La consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Asuntos Generales, convocada en las Cortes de Castilla-La Mancha, al objeto de informar sobre la política a seguir en esta materia durante la presente legislatura.
En el contexto de esa intervención, la consejera ha explicado las competencias y política a seguir, definidas ambas en el decreto de estructura de la propia Consejería que establece las siguientes líneas de trabajo.
En primer lugar, la constitución de una Comisión de Coordinación y Seguimiento que implicará a los departamentos del Gobierno regional que trabajarán en la ejecución del Plan de Garantías Ciudadanas, y que, por tanto, estará integrada por representantes de las consejerías de Bienestar Social, Economía y Empleo, Educación, Fomento y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
En segundo lugar, ha indicado la consejera, se establecerá la coordinación de todos los organismos responsables de la gestión de las medidas del Plan de Garantías Ciudadanas para establecer el seguimiento de cada uno de los programas, prestaciones y acciones del Plan de Garantías Ciudadanas.
Asimismo, en estos primeros meses se desarrollará un proceso completo de diagnóstico y evaluación, tanto de la realidad de Castilla-La Mancha como del impacto económico y social de la implementación del Plan, para elaborar el proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha como consecuencia directa de los resultados del proceso anteriormente planteado.
Plan de Garantías Ciudadanas
El Plan de Garantías Ciudadanas se constituye como el eje central de la política a seguir desde la Consejería para su coordinación. Este plan se presenta como un mecanismo integral e integrador para garantizar las condiciones de vida de la ciudadanía en Castilla-La Mancha.
Condensa los diferentes programas, principios y procedimientos para que la Administración y el Gobierno de Castilla-La Mancha contemplen de forma general y conjunta tales derechos y objetivos, y aplica un enfoque integral e integrador que sitúa a la ciudadanía en el centro de la acción pública.
En cuanto al ámbito de aplicación, no se circunscribe a un único servicio o prestación de mínimo vital sino que garantiza las condiciones de vida. Estas garantías se concentran en tres: garantía de alternativa habitacional, garantía de suministros básicos del hogar y garantía de rentas. Con ello pretende abordar la pluralidad de causas y efectos de las dificultades de índole económica y social.
