El Gobierno regional aspira a superar a lo largo de 2017 los 18 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de viviendas tras cerrar el ejercicio 2016 con 11,2 millones de euros destinados a la mejora de más de 7.000 viviendas tanto colectivas como individuales de Castilla-La Mancha.
El director general de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento, José Antonio Carrillo, ha comparecido hoy ante la Comisión de Fomento de las Cortes regionales para hacer balance del ejercicio 2016, en el que se han registrado importantes incrementos en las ayudas públicas concedidas tanto a la mejora de viviendas como a las familias con dificultades para hacer frente a las rentas de alquiler.
Según ha confirmado el director general, durante 2016 se ha producido un importante impulso a la rehabilitación edificatoria a través de las líneas que corresponden a mejoras en las zonas comunes de portales y al interior de los hogares. Estas ayudas, la mayoría dedicadas a paliar problemas de accesibilidad para facilitar la vida a personas con movilidad reducida o a realizar obras de mejora de la eficiencia energética, se han multiplicado por 64 en relación al montante que se dedicó en 2015 (176.000 euros) y multiplican por 277 el montante de ayudas dedicado en 2014, cuando el anterior Ejecutivo castellano-manchego destinó 40.730 euros.
Carrillo ha expuesto que la Consejería de Fomento tiene previsto continuar impulsando esta clase de políticas. Tanto es así que en 2017 el Gobierno regional ya ha previsto una partida inicial de 8,9 millones de euros, que se complementaría con otra aportación de similar cuantía desde el Ministerio de Fomento una vez que el Gobierno de España clarifique la prórroga del Plan Estatal de Vivienda, que caducó en diciembre de 2016 y que se encuentra prorrogado mientras se define el Plan que regirá entre 2018 y 2021. El director general ha confirmado además que las justificaciones de las obras en curso cuentan con una prórroga de seis meses, hasta el 30 de junio de 2017, para que no dejen de cobrarlas muchas comunidades de vecinos que no han podido certificarlas antes del final del ejercicio contable.
El director general ha hecho también mención al fuerte incremento que el actual Gobierno regional ha inyectado en la línea de ayudas al alquiler, pasando de 1.624 ayudas concedidas en 2014 a las más de 4.000 con las que se ha cerrado el ejercicio 2016, con un aumento en las aportaciones públicas cercano al 81 por ciento.
El responsable del área de vivienda ha explicado que en un solo ejercicio contable, el Gobierno que preside Emiliano García-Page ha gestionado más ayudas al alquiler que en toda la legislatura anterior y ha mostrado el compromiso de la Consejería que dirige Elena de la Cruz para continuar en esta línea, hasta el punto de que la convocatoria de 2017 es la que cuenta con mayor crédito inicial de todas las aprobadas en los últimos años. También ha explicado que por primera vez el Gobierno autonómico ha priorizado al colectivo de personas provenientes de una ejecución hipotecaria en la concesión de estas ayudas.
Además de los datos pormenorizados en política de Vivienda correspondientes al año 2016, Carrillo ha comunicado a los grupos políticos de la cámara autonómica las peticiones que Castilla-La Mancha elevó al Ministerio de Fomento durante la reunión de la Sectorial de Vivienda. La región solicitó al Gobierno de España que elevase del 3 al 5 por ciento la aportación estatal a Castilla-La Mancha dentro del Plan Estatal, recogiendo su realidad demográfica y territorial. El Gobierno regional también solicitó mayor flexibilidad en la gestión de las ayudas para que cada territorio pueda adecuarlas a su realidad, así como un plus de subvenciones a zonas que están perdiendo población.
Asimismo, se pidió que el Estado estudiase la recuperación de la subsidiación a préstamos hipotecarios de viviendas protegidas que se eliminó de la normativa nacional entre 2012 y 2013, así como una definición jurídicamente clara del concepto ‘vivienda vacía’ para facilitar a los ayuntamientos la adopción de medidas impositivas de penalización, o la reducción del IVA aplicado a las obras de rehabilitación edificatoria, pasando del 10 por ciento actual al supereducido del 4 por ciento. Según ha indicado José Antonio Carrillo, el Ministerio de Fomento no ha respondido todavía a éstas y otras demandas que fueron planteadas desde Castilla-La Mancha.
