Las organizaciones no gubernamentales de Puertollano han salido a la calle en el Día Internacional para la erradicación de la pobreza con la lectura de un manifiesto en el que rechazan las políticas que generan pobreza, desigualdad, destrucción del medio ambiente y la pasividad en la acogida de refugiados y desplazados.
Un acto convocado por Cáritas, Covide-Amve, Cruz Roja, Jóvenes y Desarrollo, Manos Unidas y Proclade y al que también ha asistido las concejalas de igualdad, servicios sociales y juventud, Gloria Mohedano, Ana Belén Mazarro y Víctor Castro.
Propuesta al Desarrollo
A la Concha de la Música del Paseo de San Gregorio también acudieron alumnos del colegio María Inmaculada y del ciclo de animación sociocultural del Instituto Dámaso Alonso, que ofrecieron a los asistentes a que escribieran sus propuestas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La concejala de igualdad e integración, Gloria Mohedano, indicó que se baraja la posibilidad de recuperar la partida de cooperación al desarrollo, siempre que la situación económica del consistorio lo permita, y recordó que aún queda por abono una partida de 18.000 euros a un proyecto que gestiona Fuden.
Mohedano recordó que la cooperación internacional no es competencia municipal, pero pese a ello hay voluntad de trabajar de forma conjunta con las organizaciones integrantes del Consejo de Cooperación entre las que cada año se elegiría un proyecto solidario y todos sus integrantes trabajarían codo con codo para recaudar el dinero necesario para hacerlo viable.
El Manifiesto
La Alianza contra la Pobreza reivindica este año soluciones basadas en Derechos y Justicia para atajar las desigualdades y frenar el incremento de la pobreza, de las desigualdades y el deterioro medioambiental en cualquier lugar del planeta.
También reclama políticas coherentes con la defensa de los derechos humanos y la protección medioambiental en todo el planeta; el rechazo a los tratados comerciales como el CETA, el TiSA, o el TTIP que, negociados a espaldas de la ciudadanía, amenazan la democracia, multiplican el poder de las multinacionales y limitan los derechos de las personas y la protección del medioambiente.
Una justicia fiscal a través de políticas tributarias justas, progresivas y suficientes, que sostengan las políticas sociales y medioambientales y la transición hacia un modelo energético sostenible, y el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales.
