Eusebio Gª del Castillo Jerez.- El presidente de Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real (EMUSER) y concejal de Ganemos, Jorge Fernández, ha confirmado que se han notificado prácticamente todas las sentencias relativas a las denuncias de los extrabajadores de la televisión municipal, con idéntica condena al Consistorio por despido improcedente, obligando a readmitir o indemnizar a los afectados en un plazo de cinco días. La coalición celebra que, tal como anunció ayer la portavoz municipal, el equipo de gobierno haya optado por readmitir a los seis trabajadores.
Jorge Fernández ha resaltado la «concatenación de contratos fraudulenta» con unos profesionales que, «de facto», trabajaban para el Ayuntamiento de Ciudad Real. En su opinión, carecería de sentido la sentencia o proceder a indemnizarles, puesto que «son necesarios para que se siga prestando el servicio de forma continuada».
Las sentencias, asevera, confirman la tesis de Ganemos de que es posible remunicipalizar los servicios públicos, y hacerlo, además, subrogando a los trabajadores. Sientan, considera, un «precedente positivo» para el resto de servicios, cuya remunicipalización aún está pendiente.
Vuelta a la opción de la empresa pública
Según el concejal de Ganemos, el Ayuntamiento «no podría haber reconocido el derecho de los trabajadores hasta que no naciera la obligación legal de readmitirles a través, por ejemplo, de las sentencias que están siendo notificadas». Por eso se propuso en su momento la opción de la empresa municipal, ya que ofrecía «una posibilidad jurídica» para reconocer la continuidad de los puestos de trabajo.
El informe de Intervención «paralizó» aquella posibilidad y, «desgraciadamente, hubo que continuar con el procedimiento judicial, aunque al final ha tenido un resultado positivo».
Por otro lado, Jorge Fernández opina que no será necesario que el resto de trabajadores de las empresas concesionarias que prestan los servicios a remunicipalizar acuda a la vía judicial. El informe de Intervención, ha recalcado, ya no es el único documento sobre el que trabajar, después de la respuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las consultas sobre el proceso por parte del equipo de gobierno. «El problema radica en que la famosa Ley Montoro pone impedimentos a los ayuntamientos a la hora de decidir cómo prestan los servicios y de aumentar las plantillas para poder hacerlo», ha señalado. En referencia al escrito, considera que el Ministerio «se ha reafirmado en la posición del Partido Popular de privatización de los servicios, impidiendo las contrataciones de empleados públicos y negando la posibilidad de utilizar la vía del Ayuntamiento para gestionar los servicios en manos de empresas privadas».
No obstante, esta respuesta del Gobierno resta preponderancia al informe de Intervención, ya que se basaba «en la hipótesis de que se podría ampliar la plantilla municipal bajo una autorización del Ministerio, que no ha sido concedida». Por lo tanto, concluye que se debe retomar la vía de la empresa municipal, subrogando a los trabajadores. A través de la sociedad mercantil pública «se dispone de la suficiente capacidad para reconocer una subrogación mediante una conciliación previa, sin necesidad de llegar a juicio, cosa que en el ámbito de la administración pura y dura del Ayuntamiento resultaba más complicado sin incurrir en prevaricación».
Por ello, insiste, la nueva información sobre la mesa permite retomar la vía de la EMUSER (antigua Emusvi) como posible solución. Además, hace hincapié en que existiendo sentencias que ya hablan de «subrogación» de trabajadores que han estado prestando servicios al Ayuntamiento, «será más fácil» llevar a cabo las siguientes «con las suficientes garantías jurídicas».
Preguntado acerca de la duración del proceso, ha recordado que algunos de los contratos con empresas concesionarias están prorrogados, y que así deben continuar, porque los servicios «no se pueden dejar de prestar».
No obstante, ha matizado que el de Ciudad Real es el ayuntamiento de las capitales de provincia españolas que más ha avanzado en este proceso de remunicipalización de servicios. «Vamos abriendo el camino al resto y avanzamos a buen ritmo», ha asegurado, aunque dé la impresión de que el proceso «se eterniza». El edil de Ganemos fija de plazo «el marco de esta legislatura». En ese sentido advierte de que las decisiones se deben tomar «en el momento oportuno» y con toda las garantías «para que no exista problema ni en la prestación del servicio ni en los derechos de los trabajadores». No se puede repetir la situación de los trabajadores de la televisión, ha manifestado.
