Eusebio Gª del Castillo Jerez.- Además de apoyar las movilizaciones en la calle, como la convocada esta mañana por los sindicatos UGT y CCOO, Izquierda Unida de la provincia de Ciudad Real ha anunciado esta mañana su intención de presentar, en los ayuntamientos en los que cuenta con representación, mociones contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por «atentar contra la autonomía de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas».
Estas administraciones, ha señalado Miriam Salgado, responsable del Área de Comunicación, son las más cercanas al ciudadano y las que deben proteger los servicios básicos públicos. Con esta iniciativa, la formación marxista pretende que los ayuntamientos se comprometan a llevar a cabo un campaña para exigir al Gobierno central que determine de forma diferente el techo de gasto y, sobre todo, que cada ayuntamiento tenga autonomía para gestionar e invertir el superávit que genere.
Asimismo se ha referido a la campaña bajo el lema «¡Que no nos jodan la vida!», impulsada por IU a nivel nacional contra la precariedad laboral. «Reivindicamos un salario digno, empleo de calidad y seguridad para las pensiones», ha indicado Salgado. La responsable de Comunicación provincial ha advertido de que el bipartidismo «no se va a cortar ni un pelo» con las políticas de austeridad. «Como hemos visto, se ha aprobado el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado con un recorte de más de 5.000 millones de euros», ha destacado. Lo que, a su juicio, repercutirá en la clase trabajadora.
Al respecto, el coordinador provincial, Pedro Mellado, ha comentado que «resulta curioso» que el importe del recorte en servicios públicos sea similar al montante, también conocido recientemente, que los ciudadanos deberán de aportar para rescatar a la «oligarquía» de las autopistas privadas.
Presupuestos de la Diputación
En otro orden de cosas, Salgado ha informado de que IU solicitó el pasado 1 de diciembre una copia de los Presupuestos de 2017 con el objeto de presentar alegaciones dentro del plazo de 15 días que estipula la Ley. Sin embargo, desde esta formación lamentan que «a día de hoy» la administración provincial no les haya facilitado la documentación requerida, pese a que la solicitud se tramitó a través del registro electrónico.
