La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha comparecido hoy ante las Cortes regionales para dar cuenta de la situación que sufre la cuenca del río Tajo. La comparecencia se producía a petición del Grupo Socialista y ha tenido lugar sólo un día después de que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobase definitivamente un duro informe que pone en tela de juicio la planificación hidrológica del Gobierno de España sobre el Tajo.
La consejera ha llamado la atención de la Cámara sobre el severo impacto económico que el Trasvase Tajo-Segura está teniendo en la región, toda vez que el agua es una fuente importante de generación de puestos de trabajo. Según ha explicado Elena de la Cruz, la mitad de los empleos que se generan en la economía actual están vinculados al agua. En algunos sectores como la agricultura, el impacto en el empleo alcanza el 95 %, mientras en la industria es un 30 %.
Elena de la Cruz considera que a través del trasvase “llevan 37 años llevándose nuestro desarrollo y nuestro empleo”, porque la situación del Tajo “no se trata solamente de un problema medioambiental, que lo es, sino de un problema socioeconómico de primer orden”. “Cada hectómetro cúbico podría suponer cientos de puestos de trabajo para Castilla-La Mancha”, ha dicho, citando al propio Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para afirmar que cada hectómetro cúbico supone una media de 150 puestos de trabajo, llegando hasta los 750 puestos de trabajo en determinados cultivos. Para la consejera, con sólo 100 hectómetros cúbicos que se destinasen al regadío en Castilla-La Mancha sobre la cantidad que actualmente se trasvasa al Levante, se podrían crear cerca de 15.000 empleos en el sector primario en la región, además de mejorar notablemente las aportaciones al río para alcanzar el caudal ecológico necesario. La consejera lo considera posible gracias a los avances experimentados por la tecnología de la desalación en los últimos años.
Problema de cálculo
La titular de la Consejería de Fomento también ha puesto de manifiesto el error de cálculo que se produce en al cotejar los datos previstos para el trasvase cuando fue concebido y en la actualidad, ya que la alteración del medio natural ha supuesto unas aportaciones de agua un 48 % inferiores a las que previeron los diseñadores del trasvase durante la dictadura franquista. El histórico de las entradas de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha bajado de 1.457 hectómetros al año en las décadas de los 60 y 70 hasta 773 hectómetros anuales desde la década de los 80. De esta última cantidad, el trasvase resta una media de 351 hectómetros al año desde que fue puesto en marcha en 1979.
Elena de la Cruz ha criticado duramente el memorándum del Tajo y la Ley de Evaluación Ambiental aprobados en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy por la falta de participación pública y por el límite establecido de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera, “la mitad de lo necesario para poder fijar caudales ambientales en el Tajo”, ha dicho. La consejera considera que esta normativa reciente produce un importante daño medioambiental y socioeconómico a la cuenca además de imponer un régimen “no natural al río”, además de vulnerar el principio de prioridad de la cuenca cedente al definir cualquier excedente como trasvasable y determinar la situación de sequía en el Tajo “únicamente en función del trasvase”. También ha reseñado que este régimen de explotación no permite la suficiente dilución de las aguas tratadas en el Tajo, lo que está produciendo un importante problema de calidad, y no sólo de cantidad, en el discurrir del río.
En relación a los caudales, Elena de la Cruz ha afirmado que debe fijarse un “verdadero caudal ecológico” del Tajo a su paso por Aranjuez de 11 metros cúbicos por segundo en lugar de los 6 actuales “fijados por la ley sin base ambiental”. Esto supondría un incremento ‘de facto’ en el aumento de las reservas de Entrepeñas y Buendía hasta los 800 hectómetros cúbicos, lo que reduciría drásticamente el máximo anual trasvasable a 100 hectómetros cúbicos (menos de un tercio de la media anual que se deriva al Segura). Las actuales cifras, amparadas por el Memorándum, están basadas en “premisas falsas”, ha dicho.
Sobre los planes del Gobierno de España para engrosar artificialmente el caudal del río Tajo mediante el embalse de Finisterre, Elena de la Cruz ha estimado la inversión estatal en “un dispendio de 150 millones de euros” para un plan consistente en almacenar aguas residuales de Madrid durante el invierno y aportarlas al Tajo en verano al objeto de cumplir con los caudales mínimos exigidos en el Plan de Cuenca. La consejera ha atribuido este plan a la práctica imposibilidad actual de cumplir con los caudales mínimos “aun siendo estos insuficientes” durante el período estival. De la Cruz ha definido ese embalse como “una cloaca que no vamos a consentir desde Castilla-La Mancha” y ha asegurado que sería perpetuar la situación del río, que ya transporta las aguas residuales del Jarama, aguas de mala calidad que sustituyen a las aguas limpias de la cabecera que son derivadas para el Tajo-Segura.
Elena de la Cruz ha repasado también las principales conclusiones aprobadas ayer por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, deteniéndose a analizar la falta de capacidad de gestión del Gobierno de Marino Rajoy en el impulso de la desalación como método factible de provisión de agua a la cuenca receptora para todo tipo de usos. De la Cruz ha indicado que “más del 50 % de la capacidad de desalinización no está en producción”, aspecto que señalan los europarlamentarios en su informe reprochando al Gobierno de España que la ingente inversión europea introducida en un sistema que cuenta con 13 plantas de gran capacidad en la costa receptora del trasvase, donde se paga el agua del Tajo a sólo 9 céntimos el metro cúbico para riego.
