El portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha denunciado que la “nefasta” gestión del equipo de Gobierno socialista les lleva a incumplir el propio Plan Económico y Financiero de la Administración Provincial y que ha provocado el bloqueo de 7,69 millones de euros.
En rueda de prensa, el portavoz popular ha denunciado que el bloqueo de este dinero afectará negativamente a los vecinos de la provincia de Ciudad Real pero ha pedido al equipo de Gobierno del PSOE que no asfixie aún más a los ayuntamientos obligándoles a ser los pagadores de esta mala gestión.
Fernández ha preguntado a quién culpará José Manuel Caballero de esta situación que se ha denunciado públicamente a través de un informe del Ministerio de Hacienda y ha recordado que el equipo de Gobierno solito ha incumplido la tarea que se autoimpuso y se ha puesto en evidencia. Además, ha preguntado cómo va a exigir el equipo de Gobierno a los ayuntamientos que cumplan con los plazos y justificaciones si el Ayuntamiento de ayuntamientos no cumple los compromisos adquiridos.
Al hilo de esta cuestión, ha recordado que el Grupo Popular ya avisó al equipo de Gobierno de que estaba incumpliendo el techo de gasto, al igual que la normativa sobre estabilidad presupuestaria, pero los socialistas ignoraron las advertencias realizadas.
Está convencido de que José Manuel Caballero y sus demás compañeros socialistas “están demasiado ocupados decidiendo junto a quién se posicionan para que luego no les pase factura y haciendo postureo”. Considera que se han olvidado de resolver los problemas de los ciudadanos y de distribuir el dinero que les llega del Gobierno de España, que es lo que realmente deben hacer, en vez de dedicarse a “salvar” a Emiliano García-Page y cubrirle las espaldas.
En otro orden de cosas, Adrián Fernández ha denunciado que la Inspección de Trabajo ha abierto un expediente al SCIS por permitir que el gerente acuda a trabajar de forma continuada estando de baja. Considera que se trata de un nuevo escándalo en materia laboral que debe ser aclarado inmediatamente tanto por parte del presidente del SCIS como por el propio José Manuel Caballero y que se deben pedir las responsabilidades políticas pertinentes.