Una televisión sin injerencias del equipo de gobierno
Es el momento, concluye Fernández, de que se comience a hablar de una televisión municipal libre de influencias políticas, en la que los trabajadores puedan realizar sus funciones sin injerencias del equipo de gobierno. «CRTV dispone de trabajadores y de medios materiales para realizar sus funciones directamente por el Ayuntamiento».
El edil de la coalición de unidad popular ha recordado que el PSOE se comprometió en el acuerdo de investidura a la creación de un consejo de televisión municipal en el que estuvieran representados los propios trabajadores del medio y el conjunto de la sociedad ciudadrealeña. Un órgano cuyo objetivo sería «decidir de forma democrática y colectiva cómo construir una televisión plural».
«Soy el Sr. Lobo, soluciono problemas»
A mi me surge la duda de… Que si la ley de estabilidad presupuestaría, pone techo de gasto…¿de que partida presupuestaria, sin que con ello aumente el gasto, se van ha pagar las infraestructuras necesarias (herramientas, vehiculos, maquinarias, ropa, epi’s , etc, para llevar a cabo los servicios?
Pero si todo era una mentira electoral. Una vez metido el voto, nada de lo prometido.
Con el fin de disipar algunas dudas, cabe comenzar señalando que, como es conocido, y si realizamos una rápida mirada a la historia, en el siglo XIX fueron empresarios privados los que prestaron la mayoría de los servicios públicos que hoy conocemos como tales y que precisamente se encuentran en el punto de mira en estos momentos para ser, en la terminología al uso, “remunicipalizados” (agua, residuos, transporte, etc.). Y fue, precisamente, la baja calidad con que se prestaban los mismos lo que motivó que progresivamente fueran los municipios lo que se hicieran cargo de su gestión en prácticamente toda Europa.
También en España aconteció similar fenómeno y de esta forma, en los primeros años del siglo XX, aparecerán sociedades mercantiles constituidas por los Ayuntamientos para la prestación de servicios públicos. El Estatuto Municipal de Calvo-Sotelo, aprobado por Real Decreto-Ley de 8 de marzo de 1924, dará carta de naturaleza a la fórmula.
El término “remunicipalización”, y su correlativo impacto sobre el personal, implica un análisis, que si en principio podría parecer sencillo, resulta, sin embargo, de mucha mayor complejidad. Tan solo desde el punto de vista jurídico abarca tanto normativa de Derecho Público como de Derecho privado lo que justifica el presente estudio a caballo entre dos ramas del ordenamiento jurídico, pero lo que es más grave dichos marcos normativos no siempre son conciliables entre sí. Y es que, como sabemos, el actual marco jurídico español no ha resuelto satisfactoriamente cómo hacer compatible el principio de estabilidad en el empleo del personal fijo de los servicios que fueran objeto de reversión al campo público, con los principios que de contrario presiden el acceso al empleo público, y que como también sabemos están constitucionalmente protegidos.
La solución ha venido de la mano de una jurisprudencia, la que crea el denominado “indefinido no fijo” que, además, de haber evolucionado en el tiempo sustancialmente no siempre ha sido coherente ni sistemática.
En realidad, y conviene aclararlo en este inicial momento, son cuatro los orígenes fundamentales de la obligación de subrogación en las relaciones laborales que se mantienen con los trabajadores: la sucesión de empresas derivada del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores; la denominada sucesión de plantillas, fundamentalmente, de creación jurisprudencial; la subrogación que se deriva de un convenio colectivo que prevé dicha obligación; y, por último, la subrogación como consecuencia de las previsiones contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas derivados de una contratación pública o del incumplimiento del propio contrato en la denominada “cesión ilegal de trabajadores”.
El supuesto de que una Entidad Local opte por la prestación de un servicio público a través de una sociedad mercantil pública, ha de poder disponer del personal necesario para llevarlo a cabo, pues en otro caso, si se considera que la D.A 15ª de la LPGE 2016 impide a la Entidad Local optar por la prestación de un servicio público en la modalidad contemplada en el apartado d) del artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, este precepto quedaría vacío de contenido.
Por todo ello, debo concluir que la previsión contenida en la D.A. 15ª de la LPGE 2016 fija condiciones y requisitos para los casos en que una sociedad municipal va a incorporar nuevo personal en el ámbito de su actividad pero no supone un impedimento para que la sociedad asuma nuevos servicios con el personal que se encuentra adscrito a los mismos.
