La alcaldesa de Ciudad Real ha informado de que los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento están preparando la documentación sobre las soluciones técnicas al caso de La Pedregosa que se llevará a un Pleno extraordinario a lo largo de la primera quincena de marzo. Los vecinos afectados y los grupos políticos están al tanto, aseguraba Pilar Zamora.
El acuerdo, puntualizaba Zamora, «debe salir» con el apoyo de toda la Corporación y se dará el tiempo suficiente para que los grupos lo estudien. El Pleno, ha explicado, servirá para iniciar los trámites para una modificación urbanística puntual al objeto de regularizar el paraje de La Pedregosa. Sin embargo, ha remarcado Zamora, la decisión final estará en manos de la Justicia, que será la que en última instancia tendrá que pronunciarse. «El equipo de gobierno no ha dejado de trabajar para solucionar este problema desde el ámbito local», ha concluido.
Distinta es la opinión del portavoz del Grupo Municipal Popular, quien ha aseverado que en este caso pretender «ir de la mano» del equipo de gobierno, «porque el único fin es que no se derriben las casas de los vecinos de La Pedregosa». No obstante, le parece «lamentable» que el PSOE plantee ahora una solución que el anterior equipo de gobierno dejó «prácticamente hecha a expensas de una decisión de la Junta de Comunidades, que se paralizó a causa de las elecciones». Han tenido que pasar dos años para que en el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico «vean la luz» y retomen ese proyecto para la desafección de los terrenos de La Pedregosa. Hasta ahora, ha reprochado, Zamora «solo decía que no podía incumplir decisiones judiciales».
Las viviendas, explicaba Rodríguez, se tienen que demoler porque el suelo está protegido. Si esa protección dejara de existir, la autoridad judicial «no tendría interés en que esas casas se tiraran, puesto que sus propietarios ya han sido condenadas en firme y han cumplido sus penas». Derribar las casas, ha matizado, es una consecuencia civil de la condena.
Por tanto, ha detallado, el plan de innovación urbanística consiste en cambiar, con los instrumentos que establece la LOTAU, la tipología del suelo, que se puede hacer mediante una reforma general del Plan de Ordenación Municipal o bien a través una innovación parcial de una zona concreta. La decisión última depende de la Junta de Comunidades pero el impulso corresponde al Ayuntamiento de Ciudad Real.
Me parece correcto todo el apoyo institucional posible pero no vayamos a caer en la papanatería y en la ingenuidad.
Advierto que, en la Comunidad de Cantabria, por ejemplo, en el año 2015, el Tribunal Constitucional falló y estimó de inconstitucional el indulto urbanístico de la Ley del Suelo de Cantabria (2013) que pretendía introducir la figura de la autorización provisional para mantener las edificaciones con Sentencia firme de derribo hasta que se aprobaran planes urbanísticos que las legalizaran.
La Justicia tendrá la última palabra…