Eusebio Gª del Castillo Jerez.- El Pleno ha rechazado, con los votos en contra de los grupos Popular y de Ganemos, y del concejal no adscrito, la modificación de la Ordenanza Fiscal A-6 reguladora de la tasa por alcantarillado y depuración de aguas residuales. Según el contrato vigente este tributo debía actualizarse, y así lo solicitó la empresa concesionaria del servicio de saneamiento, en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo. El equipo de Gobierno, que no ha encontrado apoyos en el resto de la Corporación municipal, ha reprochado al resto de grupos la “irresponsabilidad” de la decisión, que podría derivar en costes judiciales que asumiría el Consistorio por el incumplimiento del contrato con Aquona.
La propuesta del equipo de Gobierno en el Pleno extraordinario celebrado esta mañana pretendía dar cumplimiento a la cláusula del contrato firmado en 2007 con la empresa concesionaria del servicio de saneamiento y al acuerdo de los municipios de Ciudad Real, Poblete y Miguelturra en cuanto a la distribución de costes de la depuración de aguas. Dicho contrato , explicaba Nicolás Clavero, recoge que la retribución del contratista por la prestación de este servicio no será un pago directo por parte del Ayuntamiento, sino que el concesionario cobrará directamente la tarifa a los usuarios. Además, añadía el concejal de Hacienda, se estableció una cláusula de revisión anual de la tarifa para evitar desequilibrios financieros en la cuenta de explotación de la empresa. Por otra parte, el convenio firmado por los tres municipios mencionados para la distribución de los costes de la estación depuradora, establece que la revisión será anual, teniendo en cuenta el IPC de diciembre. El último conocido, matizaba Clavero es el de diciembre de 2016, el 1,6%.
El portavoz de Ganemos Ciudad Real, Jorge Fernández, ha justificado el voto en contra de su grupo alegando que la propuesta de actualización de la tasa colisiona con sus iniciativas sobre políticas contra la pobreza energética y supondría una “flagrante” contradicción respecto a su intención de remunicipalizar los servicios públicos externalizados. Máxime, subrayaba, en un servicio esencial, que se presta desde los Ayuntamientos, “y debería hacerse desde lo público, cuya privatización solo ha supuesto el encarecimiento constante y la pérdida de calidad”.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que la cláusula de revisión de precios venía establecida en un contrato firmado en 1994, en la Corporación presidida por el actual concejal de Hacienda, Nicolás Clavero. “Muchos de los contratos del Ayuntamiento con empresas que a día de hoy siguen vigentes proceden de la época del PSOE, de hace 23 y 24 años”, añadía Rodríguez. Asimismo, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la subida de la tasa se establezca de forma lineal, incluidas la Universidad o las familias numerosas.
Clavero manifestaba su incredulidad ante el hecho de que el Grupo Popular estuviera dispuesto a votar en contra de un contrato firmado por Rosa Romero. El edil, que decía “entender” la postura de Ganemos, “que está en contra de esta forma de la prestación del servicio”, ha criticado la “irresponsabilidad total y absoluta” de los populares. Esta decisión, advertía, supondrá costes judiciales para el Ayuntamiento, que el PP “tendrá que explicar a los ciudadanos”. En respuesta a Rodríguez, Clavero ha aclarado que la propuesta del 1,6% de subida responde al informe conjunto del jefe de servicio y de la Intervención municipal. No se trata de una decisión política de incremento de una tasa municipal, ha recalcado, sino la consecuencia del cumplimiento de un contrato. 
El concejal de Hacienda ha reconocido que la cláusula de revisión de precios se estableció en el año 1994 para sustituir a otro sistema «que resultaba perjudicial a los intereses municipales», pero que tenía una vigencia hasta 2010. Posteriormente, en 1997, recordaba Clavero, el equipo de Gobierno del Partido Popular decidió firmar un nuevo contrato hasta 2030. Independientemente de los plazos, remarcaba, «estamos hablando de cumplir los contratos que firmó Rosa Romero». «Nosotros, como equipo de Gobierno, aunque no hayamos firmado estos contratos, nos creemos en la obligación de cumplirlos», concluía.
Increíble e incomprensible.
¿Cómo puede votarse a favor del incumplimiento de un contrato?…..
¿No es eso a lo que el psoe dedicó toda su campaña elecotoral?. A incumplir los contratos de la zona azul. Menudo espantajo el charles.
No es posible hasta 2030. Entendió usted mal….
Falso. Miente usted fatal.
No miento. Aunque, a veces, mentir es la única manera de enunciar la verdad….
Falso.
La modificación unilateral de los contratos administrativos es una facultad de las Administraciones Públicas que conlleva necesariamente el abono de daños y perjuicios a la concesionaria.
La cláusula de revisión de precios conforme a la evolución del IPC es una condición que equilibra la posición contractual del concesionario. Es una justa cláusula que encontramos también en el sector privado en los contratos de arrendamiento cuya duración se presume superior al año.
Los contratos han de respetarse porque resulta caro incumplirlos. No entiendo el voto en contra del PP.
Ni tampoco entiendo una mala práctica, salvo que concurra la mala fe, consistente en hacer contratos por encima del plazo de duración que establece la Ley de Contratos del Sector Público, pues suponen una reducción de la autonomía municipal. El PP ha jugado mucho con ello.
Resulta incomprensible que un hecho que apenas se cita, la privatización del Servicio de Recaudación de los tributos Locales, esté vinculado a concesión administrativa, pues se trata un servicio esencial cuyas importantes potestades administrativas (liquidación y cobro) se extienden a todo el procedimiento.
Las privatizaciones de la ejecución de los servicios públicos, dependiendo de qué, para qué, por qué y durante cuánto tiempo, han resultado ser un sistema del que el PP ha abusado que tiene un alto riesgo de corrupción y cuya eficacia no está contrastada, porque en lo que respecta a servicios esenciales (por ejemplo sanidad) el principio de beneficio en la gestión no puede desplazar al interés público que debe regir estos. Antijurídico y anticonstitucional (art.103.1 CE).
Y que esperaba el PSOE? Que el PP que está en la oposición aprobara una subida de las tasas para qué paguemos más? Se la han jugado los de Ganemos y quieren echar la culpa al PP. Los psoes son más tontos de lo que pensaba
Este ayuntamiento es el peor que ha habido en toda la historia de la democracia reciente de Ciudad Real. Y el voto favorable de esa marca blanca del psoe que es Ciudadanos, un partido socialista que quiere engañar al verdadero centro-derecha, no tiene precio.
¿Quién deberá hacer frente al incumplimiento del contrato?
Insólito y reprobable….
Por cierto, respecto al ‘peor ayuntamiento’, ¿se ha dado usted cuenta que España sigue siendo ahora martillo de herejes, luz de Trento y espada de Roma?….
Que el Psoe pruebe su propia medicina.
Famous, tú de Gil Ortega te acuerdas poco…jejeje…ponte a repasar antes de hablar de lo peor de lo peor…
Papelón del PP y los podemitas. Ver para creer. Algún día, deberían preocuparse de atender a sus administrados. Qué papelón…
Para papelón el del Psoe, el Pp ha hecho justo lo que debía. Demostrarle que la demagogia en política se paga. El psoe alcanzó la alcaldia prometiendo que iba a incumplir unos contratos, los de la zona azul y los de jardines. Pues venga valiente, ponte a ello.