La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a denunciar la precaria situación de los Juzgados de la región, que continúan colapsados por la falta de medios personales y materiales, pese a las demandas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que son desoídas por el Gobierno al resolver una mínima parte de los problemas existentes.
CSIF informa que frente a la necesidad de incorporar a 28 nuevos jueces, que supondría la adscripción a los juzgados no menos de 250 funcionarios entre letrados, gestores, tramitadores y personal de auxilio judicial, el Gobierno central sólo ha aprobado 5 nuevas plazas de magistrados para la región: en Toledo, el Juzgado de lo Penal nº 4; en Illescas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7; en Talavera de la Reina, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6; en Albacete, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8, y en Guadalajara el Juzgado de lo Penal número 2. Ahora está por ver cuándo entran en funcionamiento dichos Juzgados.
Asimismo, CSIF denuncia que se sigue abusando de la figura del Juez de refuerzo, lo que supone juzgados encubiertos sin dotación de plantilla para sacar el trabajo adelante y respecto a las instalaciones judiciales, CSIF destaca las radicadas en pueblos que suelen carecer de espacio y condiciones mínimas para desarrollar el trabajo encomendado.
Caídas informáticas
En cuanto a los medios materiales, la Central Sindical hace hincapié en el mal funcionamiento del sistema informático (Minerva), pues con demasiada frecuencia sufre caídas de servicio y no permite trabajar, lo que unido al proyecto idílico del ‘papel cero’ hace que el retraso en el despacho de asuntos sea cada vez mayor.
CSIF subraya que la justicia es lenta a pesar de la buena voluntad de la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales, que trabajan durante incontables horas para sacar los procedimientos adelante y no en las mejores condiciones y es que el problema es que faltan medios personales y materiales para hacer frente al cada vez mayor número de litigios que se presentan en las oficinas de los distintos Decanatos.
