Los diputados nacionales del PSOE por Ciudad Real, Isabel Rodríguez y José María Barreda, han presentado una proposición no de ley (PNL), en la que exigen al Gobierno de Mariano Rajoy a aumentar “con urgencia” el número de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante la “alarmante oleada de robos” que se están produciendo en la provincia.
Una situación “extremadamente preocupante” que está sufriendo “día sí y día también” la población de las localidades más alejadas de los núcleos urbanos, en este caso sobre todo los municipios del Campo de Montiel, y que tiene mucho que ver con el “brutal recorte” de 577 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Castilla-La Mancha.
Isabel Rodríguez denuncia que en el caso de la provincia de Ciudad Real se ha producido una disminución de 132 efectivos, concretamente 61 agentes en la plantilla de la Guardia Civil y 71 de la Policía Nacional en los años de Gobierno de Rajoy, “una merma que está teniendo una incidencia directa en el mundo rural”, con las comarcas de Campo de Montiel y Cabañeros como ejemplo de las que recientemente han soportado más robos.
Si bien los casos más sonados se están produciendo en el ámbito rural, la diputada nacional del PSOE también ha lamentado los efectos igualmente negativos aunque menos visibles en el entorno urbano, en mayor medida en la Comisaría Provincial, tal y como vienen denunciando desde hace tiempo los sindicatos policiales, y todo ello “sin tener en cuenta las bajas por enfermedad, así como el personal que formando parte de su catálogo, se encuentra destinado en otro lugar en comisión de servicio”.
Ante esta realidad que “inquieta a la ciudadanía y preocupa sobremanera a los alcaldes y alcaldesas” de los municipios de la provincia de Ciudad Real, los parlamentarios socialistas reiteran su petición al Ejecutivo de Rajoy para que aumento los efectivos y refuerce las capacidades operativas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real, especialmente en la atención al medio rural y al campo, para que puedan alcanzar cotas de cobertura plenas de las distintas plantillas y especialidades, además de una mejora de las condiciones en las que actualmente prestan sus servicios los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Y es que, Rodríguez ha manifestado que “junto a la ciudadanía, los propios profesionales de la Policía y la Guardia Civil son las verdaderas víctimas de esta atropello en recursos humanos imprescindibles para garantizar la protección y la seguridad”.
Por último, Rodríguez y Barreda consideran en la PNL que la política de personal seguida en la administración pública desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de España hace cinco años “empieza a mostrar el desastre que ha tenido en servicios públicos esenciales como es el de la seguridad”, pues explican que la disminución de esas plantillas ha traído como consecuencia un incremento de delitos.
