La consejería de Fomento de la Junta de Comunidades iniciaba ayer martes los trámites administrativos para someter a consultas públicas previas las futuras leyes del Suelo, de la Vivienda y de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunidad Autónoma. Se trata de un requisito establecido en el artículo 133.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es impulsar la participación ciudadana en la redacción que precede a la presentación de proyectos de nuevos textos legislativos que vayan a regir en el futuro.
Las diferentes convocatorias de participación han sido ya publicadas en el portal web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a fin de recabar la opinión de las personas físicas y las organizaciones más representativas que deseen aportar sugerencias a las futuras leyes. Los ciudadanos, organizaciones, asociaciones y colectivos que lo deseen pueden hacer llegar sus opiniones al respecto hasta el próximo 17 de febrero a través de dos buzones de correo electrónico. La cuenta de correo establecida para las futuras leyes de Vivienda y del Suelo es dgvu.fomento@jccm.es mientras que las sugerencias a la futura Ley regional de Ordenación del Territorio y Paisaje deberán enviarse a la cuenta de correo dgpts.fomento@jccm.es .
Por el momento, y en uso de los preceptos legales que regulan esta clase de procedimiento, la Consejería de Fomento se ha reunido ya durante 2016 con más de medio centenar de organizaciones cuyos fines entiende que guardan relación con las materias objeto de modificaciones legislativas. Entre estos colectivos figuran desde los sindicatos con mayor representación hasta la patronal, la Federación de Empresas Constructoras FERECO, las Universidades Públicas de Castilla-La Mancha, los colegios oficiales vinculados a la vivienda, entidades bancarias, la Confederación Regional de Asociaciones Vecinales, Asociaciones de Vecinos y Consumidores, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y un largo etcétera de organismos, ayuntamientos, colegios profesionales o empresas públicas.
La nueva Ley de Vivienda trata de establecer un nuevo marco normativo que regule las condiciones del derecho a una vivienda digna y adecuada tanto en las condiciones de acceso como en la garantía de permanencia en la misma tras los avatares introducidos por la crisis inmobiliaria en el acceso de la ciudadanía a un hogar. El Gobierno regional ha reiterado en distintas manifestaciones su voluntad de modificar un derecho que considera básico y esencial mediante una norma muy avanzada, así como de redirigir la acción pública hacia el fomento del alquiler y la rehabilitación del parque actual de viviendas.
Para la consecución de dichos objetivos se pretende, por un lado, preservar el uso y la función social de la vivienda, estableciendo las medidas necesarias para prevenir los desahucios de personas en riesgo de exclusión social o residencial mediante procedimientos previos a la ejecución hipotecaria o desahucio, y para incentivar que las viviendas deshabitadas en manos de los grandes tenedores (entidades financieras o empresas inmobiliarias) se incorporen al mercado de vivienda asequible, promoviendo el acuerdo y colaboración entre el sector público y privado.
Derecho a la vivienda
Por otro lado, se trata de articular medidas tendentes a garantizar el derecho a la vivienda, regulando adecuadamente la gestión del parque público de alquiler, diversificando la tipología de viviendas y sectores sociales que residen en los mismos barrios, estableciendo mecanismos de coordinación entre la administración autonómica y corporaciones locales e implementando otras medidas tales como la calificación permanente de las nuevas viviendas protegidas. También mejorando la gestión de los registros de demandantes y de viviendas con protección pública o estableciendo la creación de un “Observatorio de Vivienda” que permita disponer con garantía de datos estadísticos actualizados, fiables y de calidad para realizar un seguimiento permanente y efectivo del sector así como la evaluación constante de las políticas públicas.
Por lo que atañe a la Ley del Suelo, el Gobierno regional pretende poner orden en la dispersión normativa causada por recientes cambios a nivel estatal, propiciar crecimientos más sostenibles, acotar la sobreoferta de suelo urbanizable y fomentar las intervenciones en la ciudad ya consolidada, dotar a los distintos tamaños de municipios de instrumentos de planeamiento a su medida, simplificar y hacer más transparente la tramitación en requisitos y plazos o contribuir eficazmente a la reactivación del sector mediante el estímulo a las actuaciones de rehabilitación, renovación y regeneración de ciudades y pueblos de la región.
Mediante la Ley de Ordenación del Territorio y el Paisaje de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional regulará aspectos que ya han legislado otras comunidades autónomas españolas durante los últimos años, adecuándose al “Convenio Europeo del Paisaje”, que fue ratificado por España a finales de 2007. La región cuenta con normas dispersas y sectoriales al respecto que el Ejecutivo autonómico actual pretende compactar para dar cumplimiento a dicho convenio y ampliar siguiendo nuevas directrices continentales establecidas en la “Estrategia Territorial Europea”, cuyos tres objetivos esenciales son la cohesión social y económica, la conservación y gestión tanto de los recursos naturales como del patrimonio cultural y el equilibrio en la competitividad del territorio dentro de la Unión Europea.
