El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abogado por un replanteamiento de la financiación en políticas sanitarias, solicitando la recuperación y potenciación de los fondos de cohesión, así como priorizando las políticas de innovación y precio de los medicamentos.
Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes de la reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad, celebrada este miércoles en el Ministerio del ramo y que ha sido presidida por la ministra Dolors Monserrat.
Fernández Sanz ha explicado que “desde Castilla-La Mancha seguimos reclamando una discusión a fondo, en el marco del Consejo Interterritorial, para tener una correcta financiación, si queremos tener una sostenibilidad en el sistema sanitario”.
Así, el consejero ha reiterado que “cada día que pasa y mantenemos el decreto 16/2012, damos una paso más en la inequidad del sistema, porque continúa la no universalización”, y ha contrapuesto las actuaciones del Gobierno con las actuaciones llevadas a cabo en Castilla-La Mancha. Como ejemplo de ello, ha explicado que en la región “hemos tenido que poner la tarjeta sanitaria universal y ya hemos emitido más de 3.500 tarjetas sanitarias a personas en situación irregular en este país”.
La descentralización de las competencias en atención sanitaria ha conseguido construir en nuestro país uno de los mejores sistema de salud del mundo, pero a la vez, con el actual sistema de financiación autonómica, la responsabilidad fiscal sobre el crecimiento del gasto sanitario público se traslada casi por completo a las comunidades autónomas.
El consejero ha afirmado que, en ese crecimiento del gasto, “hay decisiones que son competencia del Gobierno central, pero obligan a gastos adicionales a las comunidades autónomas, por ejemplo, la autorización de nuevos medicamentos y su inclusión en el catálogo de prestaciones cubiertas por la financiación pública; un asunto que es competencia central, pero la financiación es responsabilidad de las comunidades autónomas”.
En este sentido, ha explicado como ejemplo la cobertura de gasto para el tratamiento de la Hepatitis C, con un fuerte impacto en los presupuestos de las comunidades autónomas, que no ha sido atendido mediante compensación alguna en materia de financiación.
Por ello, desde Castilla-La Mancha se ha solicitado evaluar el impacto económico de los nuevos fármacos en el mismo trámite previo a su inclusión en catálogo, con la aprobación por el Ministerio de Hacienda de su financiación.
Asimismo, ha asegurado Fernández Sanz, que el Gobierno que preside Emiliano García-Page ha solicitado un debate en profundidad y en su caso la derogación, del Real Decreto-Ley 16/2012, que ha significado un cambio en la concepción de universalidad en el acceso a la salud pública, así como en diferentes aspectos que suponen una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país.
Desde Castilla-La Mancha se insiste en la recuperación del carácter presupuestario del Fondo de Cohesión Sanitaria, con el objeto de incrementar la calidad y la equidad del Sistema Nacional de Salud y que se le dote de los recursos económicos suficientes para que se garantice la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio nacional.
Finalmente, Fernández Sanz se ha alegrado de la regulación para la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios por parte de los profesionales de Enfermería, tal y como se ha venido demandando desde Castilla-La Mancha.