El Gobierno de Castilla-La Mancha, representado por el viceconsejero de Economía, Empresas y Empleo, Francisco Rueda, se ha sumado hoy a la Estrategia para el Fortalecimiento de las Políticas y los servicios de Empleo que diez comunidades autónomas han rubricado como alternativa al borrador de la Estrategia Española para la Activación por el Empleo 2017-2020 que el Gobierno de España presentará en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se celebra mañana.
El documento, que es un decálogo que pretende convertirse en la hoja de ruta de la lucha contra el desempleo, se define como una Estrategia que debe asumir el reto del empleo “decente”, de la lucha contra la precariedad, los bajos salarios y la desprotección, el abandono de los jóvenes con menos cualificación y de los parados de larga duración y la lucha contra la desigualdad por razón de género y de la brecha salarial.
En esta misma línea, considera que las políticas de empleo deben pasar a ser entendidas como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, junto con sanidad, educación y servicios sociales y, por tanto, que su provisión debe ser una prioridad.
Del mismo modo, se hace una clara apuesta por la recuperación de las políticas activas de empleo de 2011 al considerar que las partidas dirigidas a los más perjudicados por la crisis, los jóvenes sin empleo y los parados y paradas de larga duración, es claramente insuficiente. Paralelamente, el horizonte de financiación debe converger con el gasto por parado de la media europea.
La Estrategia deberá incluir actuaciones integrales para los jóvenes y para los parados de larga duración y mayores de 45 años, las cuales deben disponer de una mayor financiación que la actual.
El quinto de los puntos sugiere que, con independencia de la mejora económica, debe establecerse una hoja de ruta para el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, los cuáles deben disponer de una financiación que permita contar con una estructura estable de plantilla acorde con la importancia del desempleo en nuestro país.
En opinión de todas las comunidades autónomas firmantes, las Oficinas de Empleo son la puerta de entrada a una oportunidad de empleo o a una mejora de sus posibilidades de empleabilidad a través de la orientación y la formación. De ahí que se proponga que la Estrategia Española de Activación debe reconocer el importante papel de las oficinas de empleo y acometer con urgencia un Plan de Innovación y Refuerzo de la Red de Oficinas Públicas de Empleo. Un plan consensuado con las comunidades autónomas y los agentes sociales que requiere mejorar procesos y recursos.
En este sentido, la Estrategia propone marcar ratios de técnicos para prestar un servicio personalizado y de calidad, en la línea con las exigencias la Comisión Europea. La convergencia con Europa también debe ser aproximándonos a los países más avanzados.
El sexto de los puntos del decálogo indica que se inicie el proceso de renegociación con las comunidades autónomas para posibilitar un incremento de la financiación de los recursos humanos de los servicios públicos de empleo. Ya que cualquier proceso de fortalecimiento de los servicios de empleo pasa por aumentar la estructura fija de las plantillas que atienden a los ciudadanos.
Otra novedosa propuesta es establecer un Plan de Innovación y Refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo 2017-2020 para que las oficinas de empleo dispongan de los medios humanos, económicos y tecnológicos necesarios para que pasen a ser un elemento central en los procesos de casación entre oferta y demanda laboral. Además, debe establecerse una hoja de ruta con sistemas de orientación/intermediación sectoriales que faciliten el contacto más próximo con los sectores productivos de cada territorio.
El octavo de los puntos considera que se debería respetar la autonomía de las comunidades en la gestión de las competencias que le son propias, que renuncie a la imposición de modelos privatizadores y que introduzca fórmulas plurianuales de gestión que permitan mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo.
Del mismo modo, y en aras de que las políticas activas de empleo sean más eficientes y visibles, se hace necesario extender y mejorar la protección por desempleo, de modo que un mayor porcentaje de trabajadores desocupados puedan tener acceso al sistema de protección por desempleo.
La Estrategia sugiere que se dialogue y consensue con los agentes sociales y con las comunidades autónomas una verdadera política de empleo para asegurar una salida justa de la crisis. En este sentido se critica que la propuesta de Estado central conlleve “precariedad” en el empleo, sea insolidaria, recentralizadora y privatizadora.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, junto a las otras nueve comunidades autónomas, considera que el análisis que hace el Ejecutivo central de la situación actual no hace ningún reconocimiento a las diversas realidades económicas, sociales y, sobre todo, laborales de cada territorio.
Las comunidades firmantes consideran que la estrategia Española para la Activación por el Empleo 2017-2020, que pretende sustituir a la anterior estrategia 2014-2016, no está diseñada como un sistema ambicioso para alcanzar un mercado de trabajo con empleo de más calidad, más inclusivo y con servicios de empleo fortalecidos. Del mismo modo argumentan que los rigores presupuestarios también han afectado al número de efectivos de los Servicios Públicos de Empleo. De ahí que se exija un modelo que tenga en cuenta el montante de población desocupada y que incorpore elementos de solidaridad territorial.
