La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha expresado la preocupación del Ejecutivo autonómico ante los acuerdos alcanzados hoy unilateralmente por la ministra de Agricultura del Gobierno de España en funciones, Isabel García Tejerina, el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y representantes de los regantes de esta Comunidad en relación a las cuencas del Júcar y Segura.
En dicha reunión, la ministra ha anunciado una ampliación del decreto de sequía por un año más tras la prórroga del año pasado, al tiempo que ha anunciado que elevará al Consejo de Ministros antes del 30 de septiembre para su aprobación un nuevo Decreto-Ley sobre cuyo contenido exacto no ha informado, más allá de señalar que regulará la ampliación de la capacidad de las desalinizadoras del sudeste español, tal y como venía reclamando desde más de un año el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page. Alguna de estas plantas duplicará su producción, como es el caso de la de Torrevieja (Alicante), que pasará de generar 40 hectómetros cúbicos anuales de agua dulce a 80, según ha anunciado.
La consejera de Fomento ha criticado la “unilateralidad” de la reunión a pesar de que se ha deliberado sobre problemas y medidas que afectan a las cuencas del Júcar y del Segura, que atraviesan territorio castellano-manchego. “El Gobierno de España está absolutamente de rodillas ante cualquier reclamación que proceda del Gobierno murciano”, ha indicado la consejera, hasta el punto de que “cualquier reclamación se toma al pie de la letra”. De la Cruz ha criticado que la reunión se haya producido “sin tener en cuenta la opinión de Castilla-La Mancha”, lo que interpreta como “otro desprecio hacia la Junta de Comunidades y sus ciudadanos”.
García Tejerina se ha comprometido con los regantes murcianos a un envío extraordinario de agua de 11 hectómetros cúbicos que una vez más saldrá del río Tajo, esta vez por cesión de los regantes del tramo madrileño del río (Canal de Estremera y La Poveda) y ha anunciado que se potenciarán legalmente los acuerdos de cesión de agua entre comunidades de regantes.
De la Cruz ha calificado esta cesión como un “trasvase encubierto”, y ha acusado al Gobierno de España de usar toda clase de mecanismos para retorcer la ley, por lo que ha anunciado que desde Castilla-La Mancha “vamos a estar muy atentos y si es necesario tomaremos las medidas legales oportunas”, ha anunciado. A partir del lunes se activarán todos los recursos técnicos y jurídicos para estudiar la viabilidad de esta cesión y cualquier otra medida que pudiera contener el futuro Decreto Ley anunciado por Tejerina.
La consejera ha advertido que el decreto de sequía no puede ser un “cajón desastre” para “meter con calzador decisiones que son muy difíciles de digerir” cuando no cabe ningún trasvase más porque así lo determina el ordenamiento jurídico tras el triple trasvase aprobado para los meses de julio, agosto y septiembre a razón de 20 hectómetros mensuales. “El Tajo sigue en situación agónica, al 18% de su capacidad y perdiendo más de 10 hectómetros semanalmente, lo cual es una barbaridad. Creemos que no se puede sacar ni una gota más para llevarla al Levante”, ha afirmado.
En relación a las medidas para potenciar la capacidad de introducción de agua marina desalada en el sistema, Elena de la Cruz ha celebrado que el Ministerio haya respondido finalmente a las reiteradas demandas de Castilla-La Mancha en este sentido. No obstante ha señalado que desde el Ejecutivo castellano-manchego se espera que los avances que se registren en materia de desalación se consoliden como medio de provisión de agua prioritario en el sistema, y no como una medida paliativa. Las desaladoras “no deben de ser una medida excepcional, sino una forma habitual de abastecer de agua al Levante español y a los regantes que necesitan agua”, ha afirmado la consejera.
