Rosario Alises Valdelomar. Médica de Emergencias en Castilla-La Mancha.- A primeros de diciembre salieron los pliegos de licitación del Transporte Sanitario Terrestre de CLM, se publicaron en la página del Perfil de Contratante de la Junta y todas las personas interesadas en esta publicación 
acudimos a leerlos como palomas a las migas de pan, deseosas de encontrar esas mejoras tan anunciadas y tan anheladas, tales como la consolidación del empleo de los Técnicos de Transporte y Emergencias Sanitarios (después del despido arbitrario de decenas de trabajadores en el año 2012), la anulación de los llamados Dispositivos de Localización (que permiten la acumulación de horas de guardia a determinadas ambulancias), la progresiva modificación de condiciones para que la gestión del transporte sanitario pase a ser pública y la inclusión de las Cláusulas Sociales que el gobierno regional prometió para toda la contratación pública a partir de octubre de 2016.
Tras la lectura y relectura de los pliegos concluyo que mis esperanzas eran vanas y asisto asombrada –una vez más- a la desfachatez de nuestros gobernantes castellano-manchegos que en campaña dicen unas cosas y a la hora de la verdad hacen otras.
Era diciembre del 2012 cuando más de un centenar de trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario de Castilla-La Mancha recibieron un burofax en su domicilio diciéndoles que el contrato de trabajo se daba por concluido y se podían considerar despedidos a partir del día siguiente a la recepción del citado burofax. Con aquel atentado laboral comenzó una larga lucha de trabajadores y sindicatos que aún no ha concluido. El impacto emocional sufrido por los equipos de emergencias afectados fue brutal.
La disminución de plantilla dio paso a la creación de los llamados Dispositivos de Localización en virtud de los cuales un conductor de ambulancia podría acumular cien horas de guardia ininterrumpida localizada a cambio de un plus mensual con la consiguiente merma de su descanso obligatorio y la dificultad añadida de disfrutar de medidas de conciliación familiar; y esto lo hacía una empresa que presumía de tener medidas de Igualdad para sus empleadas y empleados. La medida, además de crear división entre compañeros, generó una dinámica perversa a la hora de responder a avisos de urgencia, cosa que se puso en conocimiento de la Gerencia para que actuara en consecuencia y que no surtió efecto.
Estábamos en marzo del 2016, entre campaña y campaña electoral, cuando se produjeron una serie de reuniones de representantes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha con asociaciones de profesionales y sindicatos en las que se solicitaba la formación de una Mesa de Trabajo para elaborar los pliegos de licitación del contrato de transporte sanitario y que en esa Mesa estuvieran representados los trabajadores, bien a través de colectivos de la sociedad civil, bien a través de los sindicatos o asociaciones profesionales. La respuesta del Consejero fue dada en sede parlamentaria diciendo que la Consejería era favorable a la formación de esa Mesa de Trabajo.
Y la última esperanza me la había dado la publicación reciente de la Resolución de la Junta obligando a incluir cláusulas sociales en todas las contrataciones públicas, entendiendo por cláusulas sociales las que tienen que ver con medidas medioambientales, de defensa de derechos y de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Miren ustedes por dónde, las medidas medioambientales que han contemplado no tienen que ver con vehículos híbridos ni con eficiencia energética en las bases sino con carrozados aerodinámicos y luces led; la defensa de los derechos laborales no tienen que ver con la eliminación absoluta de los dispositivos de localización sino con la ambigüedad en su aplicación, no tienen que ver con la garantía de puestos de trabajo sino con la disminución del número mínimo de trabajadores de plantilla hasta el punto que en el transporte no urgente hay la misma cantidad de vehículos que de trabajadores (¿qué clase de jornada laboral les espera?). Y por último, la cláusula de fomento de la Igualdad no tiene nada que ver con una utilización de lenguaje inclusivo en la redacción de los pliegos, ni con el compromiso de tener una plantilla paritaria, ni con las facilidades para introducir medidas de conciliación familiar. Al contrario, el lenguaje utilizado es descaradamente estereotipado hasta el punto de referirse –cuando son citados- a los médicos con el género masculino y a las enfermeras con el género femenino; solo se puede leer la inclusión de ambos géneros en una de las cláusulas del PCAP, la referida al fomento de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se ve que no se han acordado de la Guía para la utilización del Lenguaje no Sexista que la misma Junta de Comunidades editó en el 2015.
Pero es que, además, se está fraguando privatizar cada vez más el transporte sanitario abriendo la puerta a que determinados traslados sean realizados por taxis, contradiciendo el propio concepto de transporte sanitario que se rige por criterios de salud y no de economía.
Por todo ello y por la afrenta generalizada a los derechos laborales y el ninguneo de cláusulas verdaderamente sociales, es por lo que me uno a las protestas de los diversos colectivos laborales y profesionales del sector ya que a mí, como médica que trabaja en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y TRANSPORTE SANITARIO, acompañada de técnicos con los que me tengo que coordinar para realizar nuestro trabajo, me parece que desarrollar nuestra labor profesional en un buen ambiente personal y social y con buenas condiciones laborales garantiza un buen servicio a la ciudadanía.
