El Gobierno regional abre este miércoles el proceso participativo en el que se incluirá a la ciudadanía castellano-manchega para elaborar la Ley de Participación de Castilla- La Mancha. Se trata de un paso previo a la elaboración de la norma y en él se abordarán aspectos como la justificación de las necesidades que pretenden solucionarse con esta norma, el objeto, finalidad y contenido esencial de la misma, la necesidad y oportunidad de su aprobación o las soluciones alternativas que puedan ser preferibles.
Un proceso que hoy recoge el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a través de un Decreto de la Vicepresidencia regional, y que se perfila como un auténtico foro de participación ciudadana para asegurar la toma en consideración de las necesidades, sugerencias y aportaciones de los que van ser los destinatarios de la ley.
Entre las iniciativas legislativas que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere acometer en esta legislatura está la aprobación de una Ley de Participación para hacer efectivo un modelo de gestión más democrático, participativo, abierto y de dialogo permanente con la sociedad, entendiendo que la participación ciudadana, voluntaria y responsable, es una condición imprescindible para profundizar en el modelo de Estado democrático, reconociendo a las personas el derecho de participar en las políticas, planes, programas y acciones públicas.
El inicio de este procedimiento permite que, desde el primer momento, el Gobierno que ha decidido elaborar una norma que regule la participación, cuente con las aportaciones y sugerencias que considere realizar la ciudadanía al respecto.
En ese sentido, tanto en la web oficial de la Junta de Comunidades como en el Portal de Transparencia se habilitará un espacio específico para facilitar la participación contando con un documento base donde se recogen los principales cuestiones que serán reguladas en la norma así como una encuesta que facilitará la recogida de las aportaciones y sugerencias al mencionado documento. Por otro lado, mediante comunicación electrónica se informará de este procedimiento tanto al movimiento asociativo de Castilla-La Mancha como a diferentes organizaciones y expertos en la materia instándoles a que colaboren y trasladen sus sugerencias.
Castilla-La Mancha se adelanta con este procedimiento a lo que próximamente será un trámite de obligado cumplimiento respecto a todas las Administraciones públicas españolas, cuando entre en vigor la Ley del Procedimiento Común que afecta a éstas.
