El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, contra el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 7/2015, de 2 de diciembre que reduce la jornada laboral de los empleados públicos de la región de 37,5 a 35 horas semanales y anula la jubilación forzosa de este colectivo a los 65 años y la suspende cautelarmente.
Dicho precepto reforma la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantía de servicios sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes, según ha informado el Constitucional en nota de prensa.
El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del art. 161.2 de la Constitución.
Dicho precepto establece que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
La admisión a trámite, así como la suspensión cautelar, no suponen pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en sentencia en próximas fechas.
La admisión a trámite del recurso afectará a más de 70.000 empleados públicos y, seguramente, generará un caos en la sanidad pública, por ejemplo.
«La sombra de (****) es alargada».
Ahora VAIS Y LOS VOTÁIS…FUNCIONARIOS, QUE SOIS UNOS FUNCIONARIOS
Hablando en cristiano, Page se ha pasado la Ley por el forro; el Gobierno del Estado le ha recordado que tiene que cumplir la Ley; Page le ha hecho un corte de mangas; y el Gobierno estatal, en ejercicio de sus facultades, ha recurrido la ley de Page, lo que conlleva su automática suspensión.
Page, ocupa la magistratura más importante de la región. Yo no quiero un presidente que incumple la Ley. Pero lo peor es la insolidaridad de la norma. Reducir a treinta y cinco horas la jornada de los funcionarios es un gesto de insolidaridad con los que peor lo están pasando, que sólo busca ganar para su causa los votos de los centenares de miles de funcionarios de esta región. Para que unos trabajen menos, otros tendrán que trabajar más y ganar menos. Si tanto quiere diferenciarse de Cospedal, que baje impuestos, que procure, por estética, que el presidente de RSU no sea el marido de la Consejera Franco, que vaya a Puertollano a llorar con los trabajadores de Elcogas su despido como iba en tiempos de elecciones, etc, etc…
Ya sabían que era inconstitucional pero tiraron adelante por aquello de la imagen y luego echar las culpas a los otros. De impresentable.
Un gobierno deja de ser decente cuando exige de otro gobierno, algo que él no cumple.
Qué poder moral tiene el gobierno central(PP) o autoridad, para exigir del gobierno autonómico algo peor de lo exigido a los funcionarios de la Administración General del Estado.
Señores, que los empleados del gobierno Central, estan haciendo 35 horas semanales y por qué, los trabajadores de CLM, tienen que hacer 37,50h.; por la aversión de la «innombrable» que ha utilizado vilmente este territorio, con sus ausuencias y experimentos irrespetuosos contra la ciudadanía castellanomanchega. La única Administración que había recortado el sueldo un 3%; quitado la acción social, vacaciones, días particulares, echando a la calle a empleados púbicos que habían aprobado unos exámenes y estaban en la bolsa de interinos; desvirtuando la imagen del servicio público; mientras tanto se estaban repartiendo los sobres entre ellos-«trama criminal-según los jueces-; enriqueciendose con sus grandes sueldo… qué están diciendo ustedes; este gobierno de Page, de momento está pensando en el obrero, en los empleados, en las personas necesitadas;sin que por ello, quiera decir esté logrando la perfección; aún queda mucho terreno por recorrer, después después de haber despezado el Estado del Bienestar.
Por tanto, al gobierno Central, antes de mirar la paja ajena, que mire su viga, que ya tiene bastante.
Enteramente de acuerdo. Muy bien explicado y, a la vez, didáctico.
Los funcionarios de la Administración Central del Estado por lo general no tenemos jornada de 35 horas semanales, sino de 37,5. Como lo demás que dices sea igual de exacto, estamos listos.
Hasta julio de 2012 la inmensa mayoría de los empleados públicos de las Comunidades Autónomas, los grandes Ayuntamientos, varias Diputaciones y algunos Organismos de la Administración General del Estado, habían logrado pactar una jornada laboral de 35 horas semanales.
