La diputada regional y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha asegurado que “el empeño de Page de modificar la Ley de Caza y paralizar de inmediato la redacción del reglamento de esta normativa está generando un grave perjuicio al sector, que carece de una base jurídica sólida y de inestabilidad legislativa”.
Según ha asegurado la diputada del PP tras su reunión con los representantes de la Mesa regional de la Caza, intefrada por la Federación regional de Caza, APROCA, ÁTICA CLM, Ática Guadalajara, ASICCAZA, Asaja y la Federación regional de Galgueros, “no es razonable que Page proponga una nueva ley en el 2016, cuando el Gobierno de Cospedal la aprobó en 2015 con el consenso y la participación del sector cinegético”.
“Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que los cambios que proponen los socialistas obedecen realmente a los compromisos políticos de Page con los ecologistas de Podemos, que les dieron el poder a cambio de defender sus intereses olvidándose de los cazadores”.
Además, ha recordado que la primera ley de caza de Castilla-La Mancha fue la del año 1993. Y tras 23 años era lógico que las organizaciones de cazadores más importantes de la región pidieran al gobierno de Cospedal la actualización en la que esta afición se practica.
En ese punto, ha asegurado que la ley de caza de Cospedal se hizo a petición de los cazadores y en consenso con ellos, y la que presenta ahora Page es a petición de los grupos ecologistas y contrarios a la caza y sin consenso con los que practican la actividad cinegética.
Asimismo, Merino ha criticado que esta reforma no se hace por petición de los miles de cazadores a los que afecta directamente, sino a petición de un colectivo ecologista, a quienes no es que no les guste algunos artículos de esta ley, sino que no les gusta la caza.
Por otro lado, tras las declaraciones del consejero de Agricultura pidiendo que el PP se sume a la ley de caza de Page, Merino ha indicado que “eso no puede ocurrir” porque el presente borrador no es una defensa de la Caza y de la actividad cinegética, sino que la dificulta aumentando los controles y burocracia administrativa, aumenta y agrava las sanciones, deja desprotegido al sector agrario frente a los daños que determinadas especies pueden causar en las explotaciones y dificulta el control de depredadores.
Además, Merino ha apuntado que en lo que más afecta la legislación que maneja el Ejecutivo regional “es en que ignora la relevancia e importancia que social y económicamente tiene la actividad cinegética en nuestra región y sobre todo en las zonas rurales más desfavorecidas”.
