La oficina del Defensor del Pueblo ha comunicado a los representantes de la Plataforma Vecinal ‘Sí a la Tierra Viva’ su decisión de poner en marcha una investigación ante posibles defectos detectados en el procedimiento por el que se están tramitando las autorizaciones mineras de ‘tierras raras’ en Ciudad Real. Según informa la la plataforma en una nota, esta actuación se dirige hacia la Vicepresidencia de la Junta Castilla-La Mancha, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y al Ayuntamiento de Torrenueva.
En el escrito se expone que la decisión de desarrollar actividades mineras en la zona debe ser considerada una actividad estratégica de planificación por condicionar el actual modelo de desarrollo social, económico y ambiental. Por lo tanto, antes de haber tramitado los respectivos permisos mineros se debería proceder a realizar una evaluación ambiental estratégica para asegurar que los proyectos mineros sean sostenibles e integradores.
Se considera además que en esta decisión estratégica debe tener una importancia determinante la opinión de la Confederación Hidrográfica de no conceder los volúmenes de agua necesarios para esta minería, ya que se trata de una región con escasos recursos hídricos. El informe de la Confederación Hidrográfica debe ser entendido entonces como vinculante, de manera que su negativa impediría realizar los proyectos mineros.
Advierte que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado sobre la imposibilidad de fraccionar un proyecto con el fin de eludir la evaluación de impacto ambiental, además de existir una protección reforzada de los espacios de la Red Natura 2000.
Continúa el Defensor del Pueblo que el carácter radiactivo de algunos de los minerales que forman parte de la composición de la tierras raras exige informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
También se advierte que las personas o entidades interesadas tiene derecho a conocer en todo momento el contenido del expediente y el estado de tramitación de los permisos, y que las solicitudes de acceso a consulta tienen que ser atendidas en el plazo máximo de un mes por parte de la administración.
En la iniciativa del Defensor del Pueblo se presta atención especial a los trabajos que se han venido desarrollando en Torrenueva sin tener las necesarias autorizaciones. Así como a las posibles acciones que el Ayuntamiento haya adoptado para sancionar estas infracciones.
Desde 2013 se han otorgado 10 permisos de investigación minera para determinar la concentración de ‘tierras raras’, en concreto de mineral de monacita, y poder explotarlas. Estos permisos afectan a cuatro de las cinco comarcas de la provincia de Ciudad Real, La Mancha, Montes Norte , Campo de Calatrava y Campo de Montiel. Suman 27.330 hectáreas en los términos municipales de Torrenueva, Torre de Juan Abad, Santa Cruz de Mudela, Alhambra, Membrilla, San Carlos del Valle, Valdepeñas, Manzanares, Moral de Calatrava y Navas de Estena. «Pese a ello, la Junta los ha venido tramitando por separado, evitando hacer una evaluación ambiental estratégica, tal y como ahora subraya el Defensor del Pueblo», señala la plataforma.
Las cinco organizaciones ecologistas más importantes de España (Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Seo/Birdlife y Ecologistas en Acción”, y muchos otros colectivos y ong’s, junto a los sindicatos y las organizaciones agrarias ASAJA y UPAC y las Cooperativas Agroalimentarias de CLM han expresado ya su rechazo a estos proyectos mineros.
«Los Consejos reguladores de las Denominaciones de Origen del Vino de Valdepeñas, Vino La Mancha, del Aceite de Oliva del Campo de Montiel y del Queso Manchego también se han posicionado claramente en contra, así como muchos ayuntamientos de las comarcas afectadas», asegura el colectivo.