Por tanto, una sociedad mercantil de capital público es una posibilidad perfectamente legal a la hora de gestionar un servicio público.
Al final, la “remunicipalización” cada vez está más cerca. Lo prometido es deuda y, al parecer, se cumplirá.
¿Eh?
Hay que recordar que el Estatuto Básico del Empleado Público contempla el simple concurso de méritos como sistema de selección del personal laboral y que, en principio, los trabajadores inmersos en procesos de remunicipalización pueden acreditar sobradamente su capacidad para el desempeño del trabajo.
El consenso neoliberal se agrieta lenta pero inexorablemente como consecuencia de la crisis económica. En este contexto, la remunicipalización de los servicios públicos plantea diferentes desafíos de orden laboral y presupuestario, pero hay alternativas que permiten avanzar hacia un nuevo paradigma de gestión municipal. Es importante cumplir con los compromisos contraídos con la ciudadanía, so pena de frustrar las esperanzas depositadas en los gobiernos del cambio. En el horizonte, la necesidad de una reforma legislativa que facilite la reversión de los servicios públicos a la Administración, garantizando en todo caso la estabilidad y los derechos de los trabajadores afectados. Se trata, en definitiva, de remunicipalizar los servicios públicos protegiendo a los trabajadores, en la perspectiva de una nueva hegemonía postneoliberal…
Creo que está bastante claro…
Dudo Charles que si lo que se presta es un servicio esencial de los contenidos para los Ayuntamientos en la Ley de Bases de Régimen Local, se pueda prestar con una sociedad mercantil de capital público.
Una sociedad mercantil de capital publico compite con otros agentes del mercado, se somete a las normas de competencia y no puede ejercer autoridad pública alguna.
Eso es muy rebuscado Charles, no veo que esté justificada la asignación de servicios públicos locales a una empresa mercantil, no un organismo autónomo como un ente público empresarial, que tampoco lo justifica.
El gobierno local se ha colao y la ha colao.
Y vuelvo a denunciarlo aunque nadie lo haga, lo que es un atropello es que la gestión tributaria local esté siendo ejercida por una empresa que no es que no sea ya pública, es que interfiere en el celoso desempeño de potestades tributarias que no se pueden delegar ni de forma directa ni indirecta.
Hoy por hoy, la gestión tributaria local es MAFIOSA.
De acuerdo con Angel Manuel, no es de recibo que siga siendo privada y mal gestionada -además- la gestión tributaria y que de este importante servicio no se haya hablado de remunicipalización.
Como no tiene sentido lo declarado por el presidente de la emusvi, sobre la remunicipalización y el futuro de los trabajadores de las empresas. Y él lo debe saber.
Según lo leído en este mismo medio, el informe que «tenian oculto» del ministerio de hacienda lo que dice es que «no cabe la subrogación aunque puede haber excepciones».
Que la solución es hacer la gestión directa y los servicios esenciales -limpieza, alumbrado, jardines, …- si cuentan con la posibilidad de crear plazas para cubrirlos, dentro del techo de gasto y la limitación de la ley. No así en los servicios no esenciales, como el caso de la televisión.
Tampoco veo lo que contempla la sentencia de los trabajadores de la Tv «sucesión de empresas», no, ha terminado el contrato con la empresa X que prestaba el servicio éstos trabajadores son de esa empresa, con lo que es ella la que tiene que hacerse cargo de ellos (indemnizar, readmitir…).
Cuantos rollos nos cuentan y nos lo tragamos.
¿Eh?
Sr Charles:
Despues de leer atentamente sus dos extensos comentarios, cargados de reales decretos, sigo sin tener una respuesta clara a mi duda. Tal vez sea culpa mia o tal vez sea que su respuesta sea tan clara y concisa como la de un politico. Como veo que usd esta muy interesado y procura informarse, permitame remitirle de forma directa y personal mi duda. ¿como va a soportar la entidad publica EMUSER, que se alimenta economicamente de partidas presupuestarias del ayuntamiento, el exceso de gasto inicial para proveer a los distintos servicios a remunicipalizar, de los materiales y herramientas, sin exceder el techo de gasto marcado por la «ley Montoro?.
Sencillamente, todo este asunto es un disparate jurídico y económico que no se sostiene y que les deja con el culo al aire.
Hay formas de llevarlo a cabo sin tener que recurrir a la aquiescencia del Sr. Montoro.
