Nos empeñamos en valorar de forma tangible aspectos que contienen valores intangibles, y la educación es uno de ellos. En cierto modo, no puede ser de otra manera. La Educación es un derecho fundamental, y por tanto, el Estado debe velar por dotar de este servicio a millones de habitantes, mediante recursos económicos y una regulación legislada.
Así, sentamos toda la mañana desde muy temprano a los niños – casi contra natura – para instruirlos, y se evalúa numéricamente su nivel de instrucción mediante cuestionarios (trabajos, exámenes, etc.). No sé por qué se perdió el nombre de Ministerio de Instrucción Pública que antaño se usaba, más apropiado a la práctica de los centros docentes. La educación es una expresión de valor moral social o íntimo, transversal, que se puede inculcar o transmitir, pero que resulta imposible de medir o dictar a sus responsables fuera del ámbito familiar. Dicho lo cual, y para no inducir a líos, seguiré refiriéndome al término “educación” de forma común.
El informe PISA es un indicador de la calidad de la enseñanza de los países de la OCDE, basado en una comparativa de resultados entre distintos países. Una forma de evaluación externa que no pasa desapercibida para casi nadie, y que los sectores afectados utilizan en muchos casos para justificar sus posiciones previas, sean críticas o complacientes. No es que esté en contra de las evaluaciones, internas o externas, todo lo contrario, creo que en la falta de evaluación de muchas cosas en general está el origen de muchos problemas que no se corrigen. Pero, cuando uno se entera de cómo se realizan las pruebas de PISA, o de los intereses económicos que hay detrás de este tinglado (por no desviarme de mi propósito, recomiendo la lectura de este enlace) resulta que la evaluación de los evaluadores queda en entredicho. No obstante, parece que la solución idónea para mejorar los resultados consista en mejorar… la formación de los profesores. Acabáramos. Y por cierto ¿formación técnica o didáctica?
Teniendo en cuenta la amplitud del debate, estoy siempre atento a escuchar algo que nunca escucho: la relación entre la estabilidad laboral de las plantillas y la calidad de la educación. Y reconozco que me sorprende muchísimo que este tema no se aborde.
Las plazas de profesores en los centros públicos de educación, deberían estar ocupadas por los profesionales mejor formados del país. No creo necesario insistir en la responsabilidad social de esta labor. De ahí la razón y la necesidad de garantizar la estabilidad en el puesto. Sin embargo, muchas de las plazas de las plantillas de los centros están vacantes. Las Administraciones Públicas correspondientes, que son las responsables de corregir esta situación, deberían dotar de personal fijo a todos los centros. Ah, pero la ausencia de empleados fijos facilita la corrección de las ratios, suprimiendo plazas en tiempos de vacas flacas, y esto explique en parte el por qué. En cambio, lo único que se hace es poner parches: cada año se oferta un número muy limitado de plazas de profesor funcionario, número que no cubre las necesidades reales. Y en consecuencia, para cubrir estos huecos, surge la figura del profesor interino.
Todo comienza con la selección del profesorado. Desconozco cuál es el procedimiento para los centros privados, pero los procesos de selección para los centros públicos se hacen por oposición. De entrada, algo debe fallar cuando las baremaciones por titulación, formación, experiencia laboral y pruebas de oposición – que son determinantes – se concretan de diferente manera en sucesivas convocatorias. Al margen de esto, las pruebas deberían servir para evaluar su formación, tanto técnica como pedagógica. Considero la dificultad para confeccionar estas pruebas, pero de alguna manera la fórmula no me parece muy desacertada – a pesar de que siempre hay una serie de factores incontrolables que afectan al proceso – porque en la defensa de su ejercicio el aspirante tiene su oportunidad de comunicar y expresarse. Hay constancia de miembros de tribunales con comportamientos reprobables, falta de equidad, etc. Pero esto no se puede controlar previamente: los tribunales deben constituirse con personal competente en la materia; y si es difícil valorar la capacidad docente de los aspirantes, mucho más difícil resulta evaluar la capacidad del juez – es más, no se tiene en cuenta en absoluto. Es más, las condiciones que impone la Administración Pública a los miembros de los tribunales es cada vez más infame, al imponer un elevadísimo número de aspirantes para cada tribunal, lo que merma la capacidad de sus miembros – por muy bien capacitados que estén – y puede suponer un grave perjuicio tanto para los examinados como para los examinadores. Claro que, a la presunta perversidad del tribunal, a veces se contrapone la perversidad de algunos aspirantes, dispuestos a impugnar los resultados a la más mínima si le son desfavorables. Aunque se quiera poner bajo sospecha todo el sistema de selección, otorguémosle el beneficio de la duda, y pensemos que los profesores que obtienen plaza son aquellos que lo han ganado justamente por mérito propio.
