El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado hoy el convenio con Cruz Roja para llevar a cabo el Plan contra la Pobreza Energética 2017, “para garantizar como ya hemos hecho durante 2015 y 2016 que ningún hogar de la región se quede sin suministro energético por motivos de pobreza”.
El convenio ha sido suscrito por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, con el presidente regional de Cruz Roja, Jesús Esteban y es un ejemplo “de la colaboración entre el Gobierno regional y una entidad emblemática del Tercer Sector como es Cruz Roja”, para dar continuidad apoyo al Plan contra la Pobreza Energética, “que ha sido pionero en Castilla-La Mancha y en España, que ha atendido a 31.636 personas en situación de pobreza severa en 2016, de los cuales un 47 por ciento ha sido población infantil, unos 14.921 menores”, ha subrayado la consejera.
La consejera ha confirmado que se ha previsto una pequeña disminución de solicitantes de ayudas contra la pobreza energética, “porque queremos garantizar una renta mínima a todos los hogares en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, con la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas”. Así, las personas en situación de pobreza o en riesgo van a tener prioridad en los planes de empleo, porque hay una reserva del 25 por ciento de plazas para estas personas, “para garantizar a estos hogares una estabilidad, una garantía de rentas mínimas durante todos los meses, para que puedan tener esa calidad de vida mínima para sacar adelante a sus familias”.
Datos de 2016 y novedades en 2017
Aurelia Sánchez ha informado que en 2016 fueron beneficiarias del Plan un total de 8.492 familias que recibieron las ayudas económicas preventivas y 440 que se beneficiaron de las medidas protectoras acordadas con las empresas suministradoras, es decir evitar cortes de suministro durante la época invernal y la reposición inmediata del servicio en caso de producirse. En 2017 está previsto atender a lo largo del año a unas 6.500 familias.
En 2017 se mantiene la línea de ayudas económicas de 150 euros para apoyar a las familias que se encuentran en situación de pobreza severa en la cobertura de gastos de suministro energético, que se concederán a lo largo del año y no sólo en los meses de invierno.
Igualmente, se flexibilizan algunos requisitos de acceso a estas ayudas, ya que aunque se continuará exigiendo que la familia atendida tenga abierta Historia Social en los Servicios Sociales de Atención Primaria, no se le pedirá una antigüedad mínima como el pasado año, en que se fijó con antelación a noviembre 2015.
El Plan continúa estando dirigido prioritariamente a familias que se encuentren en situación de pobreza severa con menores a cargo entre 0 y 16 años y este año amplía el concepto de “excepcionalidad” que permita el acceso de otras familias, que pese a no reunir los requisitos, se encuentren en situación de extrema necesidad por circunstancias personales, relaciones y/o ambientales de la unidad familiar.
Estos planes deberían pagarlos las compañías eléctricas, aumentando los impuestos a sus beneficios.
Dice la Constitución Española que toda la riqueza del país está supeditada al interés general.
Es escandaloso que las leyes sean tan favorables a estas compañías y tan desfavorables a los ciudadanos que necesitan un suministro eléctrico que es básico para la subsistencia.