La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha revelado hoy que el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades ha presentado esta semana un recurso de reposición ante una providencia del Tribunal Supremo que pretende subordinar la toma de decisión sobre los Planes Hidrológicos a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la Demarcación del río Júcar.
El escrito presentado por el Ejecutivo regional intenta evitar que el recurso que el pasado mes de marzo presentaba ante los Planes Hidrológicos aprobados por el Gobierno de España en enero de este año quede aplazado hasta fecha indeterminada al someter el Tribunal su pronunciamiento a lo que decida el Tribunal Constitucional sobre el conflicto de competencias que planteó también el Ejecutivo autonómico intentando evitar los trasvases internos desde el Júcar en Albacete hasta el Júcar en Levante, posibilidad que recoge y consolida el nuevo Decreto de Demarcación de esta cuenca aprobado por el Ministerio de Agricultura en enero.
La Junta de Comunidades sostiene que vincular un pronunciamiento jurídico a otro sería condenar el recurso contra los planes hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana a no tener tiempo material de ser resuelto, ya que los ciclos de planificación aprobados por el Gobierno de España tienen un período de vigencia de seis años.
La posibilidad de que el Tribunal Constitucional resolviese al conflicto de competencias planteado por el Gobierno regional como condición previa a que el Supremo entrase en materia rebasaría, casi con toda probabilidad, ese período. Tal cosa equivaldría a que el recurso contra los planes hidrológicos no se resolviese antes de que se abordase el siguiente ciclo de planificación.
“Totalmente disconformes”
Según ha explicado hoy Elena de la Cruz “estamos totalmente disconformes porque de facto supone paralizar los recursos que ha presentado el Gobierno regional” contra los Planes Hidrológicos. La consejera ha apuntado que el Gobierno de Emiliano García-Page luchará con todas las armas jurídicas a su alcance para que se desvincule una cosa a la otra, ya que es la única manera de que la Justicia pueda revertir el contenido de unos planes hidrológicos absolutamente nocivos para Castilla-La Mancha.
A juicio de De la Cruz, el problema de origen estriba en que el Ministerio de Agricultura mezcló en un mismo documento tanto los planes como el decreto de Demarcación del Júcar, algo que ya advirtió en su momento suponía un problema para la defensa selectiva de los derechos hídricos de la región.
La Junta de Comunidades se mostró en su momento muy crítica ante el hecho de que el Gobierno de España no sometiese a votación los planes hidrológicos por separado durante el Consejo Nacional del Agua de septiembre de 2015. “No nos dejaron votarlos por separado, sino que nos hicieron votarlos en conjunto. Se coartó nuestra libertad”, ha dicho la consejera, lo que impidió emitir pronunciamientos desfavorables selectivamente y desde el primer momento a los múltiples planes hidrológicos que se discutieron. Posteriormente, en enero de 2016, el Ministerio repetía “la artimaña” jurídica “que nos parece inaudita”, afirma la consejera, cuando publicaba todos los acuerdos juntos en el BOE, aunque en diferentes anexos.
La consejera considera que la visita de los europarlamentarios al Tajo y su posterior informe son claros respecto a las deficiencias técnicas de ese plan en concreto, algo que evidenciarían los tribunales si entrasen en materia, cosa que reclama con inmediatez porque “no podemos esperar seis años o más a que se pronuncie el Tribunal Constitucional con el Decreto de Demarcación del Júcar”. Por eso “pedimos al Tribunal Supremo que recapacite y se pronuncie cuanto antes. Se está haciendo mucho daño a nuestros ríos, a nuestra Comunidad Autónoma”, ha remachado.