Los profesores que no obtienen plaza, quedan en “bolsa”. Estas bolsas se renuevan después de las oposiciones, pero a veces no: a veces las bolsas se crean mediante pruebas selectivas, como unas oposiciones de segunda categoría. De nuevo vuelvo a poner énfasis en el hecho de que la Administración resuelva la provisión de plazas de forma coyuntural y chapucera, y no definitivamente. En ocasiones, se necesita urgentemente un profesor, pero la lista está agotada (una prueba fehaciente más de la incompetencia de la Administración Pública). Rápidamente se abre de urgencia un plazo para habilitar a nuevo personal; sin pruebas, basta con presentar una titulación. Así de simple, para acallar una emergencia, y sin fecha prevista para renovar las bolsas, se incluye en las listas a personas que no han demostrado suficiente mérito para desempeñar esta función. Y ahí seguirán año tras año, gracias a los puntos adquiridos por antigüedad. Pero de nuevo, otorguemos el beneficio de la duda a los profesores interinos, sea cual sea su procedencia.
Cuanta más preparación necesite un profesor en formación técnica, menos dedicará a su formación didáctica. La Administración incentiva la formación del profesorado, premiando la asistencia acreditada a cursos o cursillos de formación. No creo que sea fácil diseñar una oferta formativa atractiva, y por eso también se recurre a la formación interna en los propios centros mediante diversas fórmulas de colaboración entre miembros del mismo Centro. Sin embargo, a los docentes se les exige ser más maestros que profesores. Entiendo que la diferencia entre ambos es que un profesor es alguien que enseña una materia técnica en una parcela concreta, mientras que el maestro amplía esa parcela, por nivel o por materias. Aplicando el dicho de que “el hábito no hace al monje”, un profesor no es necesariamente un educador. La principal obligación del profesor es cumplir los objetivos y aplicar los contenidos correspondientes recogidos en la programación didáctica. La principal herramienta está en su habilidad como educador. Pero éste es un oficio que no se enseña, se aprende por la práctica. De hecho, no recuerdo haber visto de modo recurrente ofertas de formación del profesorado sobre alumnos con déficit de atención, o altas capacidades. Para ser educador, puedes guiarte de tus recuerdos, de tus vivencias, de consejos, de informaciones, pero la principal formación la da la experiencia. Y aquí quería yo llegar.
Un profesor motivado es la base de la mejor enseñanza. Da lo mismo que sea joven o viejo, fijo o interino, para enseñar un poquito no basta con saber ese poquito, hay que ampliar el campo; y cuando uno reconoce sus limitaciones, trabaja por superarlas, con la responsabilidad añadida frente a los alumnos, con la conciencia de que esa tarea no cumple un objetivo a corto plazo. No hay mayor satisfacción en la vida que ver que tu esfuerzo se traduce en resultados. Como tampoco hay mayor decepción que la falta de reconocimiento a ese esfuerzo. Esta falta de comprensión y reconocimiento a largo plazo (da lo mismo que sea joven o viejo, fijo o interino) genera frustración, desmotivación y falta de iniciativa ¿Qué calidad de enseñanza puede dar un profesor desmotivado?
Los profesores interinos son utilizados como mercancía de quita y pon, según el lugar que ocupen en la lista, nada personal: dentro del gremio constituyen la categoría inferior… (“puto interino”). Da lo mismo lo que se implique con el Centro o con los grupos de alumnos. Un año se aprende los nombres de todos sus alumnos, se adapta a ellos y viceversa, y al curso siguiente se le destina a otro Centro, y los alumnos han de adaptarse a otro profesor, y al año siguiente a otro ¿Cómo puede no afectar emocional y formativamente a los profesores – y a los alumnos – este estado de permanente itinerancia, de permanente incertidumbre? Si la antigüedad en el Cuerpo, así como la antigüedad en el mismo Centro, son dos apartados fundamentales para baremar la solicitud de traslado para un funcionario de carrera, cabría deducir que se trata de un valor real, y así lo creo yo. ¿Entonces, por qué no se aplican incentivos a la estabilidad en el trabajo, en la permanencia en el Centro, para los profesores interinos? Jamás he oído propuestas de los sindicatos en esta línea. Podría contemplarse, por ejemplo, la posibilidad de que los equipos directivos de los centros emitiesen algún tipo de informe documentado solicitando la continuidad de un profesor, no por su lugar en la lista o por amistad o clientelismo, sino por el impacto de la labor del profesor en el aula. Habida cuenta la ingente cantidad de profesores interinos, creo que antes que hablar de leyes (que daría mucho más que hablar) o de formación, habría que hablar de motivación del profesorado – y no solo económica – para ver su incidencia en la calidad de la Educación en el país.
Pares y nones
Antonio Fernández Reymonde
