El sector de la Administración General del Estado del sindicato CSIF en Ciudad Real denuncia el «inmovilismo» de la Dirección General de Tráfico ante la convocatoria de huelga, a partir de mañana lunes, de los examinadores de Tráfico, a quienes apoya en sus movilizaciones, e insta al director general de Tráfico a poner encima de la mesa una oferta «que haga posible un acercamiento a los examinadores, con una actitud dialogante y no incriminatoria, y sin amenazas de servicios mínimos excesivos, ya que es su obligación velar por las buenas condiciones laborales de los empleados a su cargo».
En nota de prensa, CSIF recuerda que el colectivo de examinadores desconvocó una huelga en octubre de 2015 tras el compromiso de la Dirección General de Tráfico de subirles el complemento específico y que tras las alentadoras declaraciones del nuevo director general del organismo, Gregorio Serrano, en marzo de 2017, reconociendo como justas y necesarias las demandas de estos trabajadores, dos meses después no solo se desdijo y se excusó poniendo al ministerio de Hacienda como responsable del impedimento de dicha subida, sino que en un ejercicio de cinismo acusa a los examinadores de ser los causantes de la situación de conflicto.
Por ese motivo fueron convocadas huelgas los pasados meses de junio y de julio, con una participación del 80% de los empleados, y que en la provincia de Ciudad Real tuvo un seguimiento total entre los cinco examinadores, de una plantilla de diez, que hay actualmente en nuestra provincia. Un aviso que de momento ha caído en saco roto.
CSIF considera que quien sí tiene voluntad de acuerdo y ha movido ficha son los examinadores de tráfico, que tras haber anunciado una huelga indefinida a partir de esta semana, finalmente la van a llevar a cabo los lunes, martes y miércoles de cada semana, lo que demuestra su sensibilidad ante la necesidad que muchos ciudadanos tienen de obtener su permiso de conducir y, por otra parte, es una mano tendida a la Administración, para desbloquear la situación.
Falta voluntad política
Para CSIF, el problema no es otro que una falta de voluntad política, en este caso del ministerio de Hacienda y Función Pública para autorizar a la Dirección General de Tráfico a aumentar la asignación en concepto de productividad con remanente propio de este organismo, o bien que dicho ministerio autorice la modificación de la relación de puestos de trabajo en todos los colectivos de la Dirección General de Tráfico.
Cabe destacar, según CSIF, el apoyo que el resto de grupos políticos han mostrado a los examinadores de tráfico en sus demandas por considerarlas justas, dado los riesgos que padecen en el ejercicio de sus funciones, como agresiones físicas y verbales, estrés, accidentes o situaciones impredecibles, además de ser el único colectivo de empleados públicos que cada cinco años tiene que someterse a un examen de aptitud.
