GAS NATURAL FENOSA ha hecho entrega hoy de la documentación pertinente para el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en sus siglas en inglés) con el objetivo de que se le devuelva la compañía con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares.
El inicio formal del arbitraje se ha solicitado ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) que, al igual que el CIADI del Banco Mundial, está previsto como foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.
En la solicitud presentada, GAS NATURAL FENOSA se alza, entre otros, contra la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años; contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje.
Situación actual de indefensión e inseguridad jurídica en Colombia
La decisión de toma de posesión y de liquidación de Electricaribe y las demás acciones estatales contra GAS NATURAL FENOSA, tras activar en julio pasado los mecanismos de resolución amistosa de diferencias, son contrarias al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de las especiales condiciones en que ha de prestar su servicio, las cuales han sido obviadas por Colombia.
La actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país.
Además, constituye un claro paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión. La OCDE promueve el desarrollo de una regulación estable que proteja el correcto funcionamiento de las inversiones en los países miembros, algo que no se está cumpliendo en Colombia en el caso de Electricaribe.
A pesar de solicitar hoy el inicio del procedimiento arbitral, GAS NATURAL FENOSA mantiene su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.
Situación de mora y fraude consentida por el Gobierno
Colombia no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable y el pago de las citadas deudas.
Sorprende la falta de importancia que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que dictamina la liquidación, atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude. Es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 millones sólo en 2016), que incluye importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco legal y regulatorio que proteja suficientemente a la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar. En este punto conviene recordar que a finales del pasado año, la deuda de los clientes protegidos a los que no es posible cortar el suministro por imperativo legal superaba los 350 millones de euros.
Así, los actuales administradores designados por el Gobierno colombiano han informado que con su gestión, en el actual marco normativo y regulatorio, también prevén finalizar 2017 con un déficit de caja del orden de 85 millones de euros, lo cual demuestra que no existe un problema de gestión sino de marco regulatorio y han declarado públicamente que: “hay que cambiar la cultura del no pago, dando ejemplo desde los entes gubernamentales” (Presidente actual de Electricaribe, 8 de marzo de 2017).
