“No podemos ni debemos priorizar el gasto económico y el beneficio de negocios privados en detrimento de la salud de nuestros ciudadanos y los derechos laborales y sociales de trabajadores, tal y como hizo el anterior gobierno”, así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante el debate sobre el transporte sanitario celebrado en las Cortes regionales.
El consejero ha recordado que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, aprobado por el Gobierno Central, dejaba a nuestro Sistema Sanitario al límite, aplicando una serie de recortes que afectaban de forma directa a los usuarios. Entre esas medidas se encontraba la decisión de no considerar el transporte sanitario no urgente como una prestación básica.
Estos recortes, ha explicado Fernández Sanz, se comenzaron a sentir “no solo en el transporte no urgente, sino también en el urgente, y ya en 2013, podemos encontrar cómo Castilla-La Mancha había ampliado los recortes a las ambulancias de forma significativa, lo que tuvo una repercusión evidentemente negativa, tanto entre los usuarios como entre los profesionales del sector”.
Así, ha recordado que en el anterior concurso de transporte sanitario por carretera, licitado en 2012, se registró una importante disminución presupuestaria de 18 millones de euros al año, suponiendo una disminución del 23 por ciento del presupuesto. El resultado de este concurso se tradujo en una disminución real del número de efectivos ya que se eliminaron 11 UVIs Móviles de Traslado Interhospitalario. Asimismo, de las ambulancias convencionales destinadas al transporte urgente, 25 de un total de 67 disminuyeron su horario de funcionamiento de 24 a 12 horas, dejando de funcionar, generalmente de noche.
Fernández Sanz ha recordado cómo esos recortes también afectaron muy significativamente a los profesionales del transporte sanitario, “dado que en esta actividad la mayor parte del gasto lo supone el capítulo de personal, más del 80 por ciento del mismo, las empresas realizaron ajustes de plantilla para absorber la disminución económica del presupuesto”.
Además, ha añadido el responsable de la Sanidad regional, un nuevo convenio colectivo regional permitió disminuir salarios, así como la aparición de figuras como el Dispositivo de Localización que, en la práctica, supone que el técnico de la ambulancia pueda hacer guardia localizada en su domicilio, “incrementando el número de horas de trabajo, lo que conlleva una disminución en la necesidad de técnicos”.
Con el objetivo de superar esta situación, Fernández Sanz ha afirmado que se está trabajando en un nuevo concurso que suponga una mejora en la situación general de este sector.“Nos hemos reunido con organizaciones sindicales, trabajadores, expertos y creo que han sido reuniones fructíferas; tenemos la voluntad de aumentar la dotación presupuestaria dedicada al transporte sanitario y existe el compromiso de establecer unas condiciones estrictas garantistas con respecto a los derechos laborales, así como a la hora de primar la calidad del servicio sobre criterios estrictamente económicos”, afirmó el consejero.
Por todo ello, ha explicado Fernández Sanz, “no podemos hacer omisión de nuestra responsabilidad como gestores de la sanidad pública. No podemos ni debemos priorizar el gasto económico y el beneficio de negocios privados en detrimento de la salud de nuestros ciudadanos y los derechos laborales y sociales de trabajadores, tal y como hizo el anterior gobierno”.
