CSI·F, sindicato más representativo entre los empleados públicos de Castilla-La Mancha, inicia este próximo jueves concentraciones de delegados ante las Subdelegaciones del Gobierno en las cinco capitales de provincia de la región, contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes de interponer recurso de inconstitucionalidad a la decisión de recuperar la jornada de 35 horas en las administraciones dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
CSI·F intentará también reunirse con el PP regional para convencerles de la inutilidad de esta medida del gobierno central y su carácter perjudicial, no solo para 68.000 trabajadores dependiente de la Junta de Castilla-La Mancha, sino también para el empleo y los servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
El sindicato independiente recuerda que la subida de la jornada laboral se realizó en 2012 de manera temporal y es tiempo de ir abandonando recortes excepcionales. Además, volver a la jornada de 37’5 horas pondría en riesgo la creación de cientos de empleos, en especial en sanidad y servicios sociales, lo que redundaría en peores servicios públicos para los ciudadanos de nuestra región.
Por otro lado, CSI·F indica que otros gobiernos autonómicos como el del País Vasco, distintas Universidades y otras administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) están llegando a acuerdos que recogen la jornada de las 35 horas semanales para sus empleados públicos. Para CSI·F, y viendo el panorama político actual, este anuncio parece más un farol de Montoro que una medida con visos de prosperar.
CSI·F señala que echar para atrás la única medida positiva que Page ha tomado respecto a los empleados públicos de la JCCM sería una estulticia sin justificación alguna. El sindicato recuerda que, a día de hoy, se mantiene en Castilla-La Mancha la Tasa Page-Cospedal del 3%, no se ha cobrado íntegra la extra de navidad de 2012 y perviven las peores ratios de la educación en España. Todas estas injustas medidas se mantienen tras el ridículo acuerdo firmado por el Gobierno de C-LM con sus sindicatos afines.