La nueva Ley de Ordenación del Territorio y del Paisaje de Castilla-La Mancha continúa superando etapas hasta su aprobación definitiva. Tras la publicación el pasado 17 de enero, y durante un período de un mes de la correspondiente convocatoria de participación pública, esta semana se ha reunido la comisión de seguimiento bajo la presidencia del director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad de la Consejería de Fomento, Javier Barrado, para continuar con los trabajos que a partir de abril alumbrarán, en primer lugar, un borrador y, a finales de la primavera, el documento final con el anteproyecto de la futura ley.
A esta primera fase de ejecución continuará una segunda a partir de julio, en la que se recabará la documentación complementaria necesaria y se introducirán las modificaciones pertinentes tras someter el texto al pronunciamiento de todos los sectores implicados, en los que figuran diferentes estratos de la Administración pública, los partidos políticos y los agentes territoriales más significativos, como grupos ecologistas, grupos de desarrollo rural y local, colegios profesionales, sindicatos, empresarios, centros de conocimiento e investigación, etcétera.
A través de tres objetivos
La ley pretende articularse a través de objetivos en lugar de mandatos, involucrando a agentes conocedores del territorio y bajo la colaboración con la escala local. Entre sus grandes objetivos figura la visibilización de la identidad a través del paisaje, el fomento de la cultura del territorio y el aprovechamiento de todo el potencial que puede ofrecer la región.
También propone trabajar en la cohesión territorial minimizando los desequilibrios entre sus comarcas, reactivando social y económicamente la Comunidad Autónoma y activando el patrimonio territorial contenido en los 110 espacios naturales protegidos y los dos parques nacionales existentes en Castilla-La Mancha. El Gobierno regional propone, además, una implicación y participación activa de la sociedad. Entre los marcos normativos de referencia para engarzar esta nueva ley a nivel nacional figuran textos como la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad o la Ley para el Desarrollo Sostenible del medio rural.
Mediante la Ley de Ordenación del Territorio y el Paisaje de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional regulará aspectos que ya figuran en la legislación de otras comunidades autónomas españolas, adecuándose al ‘Convenio Europeo del Paisaje’, que fue ratificado por España a finales de 2007. Este convenio recoge la necesidad de una protección y tutela, pero también de la activación del paisaje como elemento capaz de dinamizar el territorio, aspecto de un gran interés para el Gobierno regional.
La Dirección General se está apoyando en la coordinación técnica de Paisaje Transversal, una firma especializada en el desarrollo de proyectos innovadores con una larga experiencia en regeneración, tanto en entornos rurales como urbanos, donde la participación social ha sido un elemento esencial. En el equipo de trabajo figuran un geógrafo, un jurista, un equipo de expertos del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialistas en paisaje y patrimonio.
La región cuenta con normas dispersas y sectoriales al respecto que el Ejecutivo autonómico actual pretende compactar para dar cumplimiento a dicho convenio europeo y ampliar en función de las nuevas directrices continentales establecidas en la ‘Estrategia Territorial Europea’. Los tres objetivos de esta estrategia son la cohesión social y económica, la conservación y gestión tanto de los recursos naturales como del patrimonio cultural y el equilibrio en la competitividad del territorio dentro de la Unión Europea.
La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades inició en enero los trámites administrativos para someter a consultas públicas previas las futuras leyes del Suelo, de la Vivienda y de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunidad Autónoma. Se trata de un requisito establecido en el artículo 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es impulsar la participación ciudadana en la redacción que precede a la presentación de proyectos de nuevos textos legislativos que vayan a regir en el futuro.