Pero en julio de ese año, el famoso y polémico Decreto en el que se retiró a este colectivo la paga de Navidad, incluyó otros recortes. Entre ellos, fijó para todos los trabajadores del sector público una jornada “mínima” de 37,5 horas semanales;y todas las Administraciones que tenían una jornada inferior tuvieron que elevarla.
La ley se cumple señoritos del Psoe. Nos guste o no. Que ya sabemos que ustedes estan en campaña electoral permanente, y mas esta vez, que usaran todo truco sucio y a quien sea, para no perder el sillón. Pero no nos usen a los funcionarios en sus sucias maniobras, que ya los conocemos. Sabian que lo que hacian era inconstitucional y sabian que el constitucional lo iba a parar. Pero es lo que querían. Indecentes, y yo no lo digo solo de forma lo digo en el fondo.
Espero que esto sirva de empujón a todos mis compañeros funcionarios para que entre todos le cavemos «politicamente hablando» la tumba mas profunda al PP en general y a Marianico y sus corruptos en particular. Mariano, en Junio espero que te estrecharemos con cariño la mano y nos fundiremos en un emocionantisimo abrazo de despedida…. Insufrible gobierno de mentirosos, troleros, corruptos, amnistiados fiscales, finiquitosendiferido, pagos de reformas en B, púnicos, gurtelianos, panameños off shore, llenabancossuizos, humillatrabajadores, asaltantesdeserviciospublicosbasicos,…etc etc… Resumiendo, cuatreros de las microeconomías de las familias trabajadoras y honradas. …. UF que a gusto, es que solo sinvergenzas se me quedaba un poquillo corto… Creo.
Page se ha creido por encima de la Lay y la Ley le ha recordado que es un don nadie.
Como siempre, las fechorias de los politicos la pagan los ciudadanos de a pie.
Consecuencia del «cariño» que la Sra. Cospedal tiene y ha tenido por Castilla La Mancha.
Bajo el MANTRA DE LA HERENCIA RECIBIDA, su afán por destruir y paralizar, lo llevó al límite.
Eso sí, ella y su equipo no tuvieron «la delicadeza», para dar ejemplo, de «ajustarse el cinturón»
Dª Dolores, sería estupendo que se marchara junto con su equipo a VALENCIA a poner todo «en orden».
Efectivamente.
Sería oportuno recordar las 37.000 facturas por importe de 119 millones de euros sin incorporar a la contabilidad, los despidos ilegales de más de 400 interinos, el cierre de 70 escuelas rurales, los recortes en Dependencia, una Sanidad recortada (casi 2.000 millones de euros) y privatizada, 2.781 personas despedidas, 668 camas cerradas, recorte del 30% en Educación, etc., etc., etc.
El 22 de junio de 2011, Castilla La Mancha comenzó su largo camino como «laboratorio» donde experimentar y poner en práctica las perversiones políticas que conducirían a la cercenadura del estado del bienestar.
Las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y País Vasco dejaron de mirar para otro lado y modificaron la jornada laboral sin incumplir la legalidad.
Tenemos que tener en cuenta que desde la aprobación de la Ley 2/2012, de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y, hasta la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, que entró en vigor el uno de noviembre de 2015, la jornada laboral ha sido de 37,5 horas semanales; pero que a partir de esta fecha las Administraciones Públicas que lo consideren oportuno, pueden establecer otra jornada laboral diferente a tenor de lo dispuesto en el art. 47 de esta Ley del Estatuto Básico, ya que el Estado ya ha autorizado a las Administraciones para que puedan regular su jornada laboral.
Según mi humilde valoración jurídica, una competencia tanto del Gobierno como de las Cortes Autonómicas, que es un derecho y un reconocimiento a la labor diaria de los empleados públicos.
El Tribunal Constitucional dispone de un máximo de 5 meses para avalar o no la legalidad de esta medida y, mientras tanto, se establece un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que se estimen convenientes.