De una cosa sí es culpable Montoro y se le puede reprochar. No ha sido capaz de haber apretado las clavijas a las autonomías, por eso las cuentas no le salen, pero sí se atreve con los municipios.
El gobierno central funciona por inercia y está desnortado. Carente de espíritu reformista nos engaña sobre su verdadera capacidad para la gestión.
Los que tiene enfrente son aún peores, pero ese será su consuelo, no el nuestro.
Usas el mismo lenguaje de los secesionistas. Eso de que la ley, se cumple si bueno, ya veremos,
Sr. Flipando, le doy una pista: ¿se encuentra el Ayuntamiento de Ciudad Real, como Entidad Local, sometido a algún plan económico-financiero o a algún plan de ajuste, actualmente?…
Pues no se por que los juzgados han dictamniado que el psoe y podemos mienten.
Si. A la ley de estabilidad presupuestaria, al tope de gasto, independientemente de sus ingresos.
Charles, a veces «la justicia no es precisamente justa», no lo olvides,y después de las parrafadas que has excretado me resulta curioso que veas con buenos ojos, bendigas, aplaudas y justifiques una sentencian que en definitiva y por irresponsabilidad política clara,perjudica a el bolsillo del contribuyente, al tuyo y al mio. Y lo mas grave del asunto es que tratándose de dinero público, el político ni se planteé recurrirla…vamos de locos.En fin, de todo esto me resulta paradójico una cosa, y es el ver al señor Fernández despechándose por unos trabajadores que en su día, y si miento me corriges, no hicieron precisamente lo mismo por él o por su antecesora Carmen, y puedes consultar hemerotecas a ver cuanta información generaron de Izquierda Unida o de Ganemos. Simplemente eso, y que conste que no tengo nada en contra de ellos, están en su derecho de reclamar lo que consideren, faltaría más.
Charles es el copia pega del Psoe en Internet. Tiene que consultarlo en la Wikipedia y en sus responsables del partido.
Lo de Charles está entre el disparate y la demencia. Pretende resolver problemas del siglo XIX en el año 2016, ¿pero qué broma es esta? Ojo al dato, señores:
«…si realizamos una rápida mirada a la historia, en el siglo XIX fueron empresarios privados los que prestaron la mayoría de los servicios públicos (…) y que precisamente se encuentran en el punto de mira en estos momentos para ser (…) “remunicipalizados” (agua, residuos, transporte, etc.). Y fue, precisamente, la baja calidad con que se prestaban los mismos lo que motivó que progresivamente fueran los municipios lo que se hicieran cargo de su gestión»
Atención, pregunta: ¿Es la baja calidad de los servicios prestados por las contratas el motivo de su remunicipalización? Lo preguntaré de otro modo, ¿están los jardines hechos un asco o los colegios sucios?
Son, en nuestros días, precisamente, las empresas públicas las más ineficientes; maquinas de quemar nuestros impuestos, nidos de corrupción donde el enchufismo y la aldaba es norma, una ruina. Si tan mal hacen su trabajo las empresas privadas, ¿por qué los funcionarios eligen la sanidad privada para cuidar algo tan importante como es su salud? Hay que tenerlos muy gordos para defender semejante disparate. Eso sí, adornado de normas, jurisprudencia y mucha prosopopeya y alarde.
Iba a explicarte, Charles, lo que es la especialización, origen del desarrollo al que hemos llegado en las sociedades modernas, pero tú todavía estás en el siglo XIX. Cuando llegues al XXI, hablamos.
Mi opinion es que «charles» no existe, es un nick creado por el psoe de ciudad real, con varios escribientes.
No soy ninguna invención del PSOE de Ciudad Real.
Lamento que a algunos comentaristas les moleste recordar los orígenes de las cosas pero la Historia está ahí y me agrada traer a la memoria, de vez en cuando, los antecedentes de las actuales circunstancias.
Ah, por cierto, vivo en el siglo XXI y, gracias a ello, puedo expresar mis opiniones al respecto. Yo no añoro otros tiempos. «Cualquier tiempo pasado NO fue mejor»…
Sr. Censor, le indicaré algunas de las circunstancias actuales para que vea que vivo en el siglo XXI:
quienes están en la gestión de los servicios municipales saben que los servicios privatizados presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto del servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o el 71% en limpieza (Tribunal de Cuentas, 2013). Sobrecoste que además lleva añadido una prestación del servicio de menor calidad y una infra-inversión (Lobina, 2015).
