La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha asistido hoy junto con el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, a la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Fomento en Madrid. Este organismo se congrega con el objetivo de fijar posiciones conjuntas en relación al Plan Estatal de Vivienda, cuya financiación comparten la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013. Este hecho permite contar con un marco normativo general que palíe la conclusión temporal del plan actualmente vigente.
La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha acudido a la reunión con un documento de propuestas que considera interesante incluir en un futuro Plan que según trasladaron fuentes ministeriales al Gobierno regional, conservaría las tres líneas fundamentales que arman el plan actual: arrendamientos, rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación urbanas.
Eficiente ejecución
Según los datos que ha ofrecido la consejera, durante el año 2016 la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de Castilla-La Mancha ha conseguido alcanzar un alto porcentaje de ejecución de las previsiones del Plan, cosa que no había ocurrido en ejercicios anteriores. A fecha 31 de diciembre de 2016, la región podría incluso superar el 100% de los objetivos inicialmente previstos para la Comunidad Autónoma en el marco del referido Plan. La consejera ha explicado que en 2015 se alcanzó el 31,51 % gracias a las gestiones llevadas a cabo por el nuevo Gobierno regional en los escasos meses transcurridos hasta final de año desde la toma de posesión de Emiliano García-Page. El grado de ejecución en Castilla-La Mancha durante los dos primeros años (2013 y 2014) de vigencia fue del 0 %.
En este sentido, la consejera ha indicado que Castilla-La Mancha solicitará al Ministerio un incremento en la asignación con la que contaba en el Plan 2013-2016. De la Cruz considera que el 4% del total estatal actual no es suficiente, ya que la región tiene un 4,42% de la población española pero además representa un 15% del territorio. “Vamos a solicitar un incremento del 1%” como respuesta a las necesidades específicas de la región, “pero también porque hemos sido muy eficientes en la ejecución”, ha aseverado De la Cruz.
El Gobierno regional considera además oportuno que se permita a cada Comunidad Autónoma el desarrollo de los destinos y requisitos concretos a aplicar en el territorio, lo que permitiría a cada comunidad adecuar los recursos a su realidad y agilizar la gestión, lo que contribuiría a una mejora del desarrollo de los objetivos nacionales. Un aspecto concreto que quiere mejorar el Gobierno regional hace referencia al reparto financiero de las ayudas de rehabilitación, de manera que la línea 2 (que permite adaptar viviendas particulares) pueda destinarse a viviendas de tipología no colectiva, que abundan en el medio rural castellano-manchego. “Queremos flexibilidad para poder mover fondos de una línea a otra” en función de las necesidades, ha afirmado la consejera.
Castilla-La Mancha también plantea un cambio en los objetivos de eficiencia energética del Plan. Hasta ahora, para otorgar las ayudas de rehabilitación edificatoria en este capítulo se precisa una mejora mínima del 30% en la demanda energética del edificio. Tal exigencia produce un interés muy bajo de los propietarios o comunidades de vecinos para solicitar las ayudas, puesto que se precisan obras muy costosas. Recogiendo propuestas de colectivos profesionales como los Colegios de Arquitectos Técnicos de la Región, el Gobierno regional pretende que las ayudas se otorguen de manera proporcional a la energía ahorrada con la reforma.
Préstamos subsidiados
También solicita la Junta de Comunidades que se recuperen las ayudas a la subsidiación de los préstamos hipotecarios para la adquisición de viviendas protegidas, al menos para aquellos ciudadanos que las tuvieron concedidas en su día y que sucesivas normas estatales de 2012 y 2013 impidieron prorrogarlas. Este hecho ha puesto a muchas familias de la región en una situación económica muy difícil, al aumentar notablemente la cuantía de la hipoteca que pagaban anteriormente.
Las ayudas a la promoción de Vivienda o a la compra dirigidas a ciertos colectivos, son otras cuestiones que ha sugerido la delegación castellano-manchega. También ha instado al Ministerio a que promueva la reglamentación del concepto de “vivienda vacía” para aclarar vacíos normativos en la Ley de Haciendas Locales. Esto posibilitaría medidas de movilización de estas viviendas como el recargo del IBI desde los ayuntamientos.
La consejera de Fomento ha indicado a este respecto que es necesario que el Gobierno de España “clarifique y consensue” con las comunidades autónomas “el concepto legal de vivienda vacía” porque considera “injusto” que haya personas que no pueden acceder a un hogar mientras en Castilla-La Mancha hay cifradas unas 45.000 casas sin moradores. De la Cruz ha indicado “que es necesario que todas las comunidades autónomas tengamos claro el concepto para poder desarrollar nuestra legislación propia” y para aplicar medidas que ha tildado de “regeneradoras”, “nuevas”, “progresistas” y “modernas” en el campo de la vivienda.
Otros asuntos de los que el Ejecutivo Autonómico se ha hecho eco tras dialogar con representantes de distintos sectores productivos hacen referencia a la necesidad de que desde el Gobierno de España se adopten medidas fiscales para gravar la rehabilitación con un IVA supereducido del 4%, ya que en la actualidad es del 10%, así como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar y agilizar la toma de acuerdos vecinales en relación a la mejora de espacios comunes. El Gobierno castellano-manchego también considera procedente actualizar en la ley estatal la reserva del suelo destinada a vivienda protegida ante las dificultades de financiación y baja demanda que en el panorama inmobiliario actual tiene esta categoría de vivienda, así como la necesidad de firmar convenios con las principales entidades financieras que aseguren líneas de crédito preferente para obras de rehabilitación.
