Diciembre de 2016. Representantes de eldiario.es solicitan al Ministerio de Fomento datos referidos a modificados de la gran obra pública de los últimos años. Tratan de conocer, en una labor de control propia de la prensa ‒poco frecuente en España, donde los poderes económicos controlan los Grandes Medios de Persuasión y Propaganda (GMPP)‒ cuánto aumenta el precio final sobre el presupuesto de adjudicación de los concursos públicos entre 2008 y 2015, años durante los que el Ministerio de Fomento determina 30.000 millones de euros para dichas obras.
Por supuesto, el ministro, con el total apoyo del presidente que apela constantemente al cumplimiento de la Ley, se niega a responder. Después, el Consejo de la Transparencia, controlado por el Gobierno pero con un poco de vergüenza, apoya la solicitud del diario digital y obliga a Fomento a hacer públicos esos datos. Ignacio Escolar escribe al respecto lo siguiente: “¿La respuesta del Gobierno? Recurrir a los tribunales. Presentar un recurso ante la Audiencia Nacional para intentar que esa información no salga a la luz. Gastar recursos de la abogacía del Estado para que los ciudadanos no sepan cómo se emplea el dinero de sus impuestos” (eldiario.es, 10.7.2017).
Durante el pasado junio, por otra parte, conocemos que ocho ministerios pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios de comunicación en publicidad institucional, demasiadas veces sólo de autobombo. En 2016 eldiario.es hace una serie de preguntas, mediante el Portal de Transparencia, a trece ministerios sobre las inversiones en publicidad insertada en medios de comunicación desde 2012 a 2015. Ocho meses después, la única respuesta llega de Hacienda, que no da cuenta de sus campañas, sólo muestra las de la Agencia Tributaria, organismo dentro del Ministerio.
El resto de departamentos deniega la petición de información de manera coordinada, prestos a la orden del presidente del partido de la corrupción, y los responsables deciden acudir a la justicia ordinaria como “último recurso que les queda para poder seguir guardando estos datos, ya que el dictamen que les insta a darlos es de obligado cumplimiento” (eldiario.es, 4.6.2017). Por ejemplo, el Gobierno español gasta en 2015 casi 38 millones de euros en mensajes publicitarios en medios de comunicación. Y lo hacen con nuestro dinero, aunque se niegan a mostrar de qué modo pues podemos descubrir su radical sectarismo. Las tablas que acompañan el artículo muestran la situación para 2017.
En ese sentido, todavía se recuerda que gracias a una filtración pudimos conocer el gasto en publicidad de la recortadora máxima, María Dolores de Cospedal García, premiada con un ministerio. Mientras bajaba sueldos, despedía a miles de funcionarios o recortaba otros muchos gastos sociales, la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha pasaba, bajo su batuta, veintidós millones de euros a los medios de comunicación amigos (elplural.com, 15.12.2014). Por supuesto, la máxima cantidad, casi cinco millones de euros, para el amigo Méndez Pozo, constructor burgalés, dueño de las Tribunas de Castilla-La Mancha y de una serie de medios en Castilla y León. En el otro extremo Lanza, periódico decano de la Región, a quien la Fundación tiene a bien conceder inserciones publicitarias por valor de 968 euros. En radio, la SER recibe unos trescientos mil euros frente a la preferida COPE, emisora de la Iglesia, que llega a superar el millón setecientos mil.
Pero esa parcialidad no se encuentra sólo en el Partido Popular, la formación política más corrupta de la historia española. El PSOE, desde diversas administraciones, también la practica. Medios de comunicación hay que no reciben un euro de publicidad institucional pues son críticos con alguna posición de los gestores socialistas. Esa, por desgracia, es una práctica común en España. Se disfrazan demasiados datos del gasto público y los “cumplidores de la ley” hacen todo lo posible para ocultar cómo gastan nuestro dinero e intentan enmascarar caciquismos, amiguismos, ineficacias o malversaciones. Quieren disimular lo que sabemos, que están al servicio de poderes económicos y, demasiadas veces, de sus propios intereses. Así, en muchas ocasiones nuestro dinero se gasta en las diversas administraciones como si fuera de los propios gestores. Se niegan a dar cuenta del gasto de los fondos públicos, que son de todos, actuando como si de un negocio propio se tratara.
