El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha pedido hoy a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y a la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) que aprueben cuanto antes sus planes estratégicos “para dar forma definitiva a sendos contratos-programa”, al tiempo que ha subrayado que “con la Universidad de Alcalá de Henares ese camino está prácticamente concluido”. 
Así se ha pronunciado el consejero en rueda de prensa celebrada hoy en los servicios centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para tratar asuntos varios del departamento, donde también ha recordado que una vez aprobados ambos planes estratégicos “el Gobierno regional y las universidades formalizarán un contrato-programa para cada institución que garantice la financiación adecuada y suficiente para los proyectos diseñados en el mismo”.
“Dicho de otro modo, que garantice ese futuro a medio plazo en lo que se refiere a oferta educativa, infraestructuras -muy importante para Guadalajara- y, lógicamente, a ayudas a la investigación y todo aquello que seamos capaces diseñar”, ha destacado Felpeto. “Además, volver a repetir que garantizamos, si fuese necesario, el pago de las nóminas del personal, las ayudas al alumnado y el futuro en general de las universidades”, ha añadido.
Otras 13 comunidades autónomas establecen control de gasto
A preguntas de las periodistas sobre la última postura adoptada por la UCLM, Felpeto ha destacado que no entiende que se “hable de intromisión de la Comunidad Autónoma a la Universidad” cuando otras 13 comunidades autónomas establecen un control del gasto sobre sus universidades de manera directa “y, por nuestra parte, queremos hacerlo de la mano de su máximo órgano de representación, su Consejo Social, y tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”.
El responsable de Educación también ha explicado que “independientemente de que las cuentas anuales de las universidades sean auditadas por una empresa como control interno, la Intervención General de la Comunidad Autónoma tiene el deber de ejercer un control del destino de los fondos del presupuesto regional para sufragar los gastos de las entidades integrantes del sector público autonómico, entre ellas la Universidad. Y entendemos que puede hacerlo de la mano del Consejo Social, sin que esto signifique intromisión en la autonomía universitaria”, ha finalizado.
