienen una determinada formación estén adscritos al grupo profesional que les corresponde; ni es prioritario que el derecho a la carrera profesional horizontal se desarrolle, aunque eso sea bueno también para la administración pública, porque no obliga al funcionariado a rotar durante toda su vida por diferentes puestos para poder ascender, sino que permite premiar el trabajo a través de una carrera profesional en el puesto que ponga en valor el trabajo y que permita que los empleados y empleadas públicas puedan crecer profesionalmente sin moverse de un servicio, generando sin duda una mejora sustancial del funcionamiento de la administración». «Siete años lleva parado el desarrollo de la ley de empleo público en lo que respecta a la carrera profesional y la clasificación profesional. Apenas unos meses han tardado en desarrollar la ley para el personal directivo. Parece ser, que cuando algo interesa a este Gobierno pone en funcionamiento rápidamente la maquinaria administrativa», incide.
¿Qué hará ahora CCOO?
«Aunque García Page se apresuró a decir ayer en las Cortes Regionales no hay nada de verdad en las filtraciones sobre el borrador de Decreto de regulación del Personal Directivo Profesional, en sus propias palabras se reconoce que algo hay. Es decir, sí hay un decreto para desarrollar la ley 4/2011, pero no es para lo que decimos que es», especifica. «Lo que tiene que hacer el gobierno es retirar el decreto de la agenda del Consejo de Gobierno y trasladar este asunto a la Mesa de Negociación, para que sea con participación sindical como se resuelva la necesidad de priorizar el desarrollo normativo de determinados apartados de la Ley de Empleo Público», dice. «No vamos a permitir que mientras que el decreto de provisión de puestos de trabajo sigue parado y mientras que no tenemos carrera profesional, se desarrolle la Ley 4/2011 exclusiva y específicamente para franquear la puerta a la arbitrariedad de los dirigentes políticos de turno».
«¿Y si no lo retiran? Acciones legales y sindicales. No pudimos impugnar la ley 3/2017 en verano porque sólo se puede impugnar ante el Constitucional y las organizaciones sindicales no están legitimadas para llevar a cabo este tipo de recursos», asevera. «Pero en este caso, al tratarse de un Decreto, sí tenemos la posibilidad legal de impugnar este desarrollo normativo. Si el Gobierno sigue adelante, lo impugnaremos por cuantas vías de entrada nos permita el orden jurisdiccional contencioso-administrativo».
«No dudaremos en movilizar a funcionarios y funcionarias si siguen adelante. Porque la carrera profesional ni está ni se la espera; porque la clasificación profesional languidece; porque después de un año trabajando en el Decreto de Provisión de Puestos se ha metido en un cajón; porque el Plan de Acción Social sigue sin aparecer en la agenda del gobierno…», concluye.