Este drama ha sido posible por dos motivos: infra-financiación municipal y existencia de un relato único. Con dificultades endémicas de financiación, empeoradas por el fin de la burbuja inmobiliaria que financió tantos ayuntamientos, los municipios están privatizando los servicios de aguas para obtener ingresos extraordinarios con el canon concesional, aunque sea a costa de incrementar substancialmente el recibo del agua a sus ciudadanos. Así como financiando obras públicas o inversiones en equipamientos y materiales para servicios, incluyéndolas en las obligaciones de los contratistas privados, incrementando el gasto corriente y pagando mucho más por la misma inversión, por no poder endeudarse.
La construcción del relato ha sido aún más demoledora: la FEMP está dando formación, financiada por el BBVA y la fundación AGBAR, a los ediles sobre las virtudes de la colaboración público-privada con contenidos exclusivamente de marketing y comunicación sin ninguna referencia a técnicas de gestión.
Por suerte, esta crisis nos ha obligado a repensar nuestras realidades, a confeccionar otro relato, y a practicar otras alternativas. Otro relato en el cual una empresa privada no es eficiente prestando un servicio público en condiciones de monopolio, sino que sólo es eficaz maximizando sus beneficios con un amplio menú de técnicas de esquilmado de recursos públicos (Colomer, 2015).
Además del ahorro económico, pasamos de la dinámica de conflicto de intereses en las privatizaciones (empresa busca beneficios, municipio busca servicio económico), a una dinámica en la que todos ganan por la coincidencia de intereses.
En el marco legal español, para «remunicipalizar» los servicios públicos no hace falta nada más que rescindir los contratos de gestión indirecta con que se privatizaron y abrir nuevos expedientes de cambio de forma de gestión de los servicios.
Una de las maneras es a través de una sociedad mercantil con capital 100% público que recibe la encomienda. Se trata de una sociedad mercantil (S.L.o S.A.) con capital 100% público, bajo el derecho administrativo en la toma de decisiones y el derecho mercantil en la actividad “empresarial”. Aplica el estatuto del trabajador público y la ley de contratos del sector público, pero no tiene la capacidad de sancionar.
Remunicipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos permite preguntar a qué vamos a dedicar el ahorro del sobrecoste de las privatizaciones, en lugar de preguntarnos qué vamos a recortar.
Con relación a la «especialización» a la que alude, como motor de desarrollo, he de decir que la creciente actitud individual (individualismo), la creciente diferenciación y la especialización de roles, entre otros, conllevan hacia una orientación política con tendencias destructivas de la democracia en la sociedad moderna.
Hago honor a mi nick FLIPANDO.
un sobre coste de un 90%. NI EN LOS MEJORES NUMEROS PRESENTADOS POR EMUSER DE LA REMUNICIPALIZACION DE SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES, AYUDA A DOMICILIO, TV Y LIMPIEZA DE COLEGIOS, HAN DADO ESE MARGEN. F L I P O!!. ¿Porque estamos hablando de Ciudad Real, ¿No?.
¿Peor servicios prestados a traves de empresa privada?. ¿sabe usd que para realizar un buen trabajo, se necesita un buen profesional y una buena herramienta de trabajo? Porque muy bueno puede ser el pintor, pero si le dan una espatula para pintar y para tapar grietas, buen trabajo no creo que pueda realizar. Pues bien….¿sabe usd cuando fué la última barredora que le compraron al servicio de limpieza municipal? ¿sabe usd cuando tiempo tienen las herramientas de la empresa privada de parques y jardines? Le voy a sacar de dudas….cada vez que se saca a concurso ese servicio (cada 4 años con una prorroga maxima de 2 años) a la empresa adjudicataria, se le exige unidades de herramientas, unidades y tipos de maquinarias, unidades de epic’s, unidades y tipos de vehiculos, todas nuevas y con especificaciones concretas. ¿sabe que lleva consigo eso?, calidad en el trabajo desarroyado, calidad entre sus trabajadores, seguridad fisica para sus trabajadores y para el resto de los ciudadanos, pues cohabitan con ellos en sus calles…. Todo nuevo cada 4 o 6 años con sus corresponduentes mantenimientos y revisiones de seguridad pertinentes.
Gracias a eso y a la eficacia de gestión Ciudad Real cuenta con galardones….Así pues….por lo que a mi respecta, ni historia, ni por beneficio del 90% como usd intenta hacer creer, ni salud laboral.
A otro niño con esos cuentos sr Charles.