Lo escribe muy bien Ignacio Escolar en eldiario.es (5.6.2017): “A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, los datos del reparto de la publicidad institucional son secretos en casi todas las administraciones españolas. Con esos fondos, algunos políticos compran periodistas, portadas, editoriales, columnistas, tertulianos… Detrás de la opacidad en este reparto publicitario se esconde la principal palanca para controlar a la prensa: una poderosa herramienta para la propaganda y la censura”.
En esta línea, ayer mismo se produce la noticia de que el Gobierno de Manuela Carmena ofrece por primera vez a los ciudadanos los datos de inversión publicitaria del Ayuntamiento madrileño durante 2016, datos opacos con gobiernos anteriores, en prensa de papel, radio, Internet y digitales.
Miguel de Unamuno, parece que en una conferencia dictada en el Ateneo de Valencia en 1902, llega a decir que “La libertad no es un estado sino un proceso; sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Sólo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Sólo la imposición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia estriba”.
Isidro Sánchez
Desde el revés de la inopia
El destino del gasto público a la propaganda política (DIRECTA a medios de comunicaciones) o INDIRECTA (a asociaciones afines y muy activistas públicamente) es una práctica común de TODOS.
La transparencia es exigible, y debe ser exigida también por los medios de comunicación que realizan una valiosa función democrática de control político.
Pero no seamos ingenuos, existen más formas de realizar malas prácticas a la hora de financiar con fondos públicos a medios de comunicación o a activistas con protagonismo mediático (los cuales necesitan dinero para movilizarse), que no son transparentes.
Financiarse de fondos públicos o privados de países extranjeros (Venezuela e Irán), o aumentar exponencialmente las subvenciones a asociaciones con activismo político afines, como ha hecho Carmena, también son formas nada transparentes de sostener Medios de Propaganda propios.
PP, PSOE y los nuevos partidos también, presentan con carácter general falta de transparencia en su financiación y en la financiación de sus medios de propaganda, en cuanto tocan poder institucional.
LA INOCENCIA POLÍTICA NO EXISTE.
Así que no sea tan sectario Don Isidro.
O hace de analista o de propagandista.
Su artículo es un pseudo-análisis, no porque la información que facilita no sea cierta y su denuncia no esté fundada (su información y denuncia SON VERACES), sino porque su intención no es descubrirnos la realidad, sino describirnos una falsa inocencia en Podemos como partido político transparente.
Estamos en Europa, y aunque la democracia española sea joven, ya aprendemos a no fiarnos de nadie, especialmente de los que más presumen de honrados y nuevos.
El poder institucional corrompe porque hoy, como siempre ha ocurrido, en política fundamentalmente se meten los corruptos.
El clima de relativismo moral en la sociedad lo facilita enormemente. Se pueden encontrar equivalentes históricos (el Bajo Imperio Romano, la Baja Edad Media y Moderna, y actualmente esta Baja Edad contemporánea, todas estas edades comparten las notas de relativismo moral, crisis económica y descrédito de las instituciones).
Hombre si lo dices tu que escribias en el de 182.548 €…
Al final voy a tener más perspectiva histórica que Don Isidro…
Qué artículo más bueno. Por cierto que, si quiere uno saber hasta qué punto es mentirosa la prensa, basta con ver cómo interpreta cada medio los datos de ventas de sus cabeceras de la OJD (Oficina de Justificación de la Difusión). Les aseguro que no hay nada más ridículo, más deturpado ni más mentiroso o retorcido en el mundo. Ahí se ve bien claro hasta qué punto dependen de la publicidad para sobrevivir y hasta qué punto la publicidad es su negocio.
Efectivamente, el problema no está en la ‘publicidad institucional’, sino en los criterios con los que se reparte: un abuso casi constante que se esconde tras la falta de transparencia.
El soporte más favorecido es la televisión (36,8% del total), seguido por la radio (24,4%) y la prensa (17,8%).
El total destinado a campañas de publicidad de los diferentes ministerios fue de 116 millones de euros en 2016.
¿Publicidad institucional o fondo de reptiles?….
Se queja el que no recibe dinero. Como en las televisiones públicas, se queja el que no las controla. Cuando hay cambio en los gobiernos, sean estatales, regionales, locales… pues ponen a los suyos y se reparten el dinero. No hay más.
