Desde el viernes pasado, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) ya está personada en forma en el Tribunal Supremo en su causa contra la Administración Central, CC.OO, UGT y CSIF que denuncia el pacto suscrito el 29 de marzo entre Gobierno y sindicatos que autoriza la salida a Oferta Pública de Empleo (OPE) de todas las plazas desempeñadas por interinos, «sin tener en consideración que muchos de ellos desempeñan sus puestos por más de tres años y conlleva el reconocimiento de derechos que se han negado por administración y sindicatos».
En palabras del presidente de ANIL en redes sociales, el abogado laboralista Manuel Martos, existe la posibilidad de paralización de las OPE y convocatorias que dimanen de la Ley de Presupuestos del Estado de 2017. Sigue comentando que, si los sindicatos se opusieran a tal solicitud, «veríamos a quién defienden». «Ya CSIF empieza a desdecirse en una CCAA y pedir acceso diferenciado en educación, aún así no me creo nada», dice.
«La pelota está ahora en el tejado de los sindicatos», prosigue. «El jueves proclamaba CSIF la avalancha de demandas a raíz de las nuevas sentencias que reconocen estabilidad, pero ellos no las plantean (se llama cinismo)», asevera el abogado.
Según el abogado, con respecto a las OPE, «todo es susceptible de impugnación y solicitud de medidas cautelares». «Para que sea efectivo, además de colapsar la Comisión Europea, debemos colapsar los juzgados pidiendo indefinido no fijo más los ceses, hay que hacerlo guste o no. Tenemos que recordar las cláusulas suelo; hasta que no han colapsado los juzgados no se resolvió y se ha condenado a los bancos (además de tener razón se creó un estado de necesidad social muy importante)», afirma.
Además, se está denunciado ante la Comisión Europea «los graves incumplimientos en materia de trasposición de la Directiva 1.999/70 que afecta en este caso a 700.000 personas que ven peligrar su puesto de trabajo y sin el reconocimiento de ningún derecho. A la fecha, ya que cada día se siguen presentado denuncias, la cifra supera ya las 3000 denuncias», asegura.
«El Gobierno español se expone a una nueva multa por el incumplimiento de la normativa comunitaria al personal de la administración. A más de 600.000 interinos, estatutarios y laborales contratados en fraude por la administración le son negados los derechos adquiridos de estabilidad. Personal interino con más de 30 años no tienen en España reconocimiento de derechos ninguno. España incumple, entre otras cosas, en la trasposición de la Directiva 1.999/70 al personal de la administración, no dotando de estabilidad en el empleo longevo, lo que el tribunal Supremo denomina indefinidos no fijos», concluye el abogado.
