La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real ha presentado esta tarde en rueda de prensa la campaña “La PAH en la calle”, que se concretará el próximo miércoles 22 de marzo a las 19 horas en el Antiguo Casino en una charla sobre las “consecuencias jurídicas y económicas de las cláusulas abusivas”.
La Plataforma ha organizado un acto informativo sobre los trámites y devoluciones económicas referentes a las cláusulas abusivas. Se trata, explicaba el portavoz del colectivo antidesahucios, José Luis Huertas, de ofrecer elementos y herramientas para plantear reclamaciones ante las entidades financieras. En ese sentido, señalaba que la propia PAH ha llegado a presentar reclamaciones de hasta 9.000 euros de devolución sobre gastos de formalización. Por otro lado, comentaba que las referentes a cláusulas suelo rondan entre los 3.500 y 5.500 euros.
Huertas adelantaba que en la charla que abordará la problemática de la devolución de las cláusulas suelo, los gastos de formalización o las estrategias que están siguiendo cada una de las entidades de crédito. A la vista de las últimas sentencias, recalcaba, se ha evidenciado la “gran mentira” que es una escritura de una hipoteca, “porque más del 50% de sus cláusulas están declaradas abusivas”.
La opinión de los afectados, “quienes corren el riesgo de tener una deuda de por vida o de perder su vivienda, no se tiene en cuenta, pese a ser la más importante y la que tiene más transcendencia”, lamentaba el portavoz de la Plataforma.
La campaña recorrerá todas aquellas localidades en las que la PAH de Ciudad Real atiende a un afectado, ya que sus miembros no se limitan a la capital, sino que llega hasta a 34 municipios de su entorno.
El pasado día 21 de diciembre de 2016, se abrió la veda contra eventuales abusos en los créditos hipotecarios, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de la devolución retroactiva de las cláusulas suelo.
Estas cláusulas suelo afectan a más de 3,5 millones de hipotecados, a millones de afectados por los gastos de formalización, a más de 60.000 hipotecados por las hipotecas multidivisas, a más de 1.300.000 personas por el IRPH, etc.
Si echamos una mirada al pasado reciente, podremos comprobar que España se dotó, básicamente, de dos instrumentos provenientes de dos tradiciones jurídicas ajenas a la nuestra, para la «movilización» (refinanciación de la hipoteca) y la «mobilización» (la transformación de las hipotecas en bienes muebles) de los créditos hipotecarios de cierta calidad: las «cédulas hipotecarias» (de origen prusiano, en el siglo XVIII) y los «bonos de titulización hipotecaria» (de origen norteamericano, desde los años setenta del siglo XX).
Durante el «boom inmobiliario», España llegó a ser la segunda emisora de «cédulas hipotecarias» (tras las alemanas Pfandbriefe) y también la segunda emisora de «bonos de titulización hipotecaria», conocidos en el mercado internacional con la denominación genérica de «mortgage-backed securities» (MBS).
El problema es que ambos adolecían de importantes deficiencias jurídicas que pusieron en riesgo nuestro mercado hipotecario.
La problemática del acceso a la vivienda, el deficiente funcionamiento de nuestro mercado de vivienda en alquiler, la animación a un fácil acceso al préstamo y las malas prácticas bancarias están en el origen de esta situación.
Pero, ¿dónde estaban la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España, la normativa europea MIFID, etc.?
Estas Instituciones fueron demasiado optimistas en sus alertas porque la construcción es un sector intensivo en mano de obra, porque el aumento del valor de la vivienda favorecía al votante medio que era propietario de su vivienda y porque el sector inmobiliario genera cuantiosos ingresos fiscales para el sector público.
El gobierno del PP se equivocó con su Ley de liberalización del suelo de 1998. Creía que con más suelo, aumentarían las viviendas y bajarían los precios. Craso error.
Los intentos del PSOE de fomentar la vivienda protegida y en alquiler con su nueva Ley del suelo de 2007 fueron totalmente ineficaces.
Ambos gobiernos fallaron y, de este fracaso, se debe aprender para el futuro. Un fracaso por el que procede pedir responsabilidades.
¿Quién controla al controlador?…
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