La nueva Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha continúa dando pasos. A lo largo de esta semana, la Consejería de Fomento ha convocado a un total de 90 representantes de distintas organizaciones, ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones, sindicatos, universidades, plataformas de afectados por la hipoteca (PAH), entidades bancarias, empresas, empresas municipales, federaciones, asociaciones vecinales y otros colectivos para recabar impresiones al objeto de ir perfilando el articulado de una norma en la que lleva trabajando varios meses el Ejecutivo Autonómico con el asesoramiento de un equipo redactor especializado.
En las mesas de trabajo también han participado las Consejerías de Bienestar Social y Sanidad, el Instituto de la Mujer y técnicos de los Servicios de Vivienda de la Consejería de Fomento y también del programa de intermediación hipotecaria de la Junta de Comunidades.
Desde el pasado lunes hasta ayer viernes, tanto el director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, como miembros del equipo redactor han celebrado un total de 30 reuniones en Toledo en una primera toma de contacto que se prolongará de manera sectorial e individualizada para intentar que la norma sea lo más participada y consensuada posible y que recoja todas las inquietudes y aportaciones de distintos colectivos referentes en la materia. Este proceso de participación continuará durante la redacción del texto de la futura Ley y hasta que éste quede en disposición de iniciar su tramitación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha.
El objetivo, expresado por el presidente regional, Emiliano García-Page, con motivo de la puesta en marcha de la red de oficinas de intermediación hipotecaria de la Junta de Comunidades es establecer mecanismos de protección y fomento del derecho constitucional a la vivienda, que sitúen a Castilla-La Mancha a la vanguardia nacional en cuanto a la regulación normativa y a la puesta en marcha de políticas e instrumentos de intervención que persigan el logro efectivo de este derecho.
La primera impresión es que esta serie de encuentros ha sido “altamente provechosa”, según ha declarado el director general de Vivienda y Urbanismo, asegurando que todos los asistentes se han mostrado “participativos y en actitud de colaborar al máximo en la redacción de una ley que será beneficiosa para el conjunto de la sociedad castellano-manchega y en particular para todos aquellos ciudadanos de nuestra Región que hoy tienen dificultades para acceder a una vivienda o para pagar la hipoteca o la renta del alquiler de la que disponen”.
El compromiso del presidente regional es desarrollar un texto que garantice el que se tenga que comunicar a la Junta de Comunidades con carácter previo toda actuación que pudiera conducir a una situación de pérdida de la vivienda habitual por desahucio, a fin de que ésta pueda actuar para tratar de impedir situaciones de este tipo. Emiliano García-Page señalaba que la futura norma atendería de manera prioritaria la protección sobre la primera vivienda, recalcando que la Ley sabrá separar “el grano de la paja, al que no paga porque no le da la gana del que no paga simplemente porque no puede, por razones sociales, porque la crisis se ha cebado con él”.
Un nuevo enfoque social
A través de esta ronda de reuniones abierta por la Consejería de Fomento que dirige Elena de la Cruz, el Gobierno regional pretende complementar otras acciones llevadas a cabo con anterioridad y que se están desarrollando ya. Se trata de lo que la consejera considera un “nuevo y necesario enfoque social” del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda. La consejera ha manifestado en distintas ocasiones que el Gobierno regional está altamente sensibilizado en la protección de la vivienda habitual de los castellano-manchegos.
Según los datos hechos públicos el pasado mes de marzo por el Instituto Nacional de Estadística, en 2015 se abrieron en Castilla-La Mancha un total de 1.584 procedimientos de ejecución hipotecaria sobre viviendas propiedad de personas físicas, cifra que representa una clara disminución en relación a los 2.241 procedimientos abiertos a lo largo de 2014. La región está situada en la media nacional de ejecuciones hipotecarias con un 0,65 %.
A la puesta en marcha de las seis oficinas de intermediación hipotecaria en las cinco capitales de provincia y Talavera de la Reina para proteger a las familias en riesgo de perder su vivienda habitual y la firma ya de más de 250 convenios de adhesión a este programa con distintos ayuntamientos de la región, se unirá pronto el anunciado proyecto piloto de gestión de las viviendas públicas de alquiler social en municipios específicos o la inyección de un fondo extraordinario en el presupuesto 2016 para la reparación, en coordinación con los planes de empleo regionales, de viviendas del parque público autonómico. Paralelamente, la Consejería continúa en negociaciones con distintas entidades bancarias para intentar llegar a acuerdos sobre viviendas vacías de las que disponen éstas, con la intención de que puedan albergar a personas con necesidades habitacionales mediante la formalización de alquileres con rentas reducidas.
