El Gobierno que preside Emiliano García-Page ha suscrito hoy sendas adendas a los convenios de colaboración que mantiene con los Colegios de Notarios y Registradores de la Propiedad de Castilla-La Mancha desde noviembre de 2016 y que posibilitarán la apertura de una nueva línea en el Programa de Intermediación del Ejecutivo Autonómico para dar cobertura a las familias de Castilla-La Mancha en los procesos de devolución del dinero cobrado de más mediante las cláusulas suelo incluidas en ciertos contratos hipotecarios.
Según ha explicado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma española que emprende una iniciativa “de mediación y asesoramiento” a los afectados por las cláusulas suelo. La Junta de Comunidades integra de esta manera la figura de la conciliación hipotecaria y registral que introdujo a finales de 2015 la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria. “Una vez más, el Gobierno de Emiliano García-Page se convierte en referente en toda España, un referente que lleva consigo la sensibilidad y la atención al ciudadano”, ha afirmado De la Cruz, en alusión a la creación de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria hace 17 meses para ayudar a las personas amenazadas de expulsión de su vivienda.
Todo el proceso será además gratuito para los reclamantes, que sólo tendrían que abonar los gastos derivados de escrituración pública o gastos arancelarios a que pudiera dar lugar la conciliación, caso de resultar satisfactoria. La atención a los afectados se producirá a través de la red de las seis Oficinas de Intermediación (las OIH situadas en las cinco capitales de provincia y Talavera de la Reina) puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico.
Mediante las ampliaciones de los convenios firmadas hoy por el presidente castellano-manchego con los decanos de Notarios, Luis Fernández-Bravo, y Registradores, Fernando Acedo-Rico, ambos Colegios adquieren el compromiso de asesorar a los consumidores afectados y de abrir procesos de conciliación con las entidades bancarias por los que se intentará evitar que tengan que acudir a la vía judicial para reclamar las cantidades pendientes de abono, lo que no sólo retrasaría el proceso de cobro, sino que significaría un importante menoscabo de la disponibilidad de los órganos judiciales de Castilla-La Mancha para impartir Justicia en otros ámbitos de su actividad ordinaria. Algunas organizaciones de defensa de los consumidores calculan en alrededor de 100.000 el número de familias afectadas en la región.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 se basa en una Directiva europea de 1993 para considerar que las entidades bancarias deben restituir las cláusulas abusivas contenidas en los contratos hipotecarios desde el momento de su firma, como son las cláusulas suelo, circunstancia que está concentrando miles de reclamaciones por diferentes vías.
Evitar la debilidad de los afectados
El procedimiento para la reclamación de estas cantidades cobradas indebidamente ha sido objeto de una regulación específica en el Real Decreto-Ley 1/2017 aprobado el pasado 20 de enero específicamente dedicado a esta materia. La consejera de Fomento considera que debido a la “complejidad técnica y jurídica” del caso, los afectados pueden quedar en una clara situación de “debilidad” frente a las entidades bancarias a la hora de formular sus reclamaciones, de ahí que haya considerado oportuno poner los recursos de Vivienda y Consumo al servicio de los afectados como mecanismos complementarios a los establecidos en el Real Decreto-Ley con la pretensión de dar efectivo cumplimiento a los fallos dictados en otros precedentes y evitar litigios innecesarios.
Además del asesoramiento, los Colegios de Notarios y Registradores se ofrecen en virtud de este acuerdo como conciliadores en caso de discrepancia entre la entidad financiera y el ciudadano consumidor. La vivienda objeto de la hipoteca sobre la cual se reclame deberá estar, en cualquier caso, situada en territorio castellano-manchego. En Castilla-La Mancha son 61 los Registradores de la propiedad y 130 los despachos notariales existentes.
A través de la adenda suscrita hoy por el Gobierno regional, quienes cuenten con cláusulas de esta naturaleza en sus contratos hipotecarios podrán elegir esta vía de reclamación de sus derechos. La Junta de Comunidades, tanto a través de la red de oficinas de Consumo (OMIC) como de las oficinas OIH se compromete a dar información sobre requisitos y efectos, evaluar cada caso concreto mediante el examen del contrato de préstamo suscrito y reclamar funciones de asesoramiento y conciliación con la entidad bancaria a los Colegios de Notarios y registradores cuando se confirme la existencia de estipulaciones abusivas o limitativas en el contrato.
A través de los profesionales de estos colectivos, Notarios y Registradores de la Propiedad, se propondrá una conciliación tendente a alcanzar un acuerdo que evite a los ciudadanos el tener que interponer una demanda judicial para reclamar las cantidades indebidamente cobradas. Luis Fernández-Bravo ha destacado que esta nueva vía de reclamación es “voluntaria pero no excluyente de otras”. Fernando Acedo-Rico ha señalado la “trascendencia” del acuerdo, que ha definido como “un plus” de ambos colectivos profesionales en la labor que desarrollan.
El programa de intermediación hipotecaria abierto por la Consejería de Fomento en octubre de 2015 ha atendido ya a más de 1.500 familias de la región con problemas para hacer frente a los gastos de su hipoteca. Al programa están adheridos ya más de 270 ayuntamientos y las diputaciones de Ciudad Real y Albacete, además de los colegios profesionales de la Abogacía, de Trabajo Social, de Notarios, de Registradores y el Consejo General del Poder Judicial. También están adheridas desde septiembre del año pasado las 87 OMIC dependientes de la Consejería de Sanidad y Consumo.
Por el momento, la red de oficinas OIH ha salvado de ser expulsadas de su vivienda a 46 familias de Castilla-La Mancha sobre las que pesaban órdenes de ejecución exhortándoles a abandonar su hogar. Desde hace unos meses, las oficinas también atienden casos de amenazas de ejecución por impago de las cuotas de alquiler, línea que ha dado lugar a una treintena de expedientes en las cinco provincias de la región.
