El sindicato CSIF de Castilla-La Mancha se congratula de que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, anuncie que pedirá al PSOE y Podemos la retirada de la enmienda que presentaron al proyecto de ley de medidas administrativas y que CSIF pidió hace días fuera retirada de inmediato.
CSIF rechaza las afirmaciones del consejero sobre que dicha enmienda ha generado “confusión” y que ha habido “mucha demagogia” así como “que el objetivo de la enmienda es que quien ejerza una actividad pública, no vea perjudicada su carrera profesional cuando vuelve a su actividad normal».
El sindicato recuerda al consejero en una nota que los empleados públicos de la región vienen sufriendo desde 2012 la denominada “Tasa Cospedal”, única de España y que les resta un 3% mensual de su salario, sin que nadie de acuerde de su posible cobro retroactivo para que los empleados públicos recuperen lo que se les ha ido quitando mes a mes.
CSIF reclama al consejero Ruiz Molina explicaciones completas y suficientes sobre el porqué de esta polémica enmienda, que estaba previsto ser votada el próximo viernes en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes castellano-manchegas.
CSIF calificó de “desvergüenza política” la presentación, por PSOE y PODEMOS, de enmiendas de modificación de la Ley de Empleo Público de CLM, anunciando que, de no hacerlo, tendrían su total enfrentamiento y movilización contra esta fechoría veraniega, «que viene a incrementar los privilegios de la “casta” frente a los ciudadanos de a pie y que se ha hecho al margen de la Mesa General, lo que demuestra su desprecio a la legítima representatividad de los trabajadores».
Para CSIF, la enmienda que presentan estos “socios” de gobierno, modificaría la Ley 4/2011 de Empleo Público para dar carrera profesional, mediante la consolidación del grado personal más alto de su grupo, a todos los funcionarios que sean nombrados altos cargos de la Junta, alcaldes con dedicación exclusiva, presidente de diputación, diputados, senadores, directores generales, gerentes de empresa públicas, etc.
Además, su aplicación tendría carácter retroactivo, desde la creación de la Junta para los altos cargos autonómicos y desde que entró en vigor la Ley 7/2007, del 12 de abril, para el resto.
