La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a solicitar al Gobierno de España “que cumpla con garantía sus obligaciones en materia de financiación” del Sistema de la Dependencia “para que los ciudadanos de esta región puedan beneficiarse de los derechos a valoración y atención cuando así lo requieran”.
Así lo ha avanzado la consejera en su comparecencia en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia en la región, en el que ha recordado que “de cada 100 euros gastados en Dependencia, 63 los aportan las Comunidades Autónomas, 19 los usuarios y 18 la Administración Central”, por lo que “la actitud del Gobierno de la nación plantea a las fuerzas políticas la necesidad de un gran pacto de Estado, que redefina un efectivo dispositivo de derechos sociales para las personas dependientes, un dispositivo que cuente con una financiación suficiente”.
La consejera ha recordado que el Gobierno de García-Page puso en marcha en 2015 un plan de mejora que, 15 meses después, ha hecho que el Sistema de Atención a la Dependencia “avance en positivo”, al contar en septiembre de 2016 con 40.548 beneficiarios, frente a los 34.688 de julio de 2015, un 16,89% más.
Lista de espera y evolución de las prestaciones
Respecto a las lista de espera, Aurelia Sánchez ha señalado que en 15 meses se han tramitado 12.547 resoluciones de Plan Individual de Atención (PIA) de los 26.919 expedientes encontrados en el “limbo de la dependencia” a la llegada de este Gobierno, “lo que representa una reducción del 51,87% de esa lista”, si bien en ese periodo se han incorporado 7.487 nuevos expedientes. Respecto a las solicitudes pendientes de valoración, en septiembre de 2016 eran 3.505, de las 6.143 existentes en julio de 2015, con lo que se han reducido en un 57% en ese periodo.
En cifras, la situación de la dependencia en la región en septiembre de 2016 se resume en 9.872 personas con prestación de Ayuda a Domicilio (2.683 más que en julio de 2015); 5.888 personas con Teleasistencia (1.016 más que en julio de 2015); 2.755 usuarios de Centro de Día (599 más en 15 meses), 11.239 personas en residencias (1.257 más que en julio de 2015); 3.838 usuarios en Servicios de Promoción de Autonomía Personal-SEPAP (251 más en 15 meses); 3.296 personas con Prestación Vinculada a Servicio (512 beneficiaras más); 9 personas con Prestación Económica para Asistente Personal (2 menos) y 13.983 personas con Prestación Económica para Cuidado en el Entorno Familiar-PECEF (2.696 menos, si bien se han concedido 549 PECEF en 15 meses, frente a las 3 en los cuatro años de Gobierno del PP).
La consejera ha destacado que las 40.548 personas beneficiarias de dependencia en la región reciben 50.780 prestaciones, gracias a que ahora son compatibles y puede recibirse más de una por beneficiario, con lo que “la ratio de prestaciones por persona en Castilla-La Mancha es de 1,25, superior a la media nacional, que es de 1,24 prestaciones/persona”.
Compromiso hacia el futuro
Aurelia Sánchez ha sido muy crítica con la actitud del anterior Gobierno del PP en la región que revisó “de oficio” la situación de 5.000 expedientes de personas ya valoradas, “que vieron cómo de la noche a la mañana, sin criterio ajustado a derecho, el grado de dependencia que tenían reconocido era revisado a la baja o su prestación económica disminuida, bajo su desconcierto y desazón”.
Frente a eso, la consejera ha confirmado el compromiso del Gobierno de García-Page para seguir avanzando en la consolidación del Sistema de Dependencia que avanza hacia “un paradigma basado en la intervención centrada en la persona, en los cuidados en el entorno, en la participación de las familias y las personas dependientes a la hora de proponer servicios para mantener su calidad de vida”, con un modelo de atención “hacia los niveles más graves de dependencia y en las personas con menos recursos”, que va a prevenir la dependencia “con un Marco de Envejecimiento activo”.
Aurelia Sánchez ha subrayado igualmente la capacidad del Sistema de Atención a la Dependencia para generar empleo en la región y obtener “retornos” económicos directos, indirectos e inducidos, para lo que ha recordado que según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en 2015 “la ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público en dependencia fue de 35 empleos y la tasa de retorno del 38,3 por ciento”.