La supuesta intención o buena voluntad que el artículo pareciera contener no es tal. En realidad, se queja de a quién le han dado el dinero de la publicidad institucional. La prueba es lo contento que se muestra el articulista con el reparto hecho por doña Manuela Carmena. Baste decir que el medio que más dinero ha perdido en publicidad institucional en el reparto hecho por doña Manuela Carmena ha sido el grupo COPE, «la cadena de los obispos». Y recordemos que doña Manuela, esa mujer tan preocupada por los que pasan hambre y necesidades en Madrid y el resto del mundo, ha dedicado 1,3 millones de euros (unos dicen más, otros menos) a crear su órgano de propaganda, la Radio Municipal de Madrid.
El periodismo libre e independiente está en horas bajas en España desde hace mucho tiempo y gracias a todos los gobiernos de todos los partidos. Pero el estandarte de libertad que don Isidro alza es seguido por un ejército de libertadores que tienen el honor de haber sido felicitados por la Asociación de la Prensa de Madrid en los términos que siguen:
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha recibido una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo.
Considerados los testimonios y las pruebas documentales aportados por estos periodistas, la APM exige a Podemos que deje de una vez por todas la campaña sistematizada de acoso personal y en redes que viene llevando a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones.
Esta campaña ha sido denunciada por un grupo de informadores, que han aportado pruebas documentales y a los que la APM ha decidido amparar.
De acuerdo con esta denuncia, el acoso de miembros de Podemos se materializa de manera reiterada y desde hace más de un año en ataques a periodistas en sus propias tribunas, en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter.
Estas presiones también se realizan de forma personal y privada con mensajes y llamadas intimidantes.
El acoso pretende minar la credibilidad y el prestigio de estos profesionales, sometidos en ocasiones a un bombardeo constante de mensajes que intentan descalificar o ridiculizar su trabajo y recortar su libertad de información.
La APM considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia.
La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española.
Esta inaceptable campaña, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura.
La APM recuerda a Podemos que puede recurrir al derecho de rectificación cuando juzgue que una información incumple el necesario principio de veracidad, en lugar de atacar de forma inadmisible a su autor o al medio que la publica.
También es importante que todos los partidos sean conscientes de que la crítica respecto al comportamiento y las manifestaciones de quien ostenta un cargo público, aunque pueda molestar o herir, es legítima, de acuerdo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo.
La APM pide a los periodistas que resistan las presiones, vengan de donde vengan, en el convencimiento de que esta asociación les amparará siempre en la defensa de su derecho a la libertad de expresión y en su deber de ejercer la libertad de información.
También solicita a los medios que protejan y respalden a sus periodistas saliendo al paso de cualquier campaña que trate de impedir que los ciudadanos reciban información veraz, rigurosa, diligentemente contrastada y de interés público.
Solo una prensa independiente y sin miedo puede cumplir su misión fundamental de control del poder. Solo unos medios firmes en la defensa de la libertad de expresión pueden frenar las tentaciones de los poderosos de eludir la rendición de cuentas a la que están obligados en una democracia como la nuestra.
Madrid, 6 de marzo de 2017
Es muy fuerte la EXTREMA izquierda defendiendo la libertad de información….para sí.
Por supuesto, no para otros.
La opacidad d la financiación de Podemos, las subvenciones a sus asociaciones, el abuso de contratos menores para los suyos…
Y esa forma mafiosa de amenazar a quienes les quitan la careta…
Son Bildu.
Por favor haz un articulo sobre las muertes y la violencia de la policia de maduro, mecachis se me olvidaba, que los buenos son las fuerzas de seguridad y los malos los ciudadanos, anda lo contrario que aqui. La que tendriais montada si eso pasase en España, la plaza mayor se quedaba pequeña. Que mala pata tambien se te ha olvidado las » donaciones» de la generalitat a la prensa para consumar el golpe de estado.
El problema, seguramente, sea del sistema. Y más que nada estructural. Hoy en día hemos mejorado en todos los campos gracias al buen uso de la tecnología. Sin embargo, el campo de la economía sigue siendo el mismo desde hace siglos. Aprovechando la tecnología Blockchain, que salió a la luz con la aparición de Bitcoin, el sistema económico mundial podría modificarse y ser mucho más transparente.
De esta forma, cogiendo la idea del título de este artículo «El dinero es de todos, pero se niegan a aceptarlo» se podría aplicar en su totalidad. Todos los movimiento de capital quedarían registrados en un «Libro de Contabilidad de dominio público» y los que mandan, no podrían manipularnos como lo hacen.
En mi opinión, creo que la solución sería esa. Y con los tiempos que corren, creo que por ahí van a ir los tiros.
Un saludo.