El Consejo de Gobierno ha acordado remitir a las Cortes de Castilla-La Mancha el Proyecto de Ley contra el Fracking que, a partir de ahora, iniciará su negociación parlamentaria en la que los grupos políticos “se tienen que poner de acuerdo”, ha manifestado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.
De esta manera, se cumple un compromiso electoral del presidente, Emiliano García-Page, quien ya se comprometió a impedir la práctica del ‘fracking’ en El Bonillo antes de llegar al Gobierno, ha recordado el consejero.
En este sentido, Martínez Arroyo ha insistido en que el Gobierno regional “cumple este compromiso electoral” y “también el de remitir a las Cortes este proyecto de Ley antes de que finalice el año 2016″. De esta manera, ha mostrado su confianza en que “a nivel nacional se den todos los pasos para que la práctica de fractura hidráulica se prohíba en toda España”. Y ha explicado que, una vez aprobado, “previsiblemente, esta primavera” se elaborará un Plan Estratégico para delimitar las exigencias a las empresas que quisieran realizar ‘fracking’ en Castilla-La Mancha. A día de hoy, el Consejo Consultivo ha devuelto el documento con observaciones y se han tenido en cuenta las alegaciones, aunque el Proyecto de Ley mantiene el compromiso inicial del Gobierno en la defensa del medio ambiente.
Una vez aprobada, sería la primera Ley de este Gobierno, después de la aprobación de los Presupuestos, que se posiciona en “defensa de las energías renovables frente a este tipo de prácticas que pone en riesgo nuestra biodiversidad, al tiempo que ha recordado que la industria agroalimentaria y la agricultura apuestan por un modelo sostenible y necesitan el agua.
Precisamente, en esta materia ha explicado que entre los inconvenientes para el desarrollo del ‘fracking’ está que es “muy exigente” desde el punto de vista de la utilización de agua y, evidentemente, “en Castilla-La Mancha hay muchas cuestiones pendientes en materia hídrica”, entre otras aquellas que realmente afectan a los ciudadanos de los municipios en las zonas más proclives a esta práctica, como la agricultura y la industria agroalimentaria que también tienen necesidades en materia de agua y que, ha subrayado, “son prioritarias y responden a un modelo de desarrollo rural sostenible que es por el que apuesta este Gobierno».
En cualquier caso, el consejero ha recordado que “la energía es competencia estatal” y, por tanto, se ha extremado la prudencia desde el Gobierno regional para impedir la técnica en la práctica a través del “endurecimiento de los requisitos medioambientales”, teniendo en cuenta el precedente de las comunidades autónomas que la prohibieron y que la Justicia no permitió. Martínez Arroyo considera que el Gobierno central debería prohibir la práctica en todo el Estado.
En esta materia, ha reconocido el papel de las plataformas ‘antifracking’ de Albacete y Guadalajara por su papel y su lucha tras la aprobación del inicio de proyectos de investigación por parte del Ejecutivo anterior en el Campo de Montiel y Guadalajara.
Contra el fuego
Otro de los asuntos del Consejo de Gobierno del que ha informado el titular de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha es la autorización para licitar los medios aéreos para la lucha contra los incendios forestales los años 2017 y 2018 con una inversión de 24 millones de euros en dos años. “Esperamos que suponga un ahorro de costes, debido a los precios que había hasta la fecha”, ha afirmado Martínez Arroyo, quien ha señalado que no se pudo hacer el año anterior porque existía un contrato con el anterior Ejecutivo, por lo que se ha licitado una vez concluidos los compromisos.
Este acuerdo permitirá renovar la flota y aumentar la capacidad de las unidades helitransportadas “para que puedan ir nueve personas, ya que en la actualidad solo pueden ir seis, en situaciones de máximas emergencia”. En total son, 17 helicópteros de transporte de brigadas, 1 helicóptero bombardero Kamov, 5 aviones de carga en tierra y 2 aviones de coordinación.
La restauración ambiental más importante
Por otro lado, Martínez Arroyo ha anunciado que “la semana que viene se va a retirar el último neumático de la parcela de Seseña”, con lo que la cifra final de ruedas trasladadas a un centro autorizado una vez finalicen las tareas de limpieza se acercará a las 10.000 toneladas. De esta manera, se cumple el compromiso del Gobierno regional “no sólo de la parcela de Seseña sino de todos los acopios de la región” que la Consejería quiere eliminar trabajando con la Comisión Europea dentro de la figura de la ‘compra pública innovadora’ para poder financiar su reciclaje.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a iniciar cambios en el Plan de Residuos de la Región que exigirá a las empresas de residuos que quieran instalar vertederos que ofrezcan “garantías financieras”; además, de la revisión de la política impositiva en materia de Medio Ambiente, para hacer cumplir aquello de “quien contamina paga”. En palabras del consejero, “vamos a hacer una auténtica revolución en materia de residuos para que Castilla-La Mancha sea un ejemplo”
En otro orden de asuntos, y a preguntas de los medios de comunicación respecto a que Castilla-La Mancha vaya a ostentar la representación de las comunidades autónomas durante el próximo semestre en el Consejo de Agricultura de Europa, el consejero ha asegurado que es “muy importante para una región como la nuestra”, en la que la industria agroalimentaria y la agricultura representan el 12 por ciento del PIB.
Asimismo, ha incidido en dos cuestiones fundamentales a tratar, como son el reglamento de Producción Ecológica, “muy esperado por nuestros productores y comercializadores” y, en segundo lugar, que se aborde la reforma de la PAC, “una política muy importante que nos supone 800 millones de euros en la región y estamos muy interesados en que se abra el debate lo antes posible y que España tenga una posición”.
Para satisfacer las necesidades de su «mix de energías primarias» (43,6% petróleo, 21,5% gas natural, 8,7% carbón, 12,2% nuclear y 14,2% renovables), España debe importar gas, petróleo, carbón, combustible nuclear y uranio.
Somos un país muy dependiente energéticamente del exterior (importamos el 72,9% de la energía que consumimos muy por encima de la media del 53,2% correspondiente a la Unión Europea).
En los Estados Unidos de América, la técnica del «fracking» ha convertido a este país en el primer productor de gas del mundo y en 2019 ya será el máximo productor de petróleo del planeta, por delante de Rusia y de Arabia Saudí. En 2035 habrá alcanzado la independencia energética.
Nuestra elevada dependencia energética supone un importante lastre para la economía del país. Como ejemplo, de enero a diciembre de 2014, el déficit comercial en concepto de productos energéticos supuso más de 38.000 millones de euros (más del 4% del PIB).
La mejora de la situación no pasa por prohibir el «fracking».
A mi juicio, se deben emprender actuaciones decididas de mejora del ahorro y la eficiencia energética (en los que vamos consiguiendo algunos progresos), propiciar la electrificación de nuestro sistema energético a partir del desarrollo de fuentes de generación autóctonas, fundamentalmente, de las renovables maduras y competitivas, sin olvidarnos de la nuclear y, finalmente, apostar por la exploración de hidrocarburos convencionales y no convencionales, tanto en tierra como en mar.
En realidad, la adecuada gestión de la dependencia energética, depende de la existencia de unos mercados eficientes y competitivos, bien regulados y conectados internacionalmente.
Por favor, no vivamos de espaldas al mundo. Tengamos amplitud de miras…